Trino Márquez
Algunos dirigentes opositores
plantean como objetivo para este año la realización de unos comicios generales de
todas las autoridades del Poder Ejecutivo y representantes populares ante los
órganos deliberantes. Esto incluye, desde luego, al Presidente de la República.
De nuevo
nuestros dirigentes vuelven a subestimar la capacidad manipuladora de Nicolás
Maduro y a proponer metas inalcanzables. Las elecciones generales no están
previstas en la Carta del 99. Para llevarlas adelante tendría que realizarse
previamente una reforma constitucional, para lo cual habría que convocar un
referendo aprobatorio, cuya fase inicial debería ser sancionada por el TSJ. Toda
una complicación retorcida, costosa e improbable. No queremos aprender de la
amarga experiencia que significó la imposibilidad de lograr el referendo
revocatorio propuesto en 2016. Si no se pudo materializar el RR -a pesar de
estar señalado en el artículo 72 de la Constitución, de haber sido Hugo
Chávez su creador y promotor, y de
haberse sometido el propio caudillo a esa prueba en 2004-, mucho menos
cristalizará una fórmula ni siquiera contemplada en la Carta Fundamental. Sería
otra desilusión.
A Nicolás
Maduro hay que imponerle la democracia y las elecciones con los instrumentos
proporcionados por el pacto constitucional. No existe otra vía. El camino insurreccional conduciría al fracaso.
No hay fuerza, ni es conveniente, paralizar el país bajo la consigna de
¡Elecciones generales ya! Entonces, qué queda.
Queda vincular
las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año con la
descentralización, la reforma institucional y política más importante de la
segunda mitad del siglo XX en Venezuela. La descentralización surgió como una
reivindicación de la provincia, recogida y potenciada por la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado, Copre, a mediados de la década de los
80. Para los ciudadanos del interior se había convertido en un imperativo
elegir sus propios gobernadores y alcaldes. Durante su fase inicial, ese cambio
institucional tuvo efectos altamente positivos. Se renovó el liderazgo político
nacional a partir de los nuevos rostros que fueron apareciendo y se elevó considerablemente
la eficiencia de esas viejas instituciones
que eran las gobernaciones en manos de las autoridades designadas por el poder
central.
Este cambio
fundamental fue revertido por el chavismo-madurismo. Con Nicolás Maduro, la
provincia ha regresado a una condición aún peor que la existente antes del inicio
del proceso descentralizador. En la actualidad la provincia se encuentra
marginada y empobrecida como nunca antes. La situación se explica por el modelo
económico y por el centralismo y el presidencialismo, llevados hasta extremos
antes desconocidos. Para la gente del interior resulta esencial volver a sentir
que sus autoridades están comprometidas con sus estados y municipios. Esta
labor de recuperación y relanzamiento de la descentralización no es sencilla en
las actuales circunstancias. El régimen estructuró un esquema piramidal donde
el poder se concentra en la cúpula. Desde Chávez se instaló una autocracia militarista
retrógrada que les confiscó las competencias a los gobiernos subnacionales y
acabó con la división vertical del poder dentro del Estado.
Aquí reside
uno de los grandes retos de la oposición democrática: recuperar la importancia
estratégica de la descentralización para democratizar el poder, redistribuirlo
en todos los órganos del poder Ejecutivo y empoderar a los ciudadanos. El punto
de partida de esa reconquista reside en
las elecciones de gobernadores.
Existe la
posibilidad de que el régimen pierda la inmensa mayoría de las gobernaciones y
desconozca, por lo tanto, a los mandatarios de la oposición, tal como ocurrió
con la Alcaldía Metropolitana. En una dictadura ese peligro siempre está
presente. Sin embargo, la alternativa es peor: que la oposición se desentienda
del destino de la provincia y permita que los nefastos gobernadores y alcaldes
rojos sigan dejando que el interior languidezca en medio de la ruina y el
abandono.
Levantar la
bandera de las elecciones regionales este año despertará el ánimo de los
sindicatos, gremios, federaciones, movimientos estudiantil, sociedad civil y
partidos políticos, negados a aceptar que el centralismo comunista destruya las
conquistas conseguidas en el pasado cercano.
Hay que
obligar, Constitución en mano, a Maduro a convocar esos comicios. El plazo para
elegir los gobernadores está vencido; para los alcaldes sólo faltan algunos
meses. A Maduro hay que tenderle un cerco institucional avanzando desde la
provincia hacia el centro. Sólo podrá negarse a convocar las votaciones si se
declara dictador. Hay que obligarlo a que tome una decisión y entonces sabremos
a qué atenernos.
@trinomarquezc.
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