Democracia versus dominación totalitaria
MARTA DE LA VEGA
Está roto el hilo constitucional. Más allá de las formas, varios hechos configuran una dictadura: el estado de excepción prorrogado indefinidamente mediante decreto, sin aprobación de la Asamblea Nacional, en franca violación constitucional, siguiendo el artículo 339; las sentencias 155 y 156 de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia, que despojan de toda competencia a la Asamblea Nacional para asumirlas, autocráticamente, el presidente de la república y el tribunal supremo de justicia. Peor: para “corregir” el garrafal error de atribuirse lo que la ley no les otorga, al modificar parcialmente la sentencia se rompe con el principio fundamental de justicia de no modificar “cosa juzgada”.
Para rematar, Maduro se convierte en usurpador de la voluntad popular y por consiguiente, en tirano, al imponer por propia iniciativa la convocatoria a una tramposa asamblea constituyente que pisotea la soberanía intransferible del pueblo y liquida la universalidad del voto. Niega el referendo consultivo e incumple con lo que exigen los artículos 5, 6, 347 y 348 de la Constitución. Peor: las bases comiciales, al pretender una constituyente sectorial, rompen con el principio de indivisibilidad y unidad del poder originario. Al imponer un poder constituyente territorial, eliminan el principio de representación proporcional y al no establecer lapso de vigencia, la asamblea nacional constituyente se vuelve tiranía permanente.
Su objetivo, el mismo de la camarilla militar civil que lo acompaña, no es resolver una crisis política ni construir un nuevo pacto social, como se dijo en la sentencia 378 de la sala constitucional del tsj para justificar la imposición de Maduro. Es afianzar un régimen totalitario de dominación bajo la modalidad de un Estado comunal, corporativo, a la manera del fascismo en Italia con Mussolini durante la segunda Guerra Mundial. Ya hemos visto con horror el preámbulo de este ejercicio despiadado del poder militar al reprimir las protestas ciudadanas pacíficas y legítimas para restituir el hilo constitucional y la democracia.
Maduro y sobre todo la cúpula gobernante, aspiran a mantener indefinidamente el poder, eliminar cualquier disidencia, evitar elecciones y someter por miedo a la población. Presidente y alto gobierno ven en una asamblea constituyente que ni es tal ni es originaria, el camino para arrasar con la Constitución de 1999; buscan excluir a los supuestos enemigos de la farsa siniestra llamada revolución, vengarse de los “traidores” en una lógica de guerra en la que solo quepan la sumisión y/o la complicidad.
También se busca eliminar del poder político a quienes les sean incómodos o les estorben en sus planes de control total. No tienen pudor para anunciar, como hace uno de los hombres fuertes del régimen, que en 50 días van a destituir a los protagonistas de los poderes constituidos, destruir el ordenamiento jurídico y las estructuras de poder político, económico y social vigentes. No se da cuenta Maduro de que él mismo puede ser barrido por el poder constituyente, como cabeza del poder ejecutivo, según el artículo 349 constitucional, al igual que los otros funcionarios de las ramas del poder público.
En conclusión, la tarea es sumar esfuerzos en todas partes para defender la Constitución, como obligan los artículos 333 y 350, del fraude que el gobierno de Maduro, como poder constituido, pretende imponer en contra de los preceptos constitucionales. Ni es una asamblea nacional constituyente ni es democrática. Es regresiva en cuanto a los derechos políticos, está a espaldas de la gente, de las condiciones de un verdadero diálogo y de la paz que dice buscar.
Para rematar, Maduro se convierte en usurpador de la voluntad popular y por consiguiente, en tirano, al imponer por propia iniciativa la convocatoria a una tramposa asamblea constituyente que pisotea la soberanía intransferible del pueblo y liquida la universalidad del voto. Niega el referendo consultivo e incumple con lo que exigen los artículos 5, 6, 347 y 348 de la Constitución. Peor: las bases comiciales, al pretender una constituyente sectorial, rompen con el principio de indivisibilidad y unidad del poder originario. Al imponer un poder constituyente territorial, eliminan el principio de representación proporcional y al no establecer lapso de vigencia, la asamblea nacional constituyente se vuelve tiranía permanente.
Su objetivo, el mismo de la camarilla militar civil que lo acompaña, no es resolver una crisis política ni construir un nuevo pacto social, como se dijo en la sentencia 378 de la sala constitucional del tsj para justificar la imposición de Maduro. Es afianzar un régimen totalitario de dominación bajo la modalidad de un Estado comunal, corporativo, a la manera del fascismo en Italia con Mussolini durante la segunda Guerra Mundial. Ya hemos visto con horror el preámbulo de este ejercicio despiadado del poder militar al reprimir las protestas ciudadanas pacíficas y legítimas para restituir el hilo constitucional y la democracia.
Maduro y sobre todo la cúpula gobernante, aspiran a mantener indefinidamente el poder, eliminar cualquier disidencia, evitar elecciones y someter por miedo a la población. Presidente y alto gobierno ven en una asamblea constituyente que ni es tal ni es originaria, el camino para arrasar con la Constitución de 1999; buscan excluir a los supuestos enemigos de la farsa siniestra llamada revolución, vengarse de los “traidores” en una lógica de guerra en la que solo quepan la sumisión y/o la complicidad.
También se busca eliminar del poder político a quienes les sean incómodos o les estorben en sus planes de control total. No tienen pudor para anunciar, como hace uno de los hombres fuertes del régimen, que en 50 días van a destituir a los protagonistas de los poderes constituidos, destruir el ordenamiento jurídico y las estructuras de poder político, económico y social vigentes. No se da cuenta Maduro de que él mismo puede ser barrido por el poder constituyente, como cabeza del poder ejecutivo, según el artículo 349 constitucional, al igual que los otros funcionarios de las ramas del poder público.
En conclusión, la tarea es sumar esfuerzos en todas partes para defender la Constitución, como obligan los artículos 333 y 350, del fraude que el gobierno de Maduro, como poder constituido, pretende imponer en contra de los preceptos constitucionales. Ni es una asamblea nacional constituyente ni es democrática. Es regresiva en cuanto a los derechos políticos, está a espaldas de la gente, de las condiciones de un verdadero diálogo y de la paz que dice buscar.
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