PLINIO APULEYO MENDOZA
¿A dónde nos va a llevar este proceso de paz? Nadie lo sabe, a excepción de las propias FARC. Tampoco, el presidente Santos. Él ha tirado un globo al aire y no sabe con certeza dónde va a caer. Su mayor obsesión es la firma de un acuerdo que le permita pasar a la historia.
Las FARC, en cambio, están logrando todo lo que se han propuesto. Para ello, cuentan con instrumentos y secretos aliados enquistados en el gobierno, en la justicia, en las instituciones, en sindicatos e incluso en las propias Fuerzas Armadas. En el exterior, gracias a una diligente izquierda, tienen el apoyo de organismos como la OEA, Unasur, el Alba y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En nada han cedido. Por el contrario, han logrado que sus exigencias sean aceptadas por el gobierno envueltas en atractivas fórmulas y orquestadas por nadie menos que por el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre.
Veamos qué han logrado las FARC hasta ahora. No pagarán un solo día de cárcel. Si tuvieran que pagarlo, también tendrían que hacerlo quienes, según ellos, son también culpables del conflicto: presidentes, ministros, políticos, empresarios e incluso los militares. De modo que todos en la misma colada.
Definitivamente, no van a entregar las armas. Ofrecen desactivarlas o dejarlas, pero cuidado: a condición de que el Ejército y la policía hagan lo mismo. Así lo han dicho. Por otra parte, rechazan el referéndum y el “congresito” o Comisión Especial Legislativa que ha propuesto el gobierno. Con el apoyo del fiscal, solo admiten una asamblea nacional constituyente de la cual ellos deben formar parte, y no de manera exclusiva para la aprobación de los acuerdos, sino para algo mucho más ambicioso.
Lo ha dicho Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado presente en La Habana: “Una nueva constitución que modifique la esencia oligárquica del régimen político actual y que ponga en el centro de las preocupaciones del Estado a los colombianos todos, por encima de los intereses de las compañías transnacionales, de los oligopolios y de un puñado de familias que históricamente han detentado el poder”. Es decir, el mismo ideario que bajo el mando de Chávez y ahora de Maduro ha llevado a Venezuela al encumbrado lugar donde se encuentra.
Lo que no hemos visto es que todas estas exigencias responden a una muy bien elaborada estrategia que aliados políticos de las FARC (¿o su secretariado a la sombra?) impulsaron para acabar con la política de seguridad democrática. De un lado, lograron aniquilar judicialmente a los mejores militares que habían golpeado a las FARC, mediante amañados procesos. A tiempo con este duro golpe dado a las Fuerzas Militares, supieron abrirles paso, con el señuelo de la paz, a las negociaciones de La Habana.
Dos esenciales factores contribuyen al poder que tienen las FARC: la tierra y el narcotráfico. Gracias a compras forzadas o ficticias, esta guerrilla posee hoy más de 100.000 kilómetros cuadrados de tierra. Extensión que se vería ampliada considerablemente con las llamadas zonas de reserva campesina.
En cuanto al narcotráfico, ¿qué va a ocurrir? Nada. Con el cese de los bombardeos y de la aspersión de glifosato, la no extradición de cabecillas vinculados a este negocio y la vertiginosa subida del dólar, las FARC seguirán siendo el principal cartel internacional de la droga.
Por lo pronto, contando con estos inmensos recursos y el apoyo de eficaces y secretos aliados suyos en los tres poderes públicos, es muy posible que en las elecciones regionales de octubre logren el triunfo de sus candidatos. Y algo más peligroso: en las elecciones presidenciales de 2018 pueden darle paso al castrochavismo que hoy reina en el continente. Así las cosas, las FARC están ganando la guerra y no nos hemos dado cuenta. Esa es la triste realidad que no vemos.
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