(El PDN clandestino se legaliza con el nombre de Acción Democrática)
CARLOS CANACHE MATA
El 11 de mayo de
1941 se reunió en la casa de habitación de Rómulo Gallegos, en la ciudad de
Caracas, un grupo de dirigentes del PDN clandestino, con el objeto, según
explicó el ilustre novelista, “de constituir un partido político que canalizara
en planificada acción las aspiraciones manifestadas en torno a su candidatura
presidencial”, que, a comienzos de ese año, había sido calificada como
“simbólica” en la campaña electoral que culminó con la designación del general
Isaías Medina Angarita por el Congreso Nacional –en un proceso comicial de
tercer grado, al no existir el sufragio popular universal y directo- presidente de la República para el período
constitucional 1941-1946. Por razones tácticas, con el propósito de evitar
pretextos del gobierno para negar o dificultar la legalización, se cambió el
nombre de PDN (Partido Democrático Nacional,
todavía en la clandestinidad) por el de Acción Democrática; se decidió
que Rómulo Betancourt, que entre 1937 y 1939 había ejercido la Secretaría
General pedenista, no estuviera presente en la reunión ni firmara el Acta
Constitutiva del partido con el nuevo nombre ni los documentos de solicitud de
legalización; y se morigeró el programa del PDN clandestino que serviría de
base de acción de la organización política que buscaba autorización para su
funcionamiento.
La última razón es
por la que Rómulo Betancourt, años después, afirmó: “El programa de Acción
Democrática tuvo que ser un enunciado vagaroso de principios generales, y no el
concreto y sincero enfoque revolucionario de los problemas del país y de sus
soluciones posibles. Esa timidez programática fue subsanada por la forma franca
y sin esguinces con que enjuiciamos desde la tribuna pública, en la del
parlamento y en nuestra literatura de Partido, las grandes cuestiones
nacionales. Pero hubo indudable disparidad entre la plataforma cautelosa,
elusiva, de AD y el análisis de la problemática venezolana que popularizamos en
la oposición y luego nos guió en el Gobierno. Y no fue por deliberada intención
nuestra sino a causa de las circunstancias que condicionaron el nacimiento de
AD a la vida legal, que el programa del Partido no reflejó con suficiente
claridad el pensamiento de avanzada de sus ideólogos y organizadores” (1). Una
vez que Rómulo Gallegos sometió a la consideración de la Asamblea el Programa y
los Estatutos partidistas, los cuales fueron discutidos y aprobados, se eligió
un Directorio Nacional (artículo 85 de los Estatutos), que funcionaría hasta
tanto se celebrase la primera Asamblea Nacional del Partido, y el cual quedó
autorizado para gestionar la legalización de Acción Democrática, de conformidad
con la Ley para Garantizar el Orden Público y el Ejercicio de los Derechos
Individuales, la conocida y famosa Ley Lara.
Dos días después,
el 13 de mayo, se hizo la solicitud de legalización, acompañada de los recaudos
correspondientes, ante la Gobernación del Distrito Federal, firmada, en nombre
del Directorio Nacional, por Rómulo Gallegos, Presidente; Andrés Eloy Blanco,
Primer Vicepresidente; L. Mosquera, Segundo Vicepresidente; Directores Luis B.
Prieto F., Luis Lander, Arturo Briceño, Julio Ramos. En fecha 4 de junio del
mismo año 1941, la Gobernación del Distrito Federal dirigió una comunicación a
los ciudadanos Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, doctor Luis B. Prieto F.,
doctor Luis Lander, Arturo Briceño, Julio Ramos, Ricardo Montilla y doctor Juan
P. Pérez Alfonzo, en la que, aparte de
unas observaciones sobre algunas disposiciones estatutarias debidamente
atendidas, les informa que el Consejo de Ministros, en sesión efectuada el 23
de mayo último, había acordado que el partido que aspiraba ser legalizado,
Acción Democrática, debía pronunciarse previamente “sobre las cuestiones
fundamentales” que de seguidas se transcribían: “En relación con el derecho
de propiedad 1°. a) ¿Debe abolirse la propiedad privada?, b) ¿Debe abolirse
la propiedad privada tan sólo sobre los bienes de producción?, c) ¿A cuáles
limitaciones debe estar sometido el derecho de propiedad? En relación con la
libertad económica 2°. a) ¿A cuáles limitaciones debe estar sometido el
ejercicio de la libertad económica? En relación con la lucha de clases
3°. a) ¿La vida social es el campo de una lucha de clases?, b) ¿Debe llegarse
al establecimiento de una sociedad sin clases? En relación con la familia 4°.
