lunes, 10 de julio de 2017

HACIA LA CONSULTA POPULAR

MARTA DE LA VEGA

Resulta esperanzador para un cambio político efectivo el anuncio de la próxima consulta popular a escala nacional e internacional, también llamada decisión soberana. El 16 de julio de 2017 podrán votar, en el país o en el exterior, todos los venezolanos o extranjeros naturalizados que estén inscritos en el CNE. Son tres objetivos de interés nacional, formulados mediante tres preguntas.  ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela? La respuesta es sí, si se busca rechazar las pretensiones de imponer una asamblea nacional constituyente que es un fraude, está a espaldas del pueblo, niega a este la consulta previa obligatoria exigida en la Constitución para convocarla, es antidemocrática, es regresiva en cuanto a derechos ciudadanos y políticos, niega la universalidad, violenta el principio de la proporcionalidad y libertad del voto, se va a instalar por tiempo indefinido, miente acerca de sus motivos y va a eliminar la Constitución de 1999, al imponer Maduro sus bases comiciales con los prostituidos tribunal supremo de justicia, consejo nacional electoral, defensoría del pueblo y contraloría general de la república.  ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? La respuesta es sí, si consideramos, por un lado, de acuerdo con el artículo 328 de la Constitución, que la FAN es “una institución esencialmente profesional, sin militancia política”… “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.” La violación reiterada de este mandato constitucional ha llevado a la tergiversación y degradación de sus funciones. Por otro lado, es sí, si reconocemos a la Asamblea Nacional, único poder público legítimo, electo por 14 millones de ciudadanos, cuyas competencias debe ejercer plenamente y si consideramos indispensable la existencia de instituciones sólidas, el principio de separación y la autonomía de los poderes públicos como soporte de un verdadero régimen democrático.  ¿Aprueba la renovación de los Poderes Públicos, la conformación de un Gobierno de Unión Nacional y la realización de elecciones libres y transparentes para restituir el orden constitucional? La respuesta es sí, si se busca recuperar el principio de legalidad en el plano municipal, regional y nacional, mediante sufragio universal; si queremos una transición no excluyente hacia la democracia. El reto es rescatar la decencia y la ética pública, derrotar la barbarie, la anarquía y la insólita impunidad auspiciada desde el más alto gobierno, con mafias y bandas criminales de baja ralea, como los facinerosos que irrumpieron en la sede del capitolio, el 5 de julio pasado, día de conmemoración de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Esta brutal agresión de colectivos armados ocurrió con la complicidad de los guardias nacionales que les facilitaron el acceso bajo el mando de un sujeto de apellido Lugo, el mismo que cometió el delito de insubordinación el 27 de junio pasado e irrespetó al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, máxima autoridad civil a la cual, en democracia, está sometido el estamento militar, sujeto que debería estar preso o al menos destituido junto con su tropa, si es verdad que Nicolás Maduro quiere justicia. El dilema es dictadura o democracia. En esta cabemos todos los ciudadanos, cualesquiera que sean sus preferencias políticas o inclinaciones ideológicas, si se respetan las normas, se restituye el hilo constitucional y se recupera la vigencia de la Constitución, sin más transgresiones; si se supera la usurpación y concentración de poderes del ejecutivo y el tribunal supremo que han convertido el régimen actual en tiranía.

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