Venezuela, país que ya enfrenta un grave conflicto político y una crisis económica sin precedentes, podría entrar el próximo año en una peligrosa etapa de gran agitación ante la decisión del gobierno autoritario de Nicolás Maduro de cerrar las puertas a una salida electoral y el creciente costo social de la escasez, advirtió esta semana la ONG The International Crisis Group en un informe.
La organización, abocada a evitar conflictos alrededor del mundo, pronosticó que las Fuerzas Armadas venezolanas probablemente “ejercerán progresivamente más control del país” en la medida que continúe aumentando el descontento y la convulsión social, pero resaltó que es poco probable que se produzca un golpe militar “en el sentido clásico”.
The International Crisis Group advirtió que el escenario de mayor agitación para los próximos meses luce muy probable, salvo que el gobierno y la oposición entren en un franco proceso de diálogo caracterizado por la buena fe de las partes.
No obstante, el informe esbozó las dificultades de que eso suceda, reseñando las complicaciones del fracasado proceso de diálogo auspiciado por el Vaticano.
La organización también señaló que la mejor manera de que ese proceso de negociaciones tenga éxito es que se realice bajo un gobierno interino, conformado por representantes de ambos polos del espectro político y bajo una supervisión mucho más estructurada que la entablada bajo los auspicios del Vaticano.
“Para restaurar el Estado de derecho y evitar mayor sufrimiento, un acuerdo con la oposición es esencial y solo puede lograrse con la ayuda internacional”, manifestó el informe.
“Idealmente, un gobierno interino que represente a ambas partes implementaría urgentes reformas económicas y restauraría la independencia y profesionalismo del poder judicial y la autoridad electoral para así garantizar unas elecciones libres y justas en el 2018”, puntualizó.
The International Crisis Group dijo que el proceso liderado por el Vaticano “es un comienzo”, pero enfatizó que “se necesitauna estructura más robusta, que cuente con procedimientos de verificación internacional de los acuerdos, así como aportes de la sociedad civil y expertos externos”.
Por otro lado, la agrupación resaltó la necesidad de buscar inmediatamente una solución a la crisis venezolanas y cuentiona la tesis que podrían tener algunos sectores de esperar hasta elecciones presidenciales del 2018.
“Con dos años de su mandato aún restantes […] el presidente Maduro y sus ministros parecen incapaces de evitar el colapso económico y una crisis humanitaria aún más profunda”, resaltó.
El costo social de esos dos años podrían terminar siendo muy alto en momentos en que el proceso de aguda contracción económica iniciado en el 2014 no da señales de detenerse y el país registra una tasa de inflación cercana al 1,000 por ciento.
La audización de la crisis cobra vidas en Venezuela.
“Los alimentos y otros bienes básicos a menudo son imposibles de obtener o están fuera del alcance de la mayoría […] Cada vez más cuesta encontrar medicamentos vitales, y los servicios de salud están colapsando, con un saldo de de miles de muertes innecesarias”, declaró el informe.
Pero el descalabro económico aunado a la disminución de los ingresos derivados del petróleo, no han generado nuevos rumbos en las políticas públicas del gobierno bolivariano, dijo el estudio.
Por el contrario, Venezuela más bien ha visto una intensificación en los controles estatales, y el incremento de los ataques contra el sector privado, bajo el argumento de que son “supuestos saboteadores” de la economía.
Y en lo que ha estado dificultando las probabilidades de encontrar una salida no violenta a la crisis política venezolana, el gobierno ha “eliminado los canales constitucionales mediante los cuales una oposición política en ascenso podría disputarle su poder”, incluyendo el desmantelamiento de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional y la suspensión de un referendo para revocar el mandato de Maduro.
“El gobierno asestó un golpe mortal a la única vía electoral para salir del conflicto político en el corto plazo: un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tal como dispone la Constitución”, indicó el informe.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calificó la suspensión del referendo como “un golpe de estado” y anunció una ofensiva política en tres frentes, que incluyen un incremento de las protestas callejeras, el inicio en la Asamblea Nacional de un procedimiento de sanción contra Maduro, y la solicitud ante la OEA de la activación de la Carta Democrática Intercamericana, cuyos términos contemplan la posible suspensión de un Estado miembro.
“Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender elecciones, el gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque ese no es el único resultado posible”, dijo el informe.
“A pesar de sus debilidades, podría, bajo ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas”, advirtió.
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