GRUPO AVILA DECLARA:
Nueva arremetida antidemocrática del gobierno contra dirigentes opositores
Como todo régimen autoritario, la persecución a dirigentes políticos opositores ha sido uno de los instrumentos más utilizados por Nicolás Maduro para imponer sus políticas antidemocráticas y antinacionales, mediante la generación de un clima de odio y de violencia en la sociedad venezolana.
Negados a toda posibilidad de diálogo y al necesario ambiente de normalidad, se echa mano de la mentira, el insulto y la descalificación para profundizar la división y exponer al escarnio público, sin el más mínimo fundamento, a dirigentes políticos de la alternativa democrática y diputados a la Asamblea Nacional.
Hoy, queremos denunciar al país y a la opinión pública internacional que se ha puesto en marcha una nueva ofensiva que pretende acosar por varios frentes a dirigentes de la oposición y cuya causa no es otra que el desespero del gobierno por la estrepitosa caída de popularidad y sustento popular reflejada en los más recientes sondeos de opinión.
Ya no se trata sólo del arbitrario e injusto encarcelamiento de dirigentes como Leopoldo López, los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano; los estudiantes aún detenidos; la destitución irregular de la diputado María Corina Machado o el allanamiento de la inmunidad de la diputado María Aranguren; sino que además se incumplen las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los llamados del Alto Comisionado para los derechos humanos de dicha organización, que han instado al gobierno de Venezuela a liberar a los dirigentes López y Ceballos y a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente.
Es una nueva agenda de atropellos, persecución e incluso del uso de la fuerza contra dirigentes de la oposición cuyo fin es sacarlos del juego político. Así, sin ninguna prueba que lo inculpe, el diputado Juan Carlos Caldera va a ser sometido a juicio por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Lo mismo ocurrió con el también diputado Richard Mardo en medio de un proceso judicial amañado. Sobre el Alcalde Carlos Ocariz y el diputado Ismael García pesan amenazas de llevarlos a juicios. El Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma ha sido objeto de acoso y amenazas por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Gobernadores en ejercicio y ex gobernadores de la oposición son intimidados con interpelaciones en la Asamblea Nacional.
Prevalidos del absoluto control de todas las instituciones, realizan acusaciones sin fundamento y juicios sumariales a dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, imputándoles cualquier tipo de delitos. Se trata, en suma, de una conducta que ha sido característica del gobierno actual: el uso de los tribunales de justicia como instrumento de persecución política.
Caracas, 22 de octubre de 2014
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