BEATRIZ DE MAJO
El afán de Juan Manuel Santos por poner a andar, a troche y moche, el proceso de paz ha sido tal que se saltaron los extremos legales que obligan constitucionalmente al gobierno a llamar a un segundo plebiscito para aprobar el acuerdo de paz reformulado, después del categórico no que le propinaron los detractores del acuerdo que el presidente y su equipo negociaron con las FARC. A través de una maroma legal, no digna de un verdadero demócrata, el presidente se las agenció para que surgiera una interpretación que considera que con la simple refrendación del Congreso es suficiente para poner el pacto en vigencia. Que no se requiere de una consulta a los votantes para validar el Pacto de Paz corregido, pero eso no es todo: la Corte Constitucional emitió un fallo de acuerdo con el cual el FastTrack propuesto para que el Congreso avance de manera expedita, sí es una vía acorde con la carta magna del país.
La manipulación de las leyes de la República ha sido grande y, de esta forma, algunos de los elementos por los que el electorado votó NO, terminarán aprobándose en la mitad del tiempo que otras leyes del país. Entre ellas, la Ley de Amnistía la que se constituyó en el más importante elemento de negociación para los narcoterroristas de las FARC durante las deliberaciones de La Habana.
Tampoco allí se detienen los desafueros. A raíz del fallo de la Corte, el presidente de los colombianos contará con la facultad para legislar, emitir leyes y decretos sin discusión alguna lo que le resultará particularmente útil para aprobar aquellos de los petitorios de los insurgentes que no pasaron el filtro del plebiscito. En dos palabras: a raíz de este episodio Santos queda facultado para hacer literalmente su voluntad en este importante tema. Quienes lo oyeron, henchido de gloria después del Premio Nobel, hablar de los criminales con una actitud cuasi tierna deben estar aterrados de lo que puede ocurrirle al país con la incorporación a la política colombiana de esta partida de facinerosos.
Como si lo anterior fuera poco, existe también parquedad en la información de los siguientes pasos que Colombia dará para instrumentar el maquillado acuerdo final de la paz y es allí donde la Constitución y las leyes se encuentran más pisoteadas.
Entre los negociadores de La Habana se diseñó un plan marco con unos 10 años de duración, que es el que les dará entrada a los criminales a formar parte de la dinámica social y económica del país. El nuevo partido de las FARC asumirá en este plan marco un rol protagónico. Existirá una Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo final, su más alta instancia, en la que se hará seguimiento a los acuerdos, se constatará que el contenido de los proyectos de decretos, leyes o actos legislativos corresponda a lo convenido. Y de ella formarán parte tres delegados de las FARC, tres del gobierno y uno de cada país garante y acompañante: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile.
En síntesis, no solo bastó el perdón absoluto a quienes no lo merecen, sino se pondrán en ejecución mecanismos para que el país, más temprano que tarde, los reciba como actores muy principales de los procesos y de la dinámica del país. Todo ello mientras el país sigue narcotizándose sin que el gobierno le preste la atención que merece tal destrozo.
Es difícil imaginar a dónde quiere llevar el presidente a su país y los ciegos que pueden ser quienes le aplauden…
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