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Feliciano Reyna: “El objetivo es evitar que persistan los hechos que dañan la dignidad de las personas”

PRODAVINCI 

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicó su primer informe el 16 de septiembre de 2020. Un grupo de tres especialistas, junto a su equipo técnico, investigó las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Seis defensores venezolanos de derechos humanos explican el impacto del documento, qué significa para las víctimas y su relevancia internacional. En esta primera entrega habla Feliciano Reyna, fundador y presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria en Venezuela. También es fundador de la asociación civil CIVILIS Derechos Humanos y de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida).

Primero hay que remitirse al informe del anterior alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, que fue publicado en junio de 2018. Dice que la situación de los derechos humanos en Venezuela es una espiral descendente que no tiene fin. Este era un informe que se realizó por decisión de su Oficina, no fue un mandato del Consejo de Derechos Humanos, tras constatar lo que había pasado en 2017 en el contexto de las protestas y también en tiempos previos. Él advertía que se veían patrones y sistematicidad en la violación de derechos humanos, lo que ameritaba una investigación más específica porque podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En aquel momento, recomendó al Consejo de Derechos Humanos la creación de una Comisión de Investigación.

Después viene el cambio: entra Michelle Bachelet como alta comisionada. Ya tenía el mandato de hacer un informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, con unas presentaciones parciales de actualización y un diálogo interactivo en julio de 2019. El resultado son los informes que se produjeron el año pasado, que ya sabemos que también fueron muy importantes. También se da la visita al país y, de la interlocución con el gobierno de Nicolás Maduro, se producen acuerdos de trabajo. Puede tener personal de su Oficina en el terreno, pero no significa que su Oficina tenga una presencia oficial. Eso es distinto.

Una vez más se habían identificado patrones y la responsabilidad del Estado, como todo un ente. El Estado puede tener algunos órganos sobre los que se puede decir que tienen responsabilidad en las violaciones de derechos humanos, como la Policía Nacional Bolivariana o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Pero a lo que uno quisiera avanzar es a la posibilidad de establecer responsabilidades individuales, es decir, ¿quién tenía la cadena de mando? ¿Quién pudo haber dado la instrucción? Retomando la recomendación dejada por Zeid Ra’ad Al Hussein, algunos países del Consejo de Derechos Humanos plantean establecer la Comisión de Investigación. Sin embargo, los países, que son los que proponen las resoluciones, no llegan a un acuerdo al respecto. Se establece, por ahora, el mandato para una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.

El alcance del informe

Como lo dijo muy bien la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, este grupo va a actuar con base en el siguiente criterio: «Existen razones para creer que estas acciones que están documentadas ocurrieron tal como nos fueron narradas». La Misión investiga la sistematicidad de las violaciones y comienza a identificar quiénes pueden ser los entes y las personas responsables. Esta es la diferencia principal con el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada. El mandato del Consejo de Derechos Humanos es además muy concreto sobre los temas a abordar. Son cuatro: las detenciones arbitrarias, las torturas y tratos crueles, las desapariciones forzadas, incluso las de corto plazo; y las ejecuciones extrajudiciales.

La Misión no tiene un propósito judicial ni penal. En el informe ellos explican claramente que el estándar de prueba de “los motivos razonables para creer” es inferior al que se requiere en los procesos penales o para realizar una acusación. Sin embargo, sí justifica la realización de investigaciones posteriores. En definitiva, el deber de la Misión es establecer una serie de hechos y señalan que le tocará a los órganos competentes de la justicia nacional determinar esas responsabilidades. Los órganos de la justicia internacional participan si internamente no se llega a exigir responsabilidad por los hechos, y es un proceso largo y complejo.

El miércoles 23 de septiembre, la Misión debe presentar el informe ante el Consejo de Derechos Humanos. Tienen un diálogo interactivo. Los países pueden intervenir, sean o no miembros del Consejo. Los países tienen 2 minutos para hacer preguntas, manifestar sus reacciones, y también hay espacio para la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Después viene la posibilidad de presentar propuestas para una resolución, que pudieran tener a un grupo de países respaldándolas en la votación. Si se renueva el mandato de la Misión de determinación de los hechos, entre los puntos que puede decir la resolución es que exploren de forma más profunda los hechos que ya han documentado y que además se extiendan más allá de los cuatro puntos iniciales. Por supuesto, esto es solo una teoría. Hay que esperar a que llegue ese momento. El Consejo también puede dar, finalmente, el mandato para una Comisión de Investigación. El criterio que se utiliza es diferente y más exhaustivo.  

El objetivo final de todo este levantamiento de información y de la determinación de responsabilidades individuales es evitar que persistan los hechos que dañan la dignidad de las personas. Ese es el punto de partida de todo. Y en el caso de las violaciones que ya han sido cometidas, el objetivo es darle a las víctimas y a sus familiares derecho a la verdad y a la justicia, que no haya impunidad, y que eventualmente que tengan una reparación.

Reparación para las víctimas

Creo que el informe ya tiene, en cierta forma, un efecto reparador. Las víctimas que no han sido escuchadas por la justicia nacional ven que sí fueron tomadas en cuenta por un grupo de expertos y su equipo técnico. Pudieron contar lo que han vivido y sentir que no quedará oculto.

Recuerdo que cuando vino Bachelet, que las personas le pudieran hablar, verle la cara y decirle «hemos pasado por esto» tenía un enorme valor. Estos pasos, que uno podría llamar pasos intermedios, son unos hitos en el camino a la justicia. Permite a las víctimas saber que es un proceso que va a avanzar y que no quedará en la impunidad, aunque tome tiempo. Este es un tema que a veces es frustrante, y es que estos son procesos cuya respuesta no es inmediata.

António Guterres, secretario general de las Organización de las Naciones Unidas, dijo que el gobierno venezolano debería prestarle atención al informe. No tiene sentido descalificar estos informes a priori, sin entrar en su fondo. Además, Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Qué importante que un miembro del CDH dijera que va a analizar el informe y va a responder adecuadamente. Al contrario, ni siquiera respondieron a las iniciativas de la Misión para comunicarse con ellos. 

Ojalá que también las personas lean el informe. Es muy duro, pero es muy importante conocerlo.