Votar el 15-O para regenerar la gobernanza y gobernabilidad en las regiones
Derkis Enrique Arévalo Molina / Nelson Antonio Fuenmayor Ramírez
Hay regiones en Venezuela que adoptaron los rasgos populistas del Gobierno nacional, afectando el bienestar común. Es tiempo de restituir la institucionalidad y el desempeño para garantizar un desarrollo armónico.
En el marco del evento electoral regional que se producirá el 15 de octubre, el ciudadano tendrá la inmensa tarea de ser partícipe transcendental en la toma de decisiones políticas, mediante el derecho a elegir a sus autoridades que, de acuerdo a Prats, “…es una cualidad de las sociedades, no de los gobiernos”, para que conduzcan los destino de los estados durante cuatro años. Es el ciudadano el primer eslabón para impulsar un escenario que la sociedad actual demanda con firmeza: un cambio, una transformación para salir del statu quo en el que se encuentra la nación, una oportunidad para iniciar este proceso que parte de tener a las entidades político territoriales como epicentro para el desarrollo.
En la actualidad, la gran mayoría de las autoridades regionales responden única y exclusivamente a los intereses ideológico-partidistas del Gobierno central, que “tropicalizan” los elementos de poder, subordinación y dominación que éste ejerce sobre la sociedad en su conjunto. La mezcla de los asuntos partidistas con los asuntos de Gobierno ha traído caos, desorden y favores políticos, ocasionando ineficiencia a la hora de gobernar. Estos órganos no han contribuido a la satisfacción de las necesidades, carencias y problemáticas de la población más vulnerable, que ha perdido calidad de vida y bienestar.
El foco de esas autoridades gira en torno al sostenimiento del poder, manejando cualquier artificio que levante un muro de contención que impida a toda costa que el ciudadano sufrague para propiciar que se abstenga, para tener la oportunidad de continuar en esos espacios de poder sin el respaldo popular. Contrario a ello, señala el profesor universitario y analista político Luís Vicente León que, “abstenerse es un derecho, pero eso no cambia el hecho de que esa acción favorece a tu adversario mayor”.
Entonces, la gente parte de su responsabilidad y la valoración de la gestión de esas autoridades regionales. Decidirá si le otorga o no, con su voto, la confianza. Así, es la población la depositaria de la legitimidad de origen mediante elecciones competitivas. En el caso del 15-O, sabemos de antemano que no son elecciones competitivas por la actuación parcializada hacia el oficialismo de gran parte de las autoridades del Poder Electoral, como acción para desmoralizar y desmotivar la participación libre.
Somos, como ciudadanos, el eslabón que respalda con su participación en las urnas la representación política en las regiones. Son decisiones que sí influyen en el territorio donde habitamos. Se busca tener gobernantes capaces de diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas –que involucren a todos los actores políticos y sociales en los planes, programas, proyectos y obras, indistintamente del pensamiento ideológico– como una relación armoniosa para un proceso participativo, más allá de los discursos cargados de palabras sin contenido y sentido.
Qué debemos buscar como actores fundamentales en la decisión política de regenerar la acción de gobierno en la mayoría de las regiones venezolanas, para restaurar la gobernanza y gobernabilidad, como herramientas orientadas a cumplir normativas, leyes, reglamentos y medir el desempeño de estos gobiernos para la satisfacción y bienestar común:
- Restablecer la institucionalidad y majestuosidad de los órganos y entes regionales, separando taxativamente al partido de los asuntos de gobierno e iniciando un proceso para extirpar el cáncer en la etapa de metástasis de la corrupción administrativa, que se adueñó de los recursos públicos, sin fiscalización, cuando se trata de autoridades afines al partido de Gobierno.
- Restaurar la libertad de los trabajadores, oprimidos, humillados y dominados por un sistema de sometimiento y subordinación, que les confiscó el derecho a pensar, disentir y elegir libremente. Es el albedrío natural del individuo del nuevo milenio, cuando la esclavitud fue superada.
- Diseñar políticas públicas con planes de desarrollo estadal factibles, que provoquen un verdadero avance regional, utilizando adecuadamente las potencialidades y recursos naturales del territorio, para disminuir las brechas y problemáticas sociales, acentuadas durante estas dos décadas por la inercia e inacción de los gobernantes, que se dedicaron más a los asuntos partidistas y de poder.
- Evitar las sistemáticas paralizaciones de proyectos, programas y obras públicas inconclusas. En la mayoría de los casos han ocurrido por apropiación indebida de los fondos, por falta de materia prima e insumos, por la pérdida reiterada del poder adquisitivo de la moneda o, sencillamente, por malversación.
- Garantizar las áreas de desarrollo prioritarias para la ciudadanía. Acceso a un sistema educativo incluyente, de más calidad académica y menos adoctrinamiento. Un sistema de salud acorde con las necesidades que exige una sociedad en plena crisis humanitaria. El resguardo de la vida, mediante un sistema de seguridad ciudadana, capaz de ofrecer protección integral y promover el emprendimiento en sectores productivos idóneos, que cree empleos bien remunerados y eleven los ingresos de los trabajadores para que satisfagan las necesidades del núcleo familiar.
- Evitar que continúen las acciones de reversión del proceso de descentralización política, administrativa y funcional, logrado a finales del siglo XX. Que se respete y materialice la cuarta disposición transitoria de la Constitución de 1999, que exhorta a la Asamblea Nacional a impulsar “una ley que desarrolle la hacienda pública estadal estableciendo, con apego a los principios y normas de esta Constitución, los tributos que la compongan, los mecanismos de su aplicación y las disposiciones que la regulen”. Que se profundice el proceso que amplíe las dimensiones fiscales, económicas y territoriales de la descentralización; impidiendo la subordinación, dominación y dependencia del Ejecutivo Nacional de las autoridades regionales legítimamente constituidas en la administración de los recursos.
Tenemos, como ciudadanos, la inmensa tarea de valorar las promesas de los aspirantes a la majestuosidad que constituye ser una autoridad regional. Es el Poder Ejecutivo estadal, debemos tomarnos el tiempo para interpretar y analizar los discursos, su contenido y autenticidad. Hay que aprender de los hechos y realidades que por casi dos décadas hemos experimentado como sociedad. Por eso, tenemos razones para continuar recorriendo los caminos que la democracia nos ha puesto a disposición, no hay que desfallecer en la conquista de la gobernanza y la gobernabilidad para el bienestar común de todos.
*Nelson Antonio Fuenmayor Ramírez, Ingeniero Geólogo, Magister en Gerencia de las Finanzas, Experto en Suelos y Políticas Públicas, Candidato a Doctor en Gerencia y Servidor Público. nafr_@hotmail.com,
*Derkis Enrique Arévalo Molina, Administrador, Magister en Gerencia de las Finanzas, Experto en Políticas Públicas, Candidato a Doctor en Gerencia, Servidor Público, Profesor Universitario. deam153@gmail.com,
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