FERNANDO OCHOA ANTICH
EL NACIONAL
La renuncia de los señores J. J. Rendón y Sergio Vergara, jefe y miembro respectivamente de la Comisión de Estrategia del equipo asesor del presidente Juan Guaidó, como consecuencia del fracaso de la Operación Gedeón, demostró que esta se planificó y realizó sin su autorización y mucho menos con el respaldo de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado había formulado recientemente una nueva propuesta de negociación para resolver la crisis venezolana. Este fracaso obliga a la oposición democrática a iniciar un amplio debate que permita definir la actual situación política de Venezuela y establecer una nueva estrategia, en concordancia con el gran apoyo internacional que mantiene, para enfrentar al régimen madurista. El primer aspecto que se debe dilucidar en ese debate es si realmente es posible mantener los objetivos establecidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al juramentarse como presidente encargado de la República ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro: “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.
Ante la decisión de Maduro de mantenerse en el poder a cualquier costo, el logro del primer objetivo, “cese de la usurpación”, exige necesariamente del uso de la fuerza. En este sentido es evidente que la oposición venezolana carece absolutamente de un instrumento coercitivo que le permita imponer su voluntad. Se requiere para ello de una estructura aliada, capaz de apoyar a la oposición en el logro de ese objetivo. Sin embargo, sabemos que la Fuerza Armada Nacional, única organización en el ámbito interno con capacidad para materializar ese cometido, ha dado repetidas demostraciones de no querer hacerlo. La otra alternativa, es decir, una intervención militar multilateral, no está planteada, al menos en el futuro inmediato. Esta apreciación se desprende de las últimas declaraciones de altos personeros de los gobiernos de países democráticos que abogan por un cambio político en Venezuela a través de una negociación entre gobierno y oposición. En consecuencia, hay que concluir que el logro del primer objetivo, en estas circunstancias, es irrealizable.
Ante esta situación, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, presentó, el pasado 31 de marzo, un plan denominado Marco Democrático para Venezuela y expresó a través de un comunicado que: “Una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva para resolver la grave crisis política venezolana”. Los aspectos más importantes de ese plan son: constituir un Consejo de Estado de cinco miembros electos por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, con un presidente seleccionado entre y por esos mismos cinco miembros; retirarse Nicolás Maduro y Juan Guaidó de la Presidencia de la República; preservar los dos la opción de ser candidatos en las elecciones presidenciales; restablecer todos los poderes y autoridades de la Asamblea Nacional; elegir, por ese órgano legislativo, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia; convocar a elecciones, con amplia observación internacional durante todo el proceso comicial; levantar las restricciones a individuos y partidos políticos para permitir su libre participación en dichas elecciones.
Naturalmente, Nicolás Maduro rechazó dicho plan, pero Mike Pompeo, al hacerlo público, dio a entender que su aplicación era condición sine qua non para la suspensión de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Este es un aspecto de suma importancia. Venezuela, al terminar el largo encierro de más de noventa días se encontrará en una situación de tal gravedad, en todos los órdenes de la vida nacional, que será imposible para el régimen madurista enfrentarla con posibilidades de éxito. Estoy convencido de que la violencia, en tan complejas circunstancias, será incontrolable. Nicolás Maduro vivió la tragedia del 27 de febrero de 1989, el estallido social en Caracas, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Todos conocemos sus dolorosos resultados. Además, hay que resaltar que la situación de aquel año no es en nada comparable con la actual. Los venezolanos sabemos de la ingente cantidad de armas de fuego de todo tipo y calibre que están en manos de bandas armadas en las barriadas de nuestras grandes ciudades y de la violencia que pueden generar. Los recientes enfrentamientos ocurridos en Petare así lo demuestran.
Nicolás Maduro y su gobierno no están capacitados y carecen de voluntad para resolver la tragedia que han generado. Además, su total falta de legitimidad es un serio obstáculo para el ejercicio del poder. Es momento de reflexionar y negociar. Mis lectores me conocen. Soy comedido para opinar, pero no puedo callar ante la gravedad de lo que observo. El plan propuesto por Pompeo es muy amplio y sorprendentemente favorable tanto para el madurismo como para la oposición. Es imprescindible constituir un gobierno de transición que convoque a unas elecciones nacionales, libres y trasparentes, a la brevedad posible, para poder contar con un Poder Ejecutivo legítimo capaz de presentarse ante el mundo con un rostro diferente que le permita superar la crisis que nos azota, reinstaurar el Estado de Derecho y retomar un camino de progreso en un clima de paz y libertad. Señor Maduro, su responsabilidad ante esta tragedia es inexcusable. Si usted continúa negando esa posibilidad, solo para satisfacer su ego personal y su desmedida ambición de poder, estará cometiendo un crimen. El pueblo venezolano no lo merece. Usted debería pensar en Venezuela y en la historia.
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