BEATRIZ DE MAJO
EL NACIONAL
La corrupción no conoce fronteras, ni en lo geográfico ni en la selección de quienes son recipiendarios de grandes sumas de dinero por prestarse a favorecer a entes privados en sus negociaciones con los gobiernos. Los gobiernos de derecha, así como los que izquierda sirven para los mismos fines: usar la influencia de los funcionarios públicos en niveles gubernamentales decisorios para beneficiar “empresas amigas” en sus contrataciones con el Estado.
Un gran descubrimiento que ha hecho mucho ruido en la tierra neogranadina son los sobornos de la compañía Odebrecht, la que al igual que en Venezuela, ha estado a cargo de importantes obras de infraestructura en Colombia gracias a la ayuda de terceros actores.
Las agencias noticiosas internacionales han informado que la multinacional brasileña pagó a funcionarios más de 11 millones de dólares para conseguir contratos públicos, lo que le valió a Odebrecht un beneficio de 50 millones de dólares en sus actividades en el vecino país. Lo mismo ocurrió con altos representantes de la empresa brasileña en otros países como República Dominicana, Ecuador, Argentina, Panamá, México.
El escándalo ha recibido atención del gobierno en Bogotá por el volumen de las operaciones y la visibilidad que este caso de las coimas de Odebrecht ha tenido a escala planetaria. La Fiscalía colombiana ha creado un equipo que está liderando las investigaciones para que, al encontrarse culpables, se dispare un proceso penal, todo ello en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
No se trataría de establecer si en Colombia hubo o no sobornos de funcionarios porque ello está más que confesado por los actores principales de los delitos dentro del marco del juicio que tiene lugar en Estados Unidos. De lo que se trata es de esclarecer quiénes son los sujetos receptores de los dineros fraudulentos dentro y fuera de la administración colombiana.
Este episodio ha significado más leña en el fuego de la diatriba política que se libra entre el actual presidente Juan Manuel Santos y su predecesor Álvaro Uribe Vélez por temas muy alejados de las contrataciones estatales.
La Oficina de Transparencia de la actual presidencia ha hecho público que en los contratos de Odebrecht son responsables funcionarios que comprometen al anterior régimen desde el año 2009.
Desde los dos lados, el de Uribe y el de Santos, se han lanzado dardos y en ambas orillas, igualmente, los presidentes se han encargado de dejar claro que durante sus magistraturas se han esforzado por el mantenimiento de políticas anticorrupción.
Sea lo que sea, es el país el que sufre las consecuencias de la existencia de prácticas irregulares en el otorgamiento de concesiones de obras, casos en los que Odebrecht se ha llevado la palma mundial tanto con gobiernos de derecha como de izquierda y de izquierda radical.
La verdad sobre los casos colombianos saldrá a la luz como ha sido el caso en otros países y lo que aún es imposible discernir es si las obras objeto de las coimas se detendrán o no.
Las de Colombia son obras de gran calado y seguramente se harán todo tipo de esfuerzos por que las mismas sean concluidas sin sobrecostos para el país. Dos megaproyectos se verían afectados por estos hechos: el tramo 2 de la Ruta del Sol y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
Estos dos proyectos, financiados parcialmente con recursos de fuentes internacionales estarían expuestos a ser detenidos por el retiro de tales facilidades crediticias.
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