MARTA DE LA VEGA
Resulta esperanzador para un cambio político efectivo el anuncio de la próxima consulta popular
a escala nacional e internacional, también llamada decisión soberana. El 16 de julio de 2017
podrán votar, en el país o en el exterior, todos los venezolanos o extranjeros naturalizados que
estén inscritos en el CNE. Son tres objetivos de interés nacional, formulados mediante tres
preguntas.
¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro
sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?
La respuesta es sí, si se busca rechazar las pretensiones de imponer una asamblea nacional
constituyente que es un fraude, está a espaldas del pueblo, niega a este la consulta previa
obligatoria exigida en la Constitución para convocarla, es antidemocrática, es regresiva en cuanto
a derechos ciudadanos y políticos, niega la universalidad, violenta el principio de la
proporcionalidad y libertad del voto, se va a instalar por tiempo indefinido, miente acerca de sus
motivos y va a eliminar la Constitución de 1999, al imponer Maduro sus bases comiciales con
los prostituidos tribunal supremo de justicia, consejo nacional electoral, defensoría del pueblo y
contraloría general de la república.
¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y
defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea
Nacional?
La respuesta es sí, si consideramos, por un lado, de acuerdo con el artículo 328 de la
Constitución, que la FAN es “una institución esencialmente profesional, sin militancia
política”… “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad
política alguna.” La violación reiterada de este mandato constitucional ha llevado a la
tergiversación y degradación de sus funciones. Por otro lado, es sí, si reconocemos a la Asamblea
Nacional, único poder público legítimo, electo por 14 millones de ciudadanos, cuyas
competencias debe ejercer plenamente y si consideramos indispensable la existencia de
instituciones sólidas, el principio de separación y la autonomía de los poderes públicos como
soporte de un verdadero régimen democrático.
¿Aprueba la renovación de los Poderes Públicos, la conformación de un Gobierno de
Unión Nacional y la realización de elecciones libres y transparentes para restituir el orden
constitucional?
La respuesta es sí, si se busca recuperar el principio de legalidad en el plano municipal, regional
y nacional, mediante sufragio universal; si queremos una transición no excluyente hacia la
democracia. El reto es rescatar la decencia y la ética pública, derrotar la barbarie, la anarquía y la
insólita impunidad auspiciada desde el más alto gobierno, con mafias y bandas criminales de
baja ralea, como los facinerosos que irrumpieron en la sede del capitolio, el 5 de julio pasado, día
de conmemoración de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Esta brutal agresión de
colectivos armados ocurrió con la complicidad de los guardias nacionales que les facilitaron el
acceso bajo el mando de un sujeto de apellido Lugo, el mismo que cometió el delito de
insubordinación el 27 de junio pasado e irrespetó al presidente de la Asamblea Nacional,
diputado Julio Borges, máxima autoridad civil a la cual, en democracia, está sometido el
estamento militar, sujeto que debería estar preso o al menos destituido junto con su tropa, si es
verdad que Nicolás Maduro quiere justicia.
El dilema es dictadura o democracia. En esta cabemos todos los ciudadanos, cualesquiera que
sean sus preferencias políticas o inclinaciones ideológicas, si se respetan las normas, se restituye
el hilo constitucional y se recupera la vigencia de la Constitución, sin más transgresiones; si se
supera la usurpación y concentración de poderes del ejecutivo y el tribunal supremo que han
convertido el régimen actual en tiranía.
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