BEATRIZ DE MAJO
A quien se interrogue inadvertidamente en la calle sobre el lugar de proveniencia de los más bellos fuegos artificiales que haya visto en su vida, asegurará, sin dudar mucho, que son de factura china. De la misma manera, si se hace una exhaustiva investigación en las entidades policiales del mundo occidental sobre el lugar de manufactura de los instrumentos de tortura, escuchará de parte de los entendidos, en voz baja, que también vienen de China.
Esta dramática realidad, que tiene trágicas implicaciones desde el punto de vista de la transgresión de los derechos humanos, fue lo que llevó a Amnistía Internacional y la Fundación británica de Investigación Omega a publicar un informe sobre la materia en abril de este año. Omega Research Foundation es una ONG que investiga la comercialización de material utilizado por fuerzas de seguridad en el mundo. Sus hallazgos apuntan a que numerosos y diferentes instrumentos de tortura como mandarrias electrificadas, barras punzantes, sofisticadas esposas y cadenas, dispositivos y sillas diseñadas para los interrogatorios abusivos, hoy están siendo fabricados abiertamente en China. Parte de la producción es dirigida al mercado local, pero una parte sustantiva es comercializada en terceros países y la paradoja es que los clientes finales son principalmente cuerpos de policía, entidades encargadas de la administración y aplicación de la justicia y entes de inteligencia.
Desde el punto de vista de la transgresión de las normas de protección de los derechos humanos las implicaciones de este comercio son importantes. Los efectos de la utilización de estas herramientas calificadas como “intrínsecamente crueles” están reñidos con los principios morales relativos a los derechos humanos y al igual que coliden con la correcta administración y aplicación de la ley.
A pesar de que pasan de 100 las empresas que fabrican o participan de la comercialización de estos instrumentos, el gobierno chino no cuenta con las salvaguardas necesarias para impedir la exportación a entidades al margen de la ley, a organizaciones terroristas o a simples agrupaciones que no garanticen su buen uso. Como punto de partida, estas salvaguardas no existen para la exportación de armas de guerra; mucho menos aún para instrumentos como estos que son utilizados para fines inhumanos y abusivos o de simple represión. China es el único país en el mundo, por ejemplo, que manufactura barras con púas cuyo uso aterroriza de solo pensarlo.
El tema no los tiene indiferentes, sin embargo. Desde 2013 el Alto Tribunal prohibió la tortura dentro de su territorio, aunque partes interesadas sostienen que la disposición es apenas una mampara inútil. Las autoridades, por lo pronto, son negligentes en cuanto al destino final de las exportaciones. Buena parte de lo exportado va a parar a África o a países de Asia donde las legislaciones antitorturas son débiles o inexistentes y donde proliferan grupos terroristas que actúan por la libre. Senegal, Egipto, Ghana, Camboya y Nepal parecen ser mercados preferidos.
En todo caso, el estudio de las dos instituciones ha puesto el tema en el candelero. La Unión Europea desde hace 8 años tiene legislación que condena el uso de herramientas de tortura, y Estados Unidos por igual. Hace falta que los órganos de vigilancia de los derechos humanos se empeñen no solo en que se regule, sino en que se castigue decididamente a quienes fabriquen utensilios encaminados específicamente a torturar y se persiga a sus traficantes.
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