Violencia y política en Venezuela
Latin America Report N°3817 Aug 2011
RESUMEN EJECUTIVO
Cada media hora, una persona es asesinada en Venezuela. La presencia del crimen organizado, junto con un número exorbitante de armas de fuego en manos de civiles, la impunidad, así como la corrupción y la fuerza excesiva por parte de la policía han afianzado la violencia en la sociedad. Aunque estos problemas no comenzaron con el presidente Hugo Chávez, su gobierno tiene que responder por su ambigüedad frente a varios grupos armados, su incapacidad o falta de voluntad para hacer frente a la corrupción y a la complicidad delictiva en sectores de las fuerzas de seguridad, su política de armar a los civiles “en defensa de la revolución” y – por último, pero no por ello menos importante – la propia retórica incendiaria del presidente. Las medidas positivas como la interacción constructiva con Colombia al igual que algunas reformas limitadas en materia de seguridad no subsanan estas fallas. Si bien la expectativa que hay en torno a las elecciones presidenciales de 2012 podría aplazar la explosión social, el deterioro del estado de la salud del presidente ha aumentado la incertidumbre. En cualquier caso, el grado de polarización y militarización en la sociedad probablemente minará las posibilidades tanto de una continuación no violenta del régimen actual como de una transición pacífica a una era posChávez.
Una parte significativa del problema es la herencia de gobiernos anteriores. En 1999, el nuevo Presidente Chávez encontró un país cuya tasa de homicidios se había triplicado en menos de dos décadas, y muchas instituciones estaban en proceso de colapsar, erosionadas por la corrupción y la impunidad. Durante la “Revolución bolivariana”, sin embargo, estos problemas se han agravado sustancialmente. Hoy en día, más de diez personas son asesinadas en las calles de Caracas cada día -- la mayoría a manos de delincuentes individuales, integrantes de bandas criminales o de la misma policía – mientras que las tasas de secuestros y robos se disparan. Al atribuir el problema a las “percepciones sociales de inseguridad”, o a causas estructurales, como el alto índice de pobreza, heredadas de gobiernos anteriores, el gobierno está minimizando la magnitud y el potencial destructivo de la violencia delictiva. El despliegue masivo, aunque temporal, de fuerzas de seguridad en operativos altamente visibles e incluso programas de desarme y reforma policial tendrán un impacto mínimo si no forman parte de una estrategia integrada para reducir la criminalidad, ponerle fin a la impunidad y proteger a la ciudadanía.
La presencia en Venezuela de grupos del crimen organizado internacional tampoco se trata de algo novedoso, pero hay pruebas de un incremento de su actividad durante la década pasada, lo que ha contribuido no sólo al aumento en las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones, sino también al aumento en el microtráfico de drogas ilícitas, causando así que los barrios urbanos y pobres se vuelvan más violentos. Venezuela se ha convertido en un corredor principal del narcotráfico, y grupos diversos, incluyendo grupos colombianos, tales como las guerrillas, los paramilitares y sus sucesores, se han unido a organizaciones mafiosas de México y otros lugares para beneficiarse de la corrupción generalizada y la complicidad por parte de las fuerzas de seguridad. Sobre todo ello, parece haber cierta aceptación por parte de individuos en las esferas más altas del gobierno.
El gobierno ha demostrado una particular ambigüedad frente a grupos armados no estatales que simpatizan con su proyecto político. Los “colectivos urbanos” combinan actividades políticas con delictivas, incluyendo acciones armadas contra blancos de la oposición, operan en gran medida sin restricción y gozan de una impunidad extensa. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación han establecido control sobre zonas fronterizas con Colombia, mientras que las guerrillas de las FARC y el ELN han encontrado durante mucho tiempo refugio y apoyo en territorio venezolano. En el contexto de los acercamientos entre los presidentes Chávez y Santos, parece haber cambiado la relación costo-beneficio en relación con la alianza tácita entre las guerrillas colombianas y el gobierno venezolano. Sin embargo, aún es demasiado temprano para saber con certeza si el gobierno está dispuesto y es capaz de lograr que estos compromisos positivos y pasos iniciales esperanzadores se materialicen en acciones eficaces y sostenibles contra tales grupos.
La violencia y la corrupción han sido alimentadas por un proceso continuo de erosión institucional que se ha vuelto particularmente evidente en el sistema de justicia y en las fuerzas de seguridad. Mientras que se disparan los niveles de impunidad, una fuerza policial disfuncional y abusiva ha puesto en peligro la seguridad ciudadana. Fuertemente politizadas, las fuerzas armadas cada vez más parecen ser parte del problema, entrelazadas con el crimen organizado y presionadas por el presidente para comprometerse con la defensa partidaria de su “revolución”. La creación, suministro de armas y entrenamiento de milicias progubernamentales aumentan aún más el peligro de que las diferencias políticas se resuelvan finalmente por fuera del marco constitucional, por medio del uso de la violencia.
En este entorno político candente, la violencia política se ha mantenido hasta el momento más como una amenaza latente que como una realidad. Sin embargo, a medida que el país se dirige hacia lo que promete ser una contienda presidencial extremadamente reñida, donde habrá mucho en juego para ambos bandos, este equilibrio frágil podría desmoronarse. Además, la incertidumbre provocada por la enfermedad del presidente ha exacerbado las perspectivas a corto y mediano plazo. El mayor peligro probablemente surgirá después de las elecciones, independientemente de quién gane, pues los niveles persistentes de violencia tienden a minar la continuidad pacífica del régimen, la entrega del poder a un sucesor o cualquier otro arreglo transicional. Además, cualquiera que sea la orientación política de un gobierno futuro, la amplia presencia de redes del crimen organizado probablemente constituirá una grave amenaza para la estabilidad del país en el mediano y largo plazo. Las acciones necesarias para evitar este escenario deben empezar con el compromiso de todas las partes hacia los medios constitucionales y pacíficos de solución de conflictos, así como por medio de acciones efectivas por parte del gobierno para desarmar y desactivar las estructuras criminales, restaurar el Estado de Derecho y erradicar la corrupción en las instituciones públicas.
Bogotá/Bruselas, 17 agosto de 2011
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