ELSA CARDOZO
EL NACIONAL
Antes del 15 de octubre abundaban declaraciones internacionales que
manifestaban preocupación por el desarrollo de las elecciones
regionales. Respetuosos de la decisión opositora de participar en ellas,
varios y muy significativos actores no dejaron de pedir a las
autoridades venezolanas que el proceso electoral fuese Íntegro y sus
resultados confiables. Mientras tanto, acumularon datos sobre las
irregularidades que se fueron sumando y que tan detalladamente ha
recogido el informe difundido por la Secretaría de la OEA la semana
pasada.
Conocidos los resultados, de inmediato se produjo otro conjunto de
expresiones, entre manifestaciones de incredulidad ante el resultado y
exigencias de auditoría independiente, acompañadas por el rechazo a las
irregularidades y ausencia de transparencia de un proceso electoral que
no fue libre ni justo. Así fue dicho, sin cortapisas y con la mirada
puesta en ese proceso electoral como un todo, por la Unión Europea, el
gobierno de Estados Unidos y los doce participantes en el Grupo de Lima.
Luego, ante la inconstitucional exigencia de juramentar a los
gobernadores electos en una asamblea constituyente que casi medio
centenar de países del mundo desconoce, se sumaron razones para que la
comunidad democrática internacional manifestara su preocupación por la
deliberada degradación gubernamental de la vía electoral.
El jueves pasado el Grupo de Lima reunido por tercera vez, produjo
una declaración que recoge como ninguna otra las inquietudes
democráticas internacionales tras las elecciones regionales. Estas,
valga recordarlo, fueron asumidas por la oposición democrática como vía
de lucha política nacional, de significación muy diferente a las de un
proceso electoral rodeado de garantías. Pese a esas prevenciones
iniciales, su propia dinámica y las medidas que condicionaron su
desarrollo y sus resultados tuvieron un fuerte impacto sobre la alianza
opositora, lo que es noticia y preocupación, dentro y fuera de
Venezuela.
La virtud del comunicado del Grupo de Lima es que asume la
situación en toda su complejidad y, con franqueza, habla al mundo y a
los venezolanos. En efecto, reiteran los temas de la agenda pendiente al
exigir la inmediata liberación de los presos políticos y de las medidas
arbitrarias de inhabilitación, también al deplorar que el gobierno no
permita el acceso de ayuda internacional y al desconocer a la asamblea
constituyente y, en cambio, dar pleno respaldo a la Asamblea Nacional.
Igualmente, se sostiene el apoyo a una solución negociada y electoral,
pero no es esto más de lo mismo: del documento y de las palabras del
canciller de Perú que acompañaron su lectura, creo especialmente
importantes la sinceridad del diagnóstico y la claridad de las
propuestas en tres temas.
Los doce, que quieren sumar a otros países, reiteran la
responsabilidad del gobierno en el bloqueo del acceso de la asistencia
internacional que urge a un número creciente de venezolanos. Para ello, y
en el marco más amplio de la protección de los derechos humanos, se
proponen solicitar apoyo del secretario general de las Naciones Unidas.
La preocupación humanitaria se acentúa, sin duda, por su extensión al
vecindario a medida que crece la oleada de venezolanos que migran cada
día, especialmente hacia los países vecinos, como se expresa en el
documento.
No sobra, en cambio conviene tomar nota –especialmente ante la
aceleración del calendario electoral que ahora asoma el gobierno– de que
frente a las irregularidades inocultables del proceso electoral
regional los doce países dejan planteado, con sentido de urgencia, “la
revisión del sistema electoral, incluyendo en particular, la renovación
del Consejo Nacional Electoral con miembros nombrados por la Asamblea
Nacional y la publicación de un cronograma de elecciones, las que deben
ser supervisadas por observadores electorales independientes”.
Y, no menos importante, al reafirmar el apoyo a una solución
mediante un acuerdo negociado, con acompañamiento internacional y
cumpliendo con las condiciones solicitadas por la oposición, ya no solo
se reitera que sean conversaciones creíbles y de buena fe, no meros
simulacros por parte del gobierno. Se añade ahora, como otra condición
indispensable para ello, el mantenimiento de la unidad opositora, con un
frente programático común. En este último aspecto abundaron varios
cancilleres, pero de modo especialmente explícito el canciller peruano,
Ricardo Luna: “Nuestra respuesta es la de abogar por una negociación
real, dialogada, y eso pasa por el mantenimiento y reforzamiento de la
unidad de la oposición democrática que vaya más allá de la coyuntura
electoral o de eventuales diálogos a una posición programática que los
permita avanzar”. Es, así dicho, una condición a resolver nacionalmente,
pronto. Luego precisó Luna, con la misma sinceridad: “Nosotros no
podemos avanzar más allá de hasta cierto punto, en la presión
internacional y diplomática si es que no hay un programa de unidad que
vaya más allá de la coyuntura (…) Es una exhortación. Pero es una
exhortación seria. Las sugerencias que se dan por fragmentos o sectores
muy bien intencionados de la oposición, no sirven. Y aislados, peor”.
Es un mensaje oportuno: por solidario, crítico y constructivo. Lo
que nos toca a los venezolanos es esencial y no es poco, entre la
responsabilidad en el quehacer de cada cual y la exigencia a la
dirigencia democrática de que asuma concienzuda y eficazmente su papel
en nuestra representación.
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