EFE
La profunda crisis económica que atraviesa Venezuela ha impedido que
se instaure un clima electoral en el país, que celebrará comicios
presidenciales el 20 de mayo mientras casi dos tercios de su población
vive en la miseria.
Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a poco más de 20
millones de venezolanos a las urnas, estos siguen concentrados en
resolver los problemas diarios, propios de una nación que registra
hiperinflación, escasez de alimentos, dinero físico y medicinas; y el
deterioro de los servicios públicos.
El jefe del Estado, Nicolás Maduro, fue el primero en anotarse en la
carrera por la reelección pero hasta el momento no ha salido de Caracas,
lo que ha limitado sus actividades de precampaña, enfocadas hasta ahora
en pequeños mítines en la capital venezolana para prometer el fin de la
crisis que comenzó bajo su mandato.
La convocatoria de votaciones fue hecha en primera instancia por la
oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano señalado de
fraudulento y no reconocido por buena parte de la comunidad
internacional, por lo que la contienda de mayo ha arrastrado el mismo
rechazo.
La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) y el antichavista Frente Amplio Venezuela Libre repudian la “farsa
electoral” de mayo y han llamado a los cuatro contendientes de Maduro a
retirar sus candidaturas pues, consideran, solo servirán para
convalidar “la dictadura”.
Sin embargo, el exgobernador Henri Falcón, el pastor evangélico
Javier Bertucci, el ingeniero Reinaldo Quijada y el empresario Luis
Alejandro Ratti mantienen sus nombres como opción para sacar del poder a
Maduro y poner fin a la llamada revolución bolivariana que se instauró
en 1999.
Falcón y Bertucci, los dos principales rivales del candidato
oficialista, llevan días recorriendo el país y han logrado reunir a
miles de personas en sus actos de precampaña, pero la concurrencia sigue
estando muy por debajo de los estándares históricos del país petrolero.
El exgobernador, un político que desertó del chavismo hace años y
desobedeció este año a la MUD al inscribir su candidatura, ha sufrido
ataques físicos sin gravedad durante un par de concentraciones.
Bertucci, en cambio, ha visitado 10 de las 24 entidades federales sin
contratiempos, lo que le ha permitido entregar más de 50.000 platos de
sopa a quienes participan en sus actos, que siempre tienen un aire
religioso.
Ambos se auguran la victoria sin dejar reprochar a Maduro, al que
llaman “el candidato del hambre”, la crisis de Venezuela, el país con
las mayores reservas de petróleo del mundo, del que se han ido cerca de 4
millones de sus ciudadanos en el último quinquenio, según estudios.
También ambos se han aferrado a las presidenciales como la única vía
para lograr un cambio político pacífico y, en este sentido, piden a la
MUD, a la comunidad internacional y a los venezolanos comunes deponer el
abstencionismo que, según varias encuestas, será el gran vencedor en
las urnas.
Mientras los candidatos buscan despertar al país del letargo
electoral, los ciudadanos hacen a diario colas a las afueras de
supermercados, bancos y farmacias para satisfacer necesidades primarias.
Entretanto, el Gobierno de Maduro atiende por estos días su más
reciente crisis bilateral, luego de que Caracas suspendiera vínculos
comerciales con entidades y personalidades de Panamá, y que ambas
naciones resolvieran poner fin a las relaciones diplomáticas a nivel de
embajadores.
El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del
Parlamento del Mercosur, el venezolano Williams Dávila, consideró hoy
que la medida de Caracas “pone en evidencia que (Maduro) no quiere
luchar contra la corrupción, el blanqueo de capitales y lo que busca es
bloquear el país”.
El Gobierno del panameño Juan Carlos Varela interpretó que se trata
de “una reacción política que carece de sustento”, adoptada por Caracas
“en represalia a las acciones anunciadas por Panamá”.
La semana pasada Panamá publicó una lista de 55 ciudadanos
venezolanos políticamente expuestos, entre ellos Maduro, y 16 empresas,
porque suponen un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva”.
EFE
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