a) ¿Debe conservarse la familia como célula fundamental de la sociedad?, b)
¿Debe extinguirse la familia y ser suplantada por la colectividad o por el
Estado? En relación con el Estado 5°. a) ¿Debe el Estado suplantar al
individuo, y en caso afirmativo en cuáles actividades y hasta qué punto? b)
¿Debe el progreso de la sociedad proponerse como ideal la supresión del Estado?
En fecha 14 de julio
de ese año 1941, los solicitantes de la legalización del funcionamiento de
Acción Democrática, respondieron a la Gobernación del Distrito Federal,
“prescindiendo de todo lo concerciente a los fundamentos legales de los
requisitos exigidos”, a todas las preguntas hechas, con las debidas
explicaciones y fundamentaciones teóricas, pero precisando que “las respuestas
a las interrogaciones planteadas en el precitado cuestionario están contenidas
en forma expresa o claramente implícita, en los postulados programáticos de
nuestra organizaión “.
El 29 de julio de
1941, la Gobernación del Distrito Federal dió la autorización legal para el
funcionamiento de Acción Democrática por cuanto “se pronunció en forma satisfactoria
sobre las cuestiones fundamentales que le fueron sometidas –de acuerdo con lo
resuelto en Consejo de Ministros- y por cuanto se han llenado las demás
formalidades legales, este Despacho, de conformidad con el artículo 17 de la
Ley para Garantizar el Orden Público y el Ejercicio de los Derechos
Individuales, concede la autorización solicitada”.
Menos de dos meses
después, el 13 de septiembre, Acción Democrática celebró su asamblea pública
inicial en el Nuevo Circo de Carcacas, en la que hablaron Rómulo Gallegos
(sobre la orientación general de Acción Democrática), Andrés Eloy Blanco (sobre
la ofensiva cultural del partido), Luis B. Prieto F. (sobre los problemas de la
educación), Mario García Arocha (sobre la cuestión electoral), Ricardo Montilla
(sobre los problemas de la provincia) y Rómulo Betancourt (sobre los problemas
económicos de la nación).
En su discurso,
Rómulo Gallegos, dijo: “En nombre de ese pueblo que ama, sufre y espera, Acción
Democrática invita a todos los demócratas venezolanos a sentarse aquí, nosotros
entre ellos”. Y, aludiendo a lo que Ramón J. Velásquez llamó “el examen
ideológico” (2) por el que tuvo que pasar Acción Democrática, Rómulo Gallegos apuntó: “¿Se ignora, acaso,
que fuimos sometidos a un interrogatorio inquisitorial sobre puntos cardinales
de ideología social y política? Sí, señores. Se nos preguntó lo que no debía
preguntársenos; pero respondimos diáfanamente. Y digo que no debieron
hacérsenos tales preguntas porque nuestro programa escrito y suscrito
responsablemente, ya era una definición categórica, inequívoca, que debió de
merecer confianza…Pero respondimos, diáfanamente y aquí estamos ratificando
nuestras definiciones ante el pueblo soberano. Somos demócratas, estricta, pero
también ampliamente”.
Rómulo Betancourt, en su discurso, vaticinó
que “este Partido nació para hacer historia”. A él le correspondió,
fundamentalmente, tratar los problemas de la economía nacional. Señaló que “somos
una Nación paradójicamente rica y empobrecida”, y se preguntó “¿cuál es la causa
de que un país como Venezuela, el que exporta más petróleo en el mundo y figura
en el tercer puesto en la escala mundial en la producción de esa pingue
minería, presente un cuadro tal de colectiva pobreza?”, respondiendo de
seguidas que “la razón es esta: nuestro país, económica y fiscalmente, está
girando alrededor de una sola fuente de riqueza: el petróleo; y los gobiernos
venezolanos no han sabido, hasta ahora, imprimirle un ritmo agesivo, dinámico,
a las otras fuentes de producción”. Y dió cifras que muestran cómo ha caído la
producción agrícola, pecuaria e industrial de la nación: en el decenio
1920-1930 las exportaciones venezolanas, excluyendo petróleo y oro, se
mantuvieron a un promedio de 130 millones de bolívares, mientras que en el
decenio 1930-1940, las exportaciones, excluyendo también petróleo y oro, fueron
apenas de 31 millones de bolívares, lo que provocó su exclamación de “¡100
millones de bolívares menos que hace 20 años!”. Y anotó que, además del peligro de cifrar
nuestro destino en la sola carta de la industria minera y de la influencia que
las empresas explotadoras ejercen en la vida económica y fiscal del país, se
constata también el peligro de que esa influencia se ejerza “en una forma
indirecta, pero no por eso menos efectiva, sobre el rumbo político y
social de la Nación, porque manda en la
casa quien tiene la llave de la alacena”.
