MARTA DE LA VEGA
Se ha agudizado la situación precaria de la
mayoría de los venezolanos. Lo revela la Encuesta sobre Condiciones de Vida
realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y
Simón Bolívar, presentada en febrero de 2018. La pobreza por ingresos alcanzó
al 87% de la población. Al combinar la pobreza estructural y la
coyuntural, se ha determinado que la pobreza reciente llegó a 56% y, debido a
la inflación, aumentó en 2017. La pobreza permanente o crónica, muy
difícil de superar, ha llegado a afectar al 30% de la población.
Todos los indicadores de inclusión social
que definen el cálculo multifactorial de la pobreza, como las características
de la vivienda, el acceso a los servicios de salud, educación, protección y
seguro social, agua, energía, sistema de cloacas, carencia de electrodomésticos
como nevera o lavadora, empleo, muestran una desoladora involución. Más del 68%
de la población está sin seguro de atención médica. Cuanto menos se satisfagan
las condiciones materiales de vida y cuanto menor sea el ingreso por hogares,
más severa es la pobreza que golpea a diario a muchos sectores y que se agrava
cuando geográfica o territorialmente se hallan más alejados de los centros
urbanos.
El resultado es el empeoramiento de la
calidad de vida, no solo por pérdida de la capacidad adquisitiva sino por
carencias estructurales crecientes en los hogares, que se agudiza fuera de las
grandes ciudades en las zonas rurales o periféricas. Para 89,4% de los hogares
el ingreso familiar es insuficiente para comprar productos de la dieta básica.
La pobreza extrema pasó de 51,5% en 2014 a 61,2% en 2017. El éxodo
poblacional por múltiples carencias, aunado a la arremetida criminal del hampa,
ha alcanzado de 2016 a 2017 a casi 3 millones de personas.
Los nutrientes han mermado a tal punto que
la dieta básica se reduce a arroz y yuca para el 78,8% de los hogares como
primera opción de consumo, sin proteínas que garanticen un desarrollo
intelectual adecuado para los niños y asegure condiciones equilibradas de salud
para todos. También ha disminuido en 2017 con respecto a 2016 la ingestión de
hortalizas, con el incremento de las deficiencias vitamínicas y minerales. La
desnutrición crónica tiene efectos devastadores para las generaciones futuras y
la inanición se ha convertido en una causa importante de muerte no solo
infantil sino en adultos.
A pesar del aumento de los subsidios
alimenticios, estos son distribuidos irregularmente y de manera discrecional
por el gobierno, que utiliza como mecanismo de coacción ilegal la afiliación al
carnet de la patria o la inscripción al partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV).
No ha habido mejora social y menos aún
cambio social inclusivo. Contrasta este escenario de calamidades con el cambio
social en Colombia, que ha mostrado un 22% de caída de la pobreza de 2002 a
2015 y un aumento sostenido del 15% de la clase media.
Este grupo, desde 2013, supera en proporción
al grupo de pobreza, que a partir de 2010 ha dejado de ser el grupo mayoritario
de la población. El sistema de salud y la Ley 100, por mandato constitucional
desde 1991, ha significado un gran acuerdo social, más allá de tendencias
ideológicas o preferencias políticas, para lograr cobertura del 100% de la
población. La CEPAL reconoce hoy que Colombia tiene el mayor ritmo de
crecimiento de indicadores sociales de América Latina.
El colapso en Venezuela abarca no solo
indicadores económicos y sociales, como la crisis humanitaria provocada por la
caída de las importaciones, medicinas y alimentos, monopolio del Estado. O el sobreendeudamiento. También
la deserción escolar y universitaria, el deterioro de la educación superior, la
mentalidad de inmediatez o cortoplacismo, la anomia moral. Necesitamos un
acuerdo nacional más allá de un nuevo gobierno que dé continuidad a reformas
conducentes a la superación del modelo que ha destruido economía e
instituciones.
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