Trino Márquez
Las Constituciones, bien se sabe,
constituyen pactos de gobernabilidad que se escriben en negro sobre blanco para
que, dicho de forma muy sucinta, el Estado admita cuáles son sus obligaciones y
dónde están sus límites, y los ciudadanos conozcan sus derechos y compromisos.
Mientras la vida de un país transcurre movido por la pura rutina cotidiana,
esas Cartas, algunas veces excesivamente largas y farragosas, están allí solo como
muestra decorosa de civilidad.
La
Constitución de 1961 fue sometida a tres duras pruebas. Los golpes de Estado en
1992, la conjura contra Carlos Andrés Pérez y el triunfo del outsider profidelista Hugo Chávez.
En las tres ocasiones se demostró que la
Carta Magna había sido bien concebida por el Congreso instalado en 1959.
Sería iluso
pensar que esos tres trances se superaron sin que se produjera la ruptura del
hilo constitucional por la pura existencia de la Carta. La élite política tenía
firmes convicciones republicanas y democráticas. El sistema se mantuvo porque
la dirigencia tomó la decisión de preservarlo. Una parte importante de ese
liderazgo conocía lo ocurrido cuando el derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24
de noviembre de 1948.
El
maestro Gallegos asumió la presidencia de la República en febrero de 1948. Pocos
meses antes había sido aprobada por la Asamblea Constituyente la Constitución
de 1947, considerada en su momento la más completa de la historia nacional y
una de las más progresistas de América Latina. Esa Carta tan llena de atributos
no pudo impedir que se produjera el cuartelazo que depuso al Presidente. El
proyecto hegemónico de AD, el canibalismo político debido a la escasa
experiencia democrática de los partidos, y el militarismo enraizado en la
cultura nacional, dieron al traste con el experimento. De nada sirvió una Carta
Magna considerada ejemplar. La
dirigencia, especialmente la adeca, no estuvo a la altura del pacto
protocolizado en el Congreso. La arrogancia le impidió atajar a tiempo la
ambición de los militares, quienes se entronizaron durante casi una década en
el poder. La Constitución habría servido para evitar la debacle si la élite
gobernante hubiese impulsado los acuerdos necesarios para impedir que se
desbocara la avidez de los jóvenes oficiales.
La
historia, mutatis mutandis, vuelve a repetirse casi 70 años después. La Carta del
99, sin ser un dechado de virtudes, contempla un conjunto de opciones para
resolver la gigantesca crisis global que vive el país. El Constituyente previó
unos instrumentos que podrían aplicarse en el caso de que el Presidente de la República perdiese el
apoyo popular. De esos instrumentos –la renuncia, la reforma, la enmienda o el
revocatorio- Nicolás Maduro optó porque se le aplicase el referendo
revocatorio. Nadie lo obligó a tomar esa decisión. Desde abril de 2013 cuando,
con malas mañas, obtiene la presidencia,
los partidos de la MUD comienzan a pasearse por la posibilidad de aplicarle la
receta. Maduro no hizo nada para impedir que la iniciativa contara con amplio
respaldo popular. Ninguna rectificación. Ningún giro para cambiar de rumbo.
Persistió en los errores. Continuó con el acoso a la iniciativa privada -causa
fundamental de la inflación, la escasez y el desabastecimiento de comida y
medicinas-, el control de cambio para favorecer a la claque que se ha
enriquecido hasta la obscenidad, los controles de precio que desincentivan la
inversión y la producción, la persecución de los opositores, la sumisión
abyecta a la dictadura cubana, la ineptitud, origen de que el Gobierno no resuelva ninguno de los
problemas nacionales, y la incapacidad para combatir la delincuencia.
La
mezcla explosiva de incompetencia, sectarismo y corrupción trituraron su
gestión. Su gobierno colapsó. Por esa razón la inmensa mayoría de la gente ve
en el revocatorio la salida de la crisis. Este escenario, y la forma de
resolverlo, fueron previstos en la Constitución. Si el mandatario no asume el
hundimiento de su gobierno y deja que fluya el mecanismo constitucional, la
violencia podría desbordarse. El militarismo, en su forma más abierta y
agresiva, podría reaparecer.
Antes, al
igual que ahora, es indispensable que el núcleo gobernante asuma que a la
Constitución hay que complementarla con
acciones que propicien la apertura y los acuerdos, para que las dificultades se
resuelvan por la vía pacífica. Solo en este ambiente la Constitución puede
funcionar.
@trinomarquezc
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