Betancourt afirmó
que la bancarrota de la producción agrícola, pecuaria e industrial era la causa
principal del alto costo de la vida que “agobia” a la mayoría de la población.
Citó los informes de entidades extranjeras, como el de la Comisión FOX,
contratada por el Ministerio de Hacienda, y el de Ingenieros FORD, BACON y
DARIS, contratados por la Standard Oil, que “afirmaron categóricamente que el alto
costo de la vida determina la subalimentación del pueblo”. Aseguró que esa
situación se ha agravado por la guerra europea -que pasaría propiamente a ser
Segunda Guerra Mundial cuando el 7 de diciembre de ese año 1941 (ataque japonés
a la base aeronaval de Pearl Harbor) Estados Unidos entró en ella- la cual ha determinado que “ha aumentado el precio
de cuanto compramos en el extranjero: casi todo lo consumido en el país”.
Planteó nuevamente la necesidad de una reforma tributaria, “realizada en forma
tal que se disminuyan impuestos descargados actualmente sobre las espaldas
abrumadas del consumidor, y que se trasladen parcialmente al menos sobre las
espaldas bien fuertes de los poseyentes de riqueza, especialmente de quienes
mantienen congelados en los bancos, en forma de depósito que no cumplen con la
función social del dinero, buena parte de las reservas monetarias de la
República”; y pidió la aplicación a las compañías petroleras del artículo 21 de
la Ley de Arancel de Aduanas que “faculta al Estado venezolano para cobrar en
casos de emergencia, como éste confrontado actualmente por el país, un tributo
de hasta el 10% sobre el valor comercial de las exportaciones de minerales”, lo
que generaría al fisco nacional un ingreso “no menos de 80 millones de bolívares
anuales”, que sería muy apreciable para añadirlo al monto de los trescientos
millones de bolívares anuales del Presupuesto Nacional. Exigió la puesta en
marcha de una Reforma Agraria, advirtiendo que “nuestro programa señala la
forma como puede y debe el Estado proveer de parcelas –y con ellas, del crédito
barato y del implemento agrícola- al hombre de nuestros campos”. A tal efecto,
mencionó las tierras confiscadas a la Sucesión Gómez, las tierras ejidales y
baldías, usurpadas por personas influyentes de otras épocas, y las haciendas
abandonadas por sus dueños que se adquieran a su justo precio y se pongan en
manos de los campesinos agricultores. Y, no podía faltar, insistió una vez más
en que “se aplique el termocauterio de la sanción sobre esa verdadera lepra de
la Administración Pública que es el peculado”.
Por último, el
fundador de Acción Democrática –que, como vimos, por esas cosas de la vida, fue
conveniente que no firmara la solicitud para que el gobierno otorgara la
legalización ínsita a su fundación- abogó por la unidad de los países
latinoamericanos para que “podamos entendernos con nuestros vecinos del Norte
de quien a quien, de soberanía fuerte a soberanía fuerte, porque ya no existan
frente a los Estados Unidos del Norte los Estados Desunidos del Sur, de que
hablara Sarmiento”.
En
cumplimiento de su rol histórico, Acción Democrática aspira a ser “el cemento
que amalgame, para hacerla cada vez más fuerte y más viril, el alma inmortal de
la Nación”, fueron las palabras finales de su discurso.
--------
1) Rómulo
Betancourt, “Venezuela, política y petróleo”, página 134, Fondo de Cultura
Económica. Primera edición, 1956.
2) Ramón J.
Velásquez, “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Ultimo Medio
Siglo”, “Venezuela Moderna 1926-1976”, página 42.
No hay comentarios:
Publicar un comentario