Grupo La Colina

La rebelión democrática de la fiscal

HECTOR SILVA MICHELENA

Si errar es de humano, rectificar es de valientes. Estos no significa traicionar las ideas y convicciones que uno habría sostenido durante un tiempo, corto, mediano o largo. El mundo es cambiante y, mucho más, las personas inteligentes que saben interpretar la dirección de los cambios. Lo que era verdad en un tiempo y lugar determinados, deja de serlo en un contexto radicalmente distinto. Reconocer esto y a rehacer el camino, es esencial a esa virtud que llamamos honestidad. Contrariamente, aferrase a ideologías caducas y a procederes malsanos, no solo conduce al error sino que se cae en el fango del mal. Cuando se trata del máximo gobernante de una nación, la situación llega a lo peor de la especie humana.

En una sociedad democrática, más aún si es republicana, la calidad de sus instituciones es fundamental. Estas tienen por funciones dar pautas a los ciudadanos y otorgarles seguridad. Sin instituciones transparentes, sólidas y apegadas a la ética no hay sociedad que se mueva ordenadamente; solo estaríamos ante un conglomerado que, al no tener claras sus pautas, o verlas violadas por las máximas autoridades, entraría en un caos completo, en un desorden letal, que llamamos anomia. Por eso existen los grandes pactos sociales, o contratos sociales que, en los tiempos modernos, se los da el soberano, que ya no es un monarca absoluto, ni un rey divino, sino un gobernante que jura cumplir y hacer cumplir el máximo pacto social que puedan darse las sociedades organizadas: la Constitución.

Si se trata de una democracia republicana, el soberano es, intransferiblemente, el pueblo, que no puede ser burlado por nadie, y mucho menos por quien ha jurado cumplir con la carta magna. Ese gobernante puede tener legitimidad de origen, mediante el sufragio universal popular, pero también, y esto es determinante, la legitimidad debe ser de desempeño. Si se desvía permanentemente de la ruta constitucional, con los fines que sean o digan, quedan incursos en un grave delito: la violación o ruptura del orden constitucional que el soberano –el pueblo– se dio. Por eso, ese gobernante puede ser destituido y sometido a juicio, según lo pautado en la carta magna y las leyes. Este es, rotunda y evidentemente, el caso de Nicolás Maduro. Este gobernante, al hacerlo al margen de la ley, incurre en grave delito, no solo por mal gobierno, sino por traicionar el soberano contrato social que el pueblo se dio.

Esto es, sencillamente, lo que constató, tal vez tardíamente, la fiscal Luisa Ortega Díaz. Pero más vale tarde que nunca. La fiscal, con un notable coraje y una seguridad que da la razón suprema del amor a una nación, la defensa y hacer valer la Constitución, se ha enfrentado con rectitud a la agresión y aberración de un TSJ espurio y sumiso al Ejecutivo, y a otros poderes extranjeros, los del castro-comunismo chupasangre y dictatorial.

El día 4 de julio, fecha fijada para el antejuicio de mérito por el bochornoso TSJ, Luisa Ortega Díaz ha dado una demostración concluyente de civismo, y eso significa, léase bien, de celo por las instituciones e intereses de la patria. Por cumplir sus funciones, prescritas en la Constitución, ha recibido los insultos de un dictadorzuelo. Refiriéndose a la fiscal, y su firme rechazo a ir a “convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada", y luego agregar, con conocimiento de causa: “Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación de nuestra Constitución para anular a la última institución capaz de defender a las personas y manifestantes”, el cobarde Maduro ladró: “Me dan asco los traidores y traidoras, que pretendan hablar en nombre del comandante Chávez y salgan a apoyar a los violentos”. Días antes, irresponsable y criminalmente, Maduro advirtió de que si se destruye la revolución bolivariana "iría a las armas", y que "lo que no se pudo lograr con los votos lo haríamos con las armas". En este discurso se delata a sí mismo como un tiranuelo que solo sabe apelar a las armas, gases tóxicos, cárceles y muerte. La fiscal se lo dijo muy claro a esos llamados magistrados, a quienes no reconoce como tales: “No los reconozco, con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular”.

La fiscal fue acusada por un hombre sin probidad, Pedro Carreño, después de que rechazó a una asamblea constituyente convocada por Maduro, a la que también se oponen la oposición y el pueblo en la calle. En el clímax de la abyección, Carreño pidió al TSJ evaluar la salud "mental" de Ortega y, a solicitud suya, el máximo tribunal le impuso prohibición de salida del país y congeló sus cuentas y bienes. Eso es lo que hacían los criminales de la KGB soviética, acusar de “locos” a los disidentes. Y luego al gulag, y a la tumba. "Me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una constituyente. Sí, lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución", reafirmó la honorable fiscal. Desafiando al gobierno, ella emprendió una batalla contra esa constituyente, por considerar que violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

Aclaro que nunca voté por Chávez, y le hice oposición, donde me era posible, desde aquel oscuro 4 de febrero de 1992, cuando un grupo de militares ejecutó un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. Aclaro que nunca voté por Pérez o AD o Copei. No pertenecí nunca a la IV república, ni mucho menos a la llamada V república. Pero me complacen acciones como la de Luisa Ortega Díaz, la fiscal.

Todo este episodio grotesco pasará a integrar una podrida página de nuestra historia, digna de ser incluida, si el espíritu inmenso de Jorge Luis Borges no se retuerce en su lecho final, en su Historia universal de la infamia, codo a codo con el atroz redentor Lazarus Morel, traficante y asesino de negros. Su gran negocio.