lunes, 19 de junio de 2017

UN RETRATO VIOLENTO


ALBERTO BARRERA TYSZKA

PRODAVINCI



Luisa Ortega Díaz los tiene locos. Las respuestas del oficialismo solo han logrado demostrar, de manera rápida y bastante obvia, que las denuncias de la Fiscal son ciertas. Las reacciones del poder han sido tan importantes como las propias actuaciones y declaraciones del Ministerio Público. Ellos solitos, de forma instantánea, sin mediar ningún tipo de discernimiento, se han delatado, han hecho evidente que la democracia no les interesa, que no creen en la independencia de las instituciones, que su plan es quedarse en el gobierno para siempre. El madurismo ha resultado el cóctel político más letal de toda nuestra historia. Combina lo peor de nuestro presente con lo peor de nuestro pasado. No solo ejerce la violencia del Estado en todas las direcciones sino que, además, la premia, la glorifica.
De un día para otro, la Fiscal General de la República pasó a ser el enemigo público número 1 de los poderosos. Esa élite, esos privilegiados que pueden adquirir dólares baratos, que consiguen comida y medicinas, que tienen escoltas y pasaportes; esa minoría que ya no quiere contarse, ahora acaba de decretar que Luisa Ortega Díaz es “indigna”, “fascista”, “corrupta”, “traidora”, “jefa de la oposición”… y que además está loca (“insanía mental”, según Pedro Carreño), es cómplice de todo lo que ocurra (“anima la violencia”, según Jorge Rodríguez), y por lo tanto es responsable de todas los homicidios que se produzcan en las manifestaciones (según Tarek El Aissami). Casi todos los altos líderes de la casta se han pronunciado. Diosdado Cabello ya afirmó que “la Fiscalía no es un poder” y sugirió una purga futura, amenazando con “revisar” el Ministerio Público con detalle. “Uno a uno”.  
Mientras en Telesur, una abogada constitucionalista, supuesta experta en el tema, afirma que el TSJ debería abrir una investigación por “falta de ética” en contra de la Fiscal, el oficialismo introduce en el mismo máximo tribunal una petición de antejuicio de mérito y la solicitud para prohibir la salida del país de Luisa Ortega Díaz. Si alguna persona, de dentro o de fuera, tenía alguna duda sobre cómo el madurismo ejerce el poder en Venezuela, la forma en cómo se ha actuado en contra de la Fiscal es una confesión contundente. Una prueba irrefutable de una legalidad secuestrada, de un sistema que no es confiable. Sin darse cuenta, la reacción de la dirigencia oficialista en contra de la Fiscal le ofrece al país un subtexto muy claro: toda la institucionalidad es una estafa. El mensaje es nítido: la legalidad no importa. O haces lo que yo digo, o te jodo.
La foto de Pedro Carreño frente a Mikel Moreno es un testimonio para la historia. Todo forma parte de una secuencia, filmada en video, retratada para su publicación. Es una puesta en escena. Los dos posan, sin demasiada gracia, como niños en la escuela, unidos por un diploma. Ninguno parece tener mucho entusiasmo. Solo están tratando de otorgarle solemnidad a una pillería. Y ambos lo saben. Pero necesitan que el disimulo continúe. Ni siquiera se están viendo fijamente. Hay algo esquivo en sus posturas, en sus miradas. Sus cuerpos se juntan en un documento insostenible. Es el retrato de una mafia que pretende ser legítima, que aspira a sobrevivir a su propia historia delictiva. En vez de disfrazarse de pistoleros, se disfrazan de diputados y de jueces. Curiosamente, desde el fondo, el retrato de Bolívar parece sonreír de medio lado. Su imagen cruza entre ambos, saboteando el instante.
En todas estas respuestas ante la actuación de la Fiscal General, se va conformando un argumento para rechazar más aún el proyecto de la Constituyente. Aquí están. Míralos. Escúchalos. Estos son los que pretenden cambiar el marco legal del país. Estos son los que supuestamente defienden la independencia e invocan el respeto a la diversidad. Estos son lo que hablan de imparcialidad. Estos son los que critican el sesgo en las instituciones. En ellos debemos creer.
Tanto que mencionan a Chávez y, tal vez, ahora vale la pena recordarles estas palabras: “Hoy tenemos una gran concentración del poder porque unas cúpulas se fueron adueñando del poder judicial y del legislativo y lo manipulan y lo usan a su antojo. Y lo mismo ocurrió con la Fiscalía, con la Contraloría. En Venezuela lo que ha funcionado no es una democracia sino una tiranía de pequeñas cúpulas partidistas, sectores horrorosamente corrompidos que destrozaron a Venezuela”. Lo dijo en Cartagena, en mayo de 1999. Pero la frase calza perfectamente en el momento actual, con el gobierno de Nicolás Maduro. Con su proyecto constituyente. Podría ser la leyenda perfecta para la imagen de Carreño y Moreno. No es el registro de un acto legal. Todo lo contrario. Es en verdad una advertencia, una intimidación. Es un retrato violento. La legalidad como amenaza.


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