El acuerdo unitario aún es posible
Trino Márquez
Durante la era madurista se han dado fenómenos extraños, pero
ninguno como el que rodea la consulta del 6-D: la oposición no puede desarrollar
la campaña electoral por las restricciones impuestas por la pandemia del
Covid-19; y el gobierno no necesita adelantar ninguna campaña, porque posee el
control de todos los mecanismos de chantaje, coacción e intimidación que le
permitirán obtener una cómoda victoria
con el reducido universo de electores dispuestos a sufragar. Tan insólito como
ese factor es que un presidente y un gobierno que concitan 80% de rechazo
nacional, están convocando los comicios como si flotaran en una atmósfera de gigantesca
popularidad.
La oposición no
puede llevar a cabo la labor proselitista porque carece de los medios para desplazar
sus candidatos por los circuitos electorales; unos locales, y otros nacionales.
No se consigue gasolina para la movilización terrestre y los vuelos comerciales
dentro del país se encuentran suspendidos.
No es posible convocar reuniones
en espacios públicos, ni visitar las
casas de los votantes, ni convencer cara a cara a los electores de la
importancia de acudir a los centros de votación. Ni siquiera se puede divulgar
el programa legislativo de los candidatos y enriquecerlos con las opiniones de
los ciudadanos. ¿Qué clase de comicios son esos donde todo lo vinculado con la
oposición transcurre en medio del desconocimiento casi total por parte de los
votantes, acerca de la oferta de sus futuros representantes en el Parlamento?
Al régimen de
Maduro este ambiente tan limitado no le importa. Todo lo contrario: lo favorece
muchísimo. Al gobierno le interesa que el universo electoral sea muy pequeño.
Que se reduzca a ese sector al cual le llega con cierta regularidad a través de
las cajas Clap, del Sistema Patria y de los demás subsidios monetarios
miserables que reparte a través de la banca pública. Si esto no fuera suficiente para chantajear a
los grupos más pobres y obligarlos a votar, todavía cuenta con los colectivos
armados. Con los motorizados del terror, quienes amenazarán a quienes no se desplacen
hacia los centros de votación el día de las elecciones.
Las
encuestadoras más importantes del país señalan de forma consistente que más de
60% de los venezolanos no quieren sufragar. Para revertir esa matriz de opinión
tan extendida y consolidada, habría que introducir cambios institucionales que
remuevan las sospechas y fortalezcan las convicciones de la gente. Sin
embargo, admitamos que hay que acudir a la cita con el CNE de Maduro y Maikel
Moreno, y que sólo se logra que el acompañamiento internacional sea parcial, y
no integral como exige la oposición y lo establece la Ley del Sufragio. En ese
marco tan favorable al régimen, también la oposición debería instrumentar una
campaña proselitista tenaz y convincente, capaz de quebrar las resistencias
lógicas de la gente y propiciar la concurrencia masiva a los centros de
votación. Este cambio de actitud no es posible en el lapso tan corto que resta
hasta diciembre y en el marco de la Covid1-19.
El
voluntarismo, aliñado como mucha prepotencia, de quienes piensan que resulta
posible lograr ese giro, va a provocar una derrota fenomenal. Nicolás Maduro,
aún representando una minoría en declive, se quedará con la mayoría de la
Asamblea Nacional, principal órgano de representación de la soberanía popular,
con la particularidad de que contará con la colaboración de la franja opositora
que acuda a esa consulta. Se trata de un voluntarismo irresponsable, que
colocaría el órgano legislativo bajo el control de un mandatario que sólo trata
de anular el liderazgo de Juan Guaidó, quitarle la base de apoyo internacional
que posee y, a partir de la Asamblea, intentar recuperar Citgo, el oro colocado
en Londres y otros activos de la República con los cuales no ha podido acabar.
La Unión
Europea, a través de Josep Borrell y otros voceros, junto a otros factores
internacionales de poder interesados en encontrar una salida negociada,
pacífica y electoral a la pavorosa crisis que azota a Venezuela, han propuesto
postergar los comicios para una fecha en la cual el país haya recuperado la
normalidad mínima, que permita realizar una campaña al menos relativamente
equilibrada. Juan Guaidó y Henrique Capriles –aunque con posturas discrepantes-
han señalado que buscan lograr elecciones justas y transparentes. En este
punto, ambos coinciden. A partir de ese acuerdo básico, deberían explorar la
posibilidad de llegar a un compromiso para, de forma conjunta, exigir la
postergación de los comicios y la definición de condiciones que equilibren la
competencia entre el gobierno y la oposición.
Maduro dijo que
se había dirigido la UE para que enviase testigos a la cita del 6-D. Bueno, hay
que complacerlo, pero no para que estén presentes en la consulta que él quiere
realizar ‘llueve, truene o relampagueé’, sino para que asistan a una
convocatoria más equilibrada, cónsona con la fortaleza que aún posee la oposición y las aspiraciones
populares. Maduro necesita legitimar la farsa electoral, empoderarse todavía
más con el asalto pacífico de la Asamblea y aparecer ante el planeta como el
mandatario que derrotó a sus opositores a través del voto popular. No hay que
ponérsela tan fácil. El acuerdo unitario aún es posible.
@trinomarquezc
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