LUIS PEDRO ESPAÑA
La pregunta sobre el estallido social da cuenta de dos situaciones. Ninguno de los que pregunta cree que él o algún miembro de su familia van a estallar socialmente. Siempre se trata de otros, seguramente los pobres, los violentos o, en el peor de los casos, el vecino no muy agradable que todos tenemos. La otra acepción esconde el deseo oculto de que algo pase para que esto cambie. La primera, obviamente, es clasista, o al menos familista, la segunda es propia del pensamiento mágico que acompaña mucha de nuestra conciencia política.
El fantasma del estallido social acompaña tanto a los que adversan al gobierno como a los que lo defienden. Los miedos y cuidados del gobierno, previniendo un Caracazo o cosa similar, toma la forma de precios absurdos de la gasolina, tratamiento privilegiado de la capital en asuntos como el racionamiento eléctrico o, más recientemente, la delicadeza y tolerancia frente a los colectivos.
En Caracas los colectivos de autodefensa, esos mismos que claramente se comportan como bandas delincuenciales que el gobierno no quiere o no puede enfrentar, se han dado el tupé de desarticular recientemente a toda la gerencia de seguridad y defensa, por pretenderse un muro de contención de lo que pudieran ser gérmenes de protestas violenta. Estos colectivos, creados bajo el argumento de ser defensores contra la oposición extrema, en verdad operan como controladores de la disidencia en los barrios.
Suerte de comités de defensa, los colectivos chantajean al gobierno con el argumento de que lo defienden de sus propios vecinos. Protegen al gobierno para que no ocurran protestas o evitar que el barrio se queje o se organice. Ellos son los guardianes de posibles gérmenes de un estallido. Ellos, los violentos que podrían en algún momento protagonizar la chispa de un estallido, son los encargados de detener cualquier posibilidad de que ocurra. La delincuencia, que durante el propio Caracazo de 1989 tuvo un protagonismo sociopolítico que solo logramos dimensionar a posteriori, es la que hoy protege al gobierno de un estallido social que los desestabilizaría mortalmente.
Pero este cinturón de seguridad, claramente estereotipado, puede no ser suficiente para evitar que el descontento se desborde, ya no en forma de revueltas callejeras, sino en cascadas de votos o, en el peor de los casos, aluvión de indiferencia ante un régimen que hasta ahora, y el futuro no será la excepción, ha necesitado el respaldo explícito de las urnas electorales.
Caracas no es Venezuela y menos es la mayor parte de la “Venezuela popular”, esa que sufre en silencio y que por ahora carece de articulación política, pero que no por ello dejará de expresarse.
El escenario de menos ingresos seguirá dejando en evidencia las inviabilidades del “plan de la patria”, y con ello, la protesta concreta, puede que hasta con sordina, se multiplique y el descontento hará que se abran los oídos del país popular y puede que comiencen a prestarles más atención a otras alternativas políticas.
En resumen, no habrá un estallido, no habrá un cambio brusco. Los miedos del gobierno, esos a los que tanto le temen, no será su verdugo. Lo será la crisis sin precedente que aún nos aguarda y de la que son responsables. Ella, junto con un gobierno cuyas repetitivas recetas no hacen sino evidenciar sus limitaciones, son los ingredientes que aguardan por una correcta conducción política que viabilice el cambio.
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