Héctor Faúndez
El Nacional
La reciente sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, que prorroga el mandato de un gobierno ya fenecido, y que hace de las normas constitucionales una mera formalidad, ha sido recibida con asombro, como si se hubiera esperado otra cosa, y como si dicha sentencia fuera el producto de un error judicial cometido por el tribunal encargado, precisamente, de interpretar la Constitución. Se objeta que, sin siquiera verificar si Hugo Chávez está vivo, se parta de la ficción de que no hay ausencia del presidente de la República, ni temporal ni absoluta, y que se le haya autorizado para juramentarse en el cargo prácticamente cuando él lo considere conveniente. Destacados miembros del foro venezolano observan, con asombro, que esta sentencia ha dado paso a un gobierno deslegitimado, desprovisto de las competencias indispensables para celebrar compromisos internacionales, y sin las atribuciones propias del presidente de la República, necesarias para hacer frente a las tareas de gobierno. En síntesis, se afirma que, con esta sentencia, se ha dado un golpe certero a la Constitución. ¡Nada más lejos de la realidad!
No hay nada de qué sorprenderse. El error está en asumir que un tribunal en el que no hay una sola persona con sólida trayectoria jurídica pueda interpretar correctamente la Constitución. Lo absurdo es pretender que un tribunal, integrado por personas elegidas en función de su compromiso con un proyecto político y de su lealtad a un caudillo, pueda actuar con independencia e imparcialidad. Lo extravagante es pensar que un tribunal presidido por quien ha afirmado que “la división de poderes debilita al Estado” pueda decidir con independencia en un asunto que concierne, precisamente, a este Gobierno.
Con absoluta confianza en lo que puedan decidir otras dependencias del Gobierno (y el TSJ ha demostrado ser una de ellas), el señor Nicolás Maduro declaró que, para ellos (esto es, los militantes del PSUV), lo que dijera el TSJ era “santa palabra”. No podía ser de otra manera; el TSJ nunca ha fallado en contra del chavismo, y ésta tampoco era la ocasión para romper con esa tradición.
Con esta sentencia no se ha dado ningún golpe en contra de la Constitución; el golpe definitivo se dio ya, hace varios años, al imponer, mediante decreto, todos esos cambios constitucionales que fueron rechazados el 2 de diciembre de 2007. Entre otras cosas, el golpe se dio al hacer de la FAN una guardia pretoriana del chavismo, y al establecer una Constitución paralela, muy distinta de la que votaron y aprobaron los venezolanos.
Las declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señalando que este asunto ya “ha sido resuelto por los tres poderes del Estado”, por lo que la OEA no ve nada irregular y no tendría por qué intervenir, también han producido estupor y extrañeza en amplios sectores ciudadanos. Sin embargo, esto tampoco debería sorprendernos. El señor Insulza no se ha percatado de que, en Venezuela, Hugo Chávez copó todos los poderes públicos, acabó con su independencia, y los sometió a su voluntad. La miopía del señor Insulza no le ha permitido apreciar que, detrás de una fachada democrática, en Venezuela opera un régimen muy alejado del Estado de Derecho, que ha destruido la institucionalidad, y que ha coartado las libertades públicas. Empeñado en debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en terminar de sepultar a la OEA, su actual secretario general, elegido con los votos del ALBA y de Petrocaribe, nunca ha entendido para qué sirve la Carta Democrática Interamericana, ni cuáles son los principios en que se funda la OEA. Para Insulza, lo que diga el TSJ, o cualquier acólito del chavismo, también es santa palabra.
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