Editorial de El País (Madrid)
La enfermedad de Hugo Chávez se ha convertido en un esperpento político. Lo demuestra el hecho de que el Tribunal Supremo haya avalado ayer una “continuidad administrativa” que dispensa al presidente reelecto de la investidura, hoy, ante la Asamblea Nacional. Esta, de forma escandalosa, había aprobado la víspera que el mandatario —reelegido para un tercer periodo, de 2013 a 1019— se tome “todo el tiempo que necesite”, para recuperarse y regresar a su país.
Esconder la información sobre la situación médica de Chávez constituye una afrenta democrática, especialmente en estos tiempos de la comunicación en red. Todos los venezolanos tienen derecho a saber. La opacidad es una tomadura de pelo a los ciudadanos, sean o no chavistas.
Este silencio se ha urdido desde hace tiempo, y quizás para gestionarlo con más eficacia, Chávez decidió operarse por cuarta vez de un cáncer de naturaleza no desvelada en Cuba, lo que, además, constituye el reconocimiento de otro fracaso —el de la medicina venezolana— y ratifica las intenciones del castrismo de seguir influyendo en la suerte de Venezuela (y beneficiándose de su petróleo).
Es difícil precisar, con la información disponible, si Venezuela está ante la previsión constitucional de una “falta absoluta” de su presidente, lo que obligaría a convocar en 30 días unas elecciones que ni los chavistas ni la oposición —temerosa de un nuevo revolcón tras sus recientes derrotas— desean. O si se trata de una “falta temporal” que daría un respiro de hasta 180 días. De hecho, la Sala Constitucional del Supremo, que nunca ha fallado en contra del Gobierno, se ha situado en una tercera opción: la de que “aquí no pasa nada”.
No puede sorprender; el chavismo limpió muy recientemente el Supremo de los pocos independientes que le quedaban y controla todos los resortes de un poder del Estado que desconoce la división de Montesquieu. El chavismo domina plenamente el Estado a través del petróleo, las Fuerzas Armadas y el Supremo. Y el Estado tapa el estado del presidente reelecto.
El país no dispone de “todo el tiempo”. La enfermedad presidencial está aplazando decisiones capitales —como la devaluación de la moneda— para la recuperación de una economía desastrosamente gestionada por el régimen. En todo caso, nadie debe estar interesado en estos momentos en tensar la situación ni en llevar a Venezuela al caos. Es necesaria la serenidad.
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