EL COSTO POLITICO DE LA CRISIS
Trino Márquez
El anuncio por parte de Nicolás
Maduro de un mes más de cuarentena, sin haber presentado un balance completo de
lo que está ocurriendo, de cuáles son las perspectivas para el futuro cercano y
de cómo se normalizará progresivamente el país, parece tener un solo objetivo: reducir
a cero el costo político de la incuantificable crisis que vive el país.
Intenta lograr
que la falta de gasolina, el verdadero Covid-19, el acelerado repunte de la
inflación en el área de los alimentos, la devaluación vertiginosa, la falta de
electricidad, agua, gas doméstico y efectivo, la pérdida de empleos, el
deterioro del transporte público y de todo el sistema de salud, no erosionen al
régimen. Entretanto, Maduro persiste en su posición: no acepta ninguna salida
negociada que pase por la convocatoria a unas nuevas elecciones presidenciales
libres. Prepara el terreno para anunciar los comicios legislativos cuando la
oposición se encuentre en condiciones de extrema debilidad, y a la mayoría del
país le parezca un lujo asiático concurrir a una cita electoral en medio de
tanta precariedad. En ese momento chantajeará a su clientela y la movilizará a las urnas de
votación. Esa franja de votantes le bastará para ganar con comodidad la mayoría
de la Asamblea Nacional.
Mientras la
nación esté acuartelada y aterrorizada por el temor a la expansión del corona
virus, los partidos políticos, sindicatos, gremios profesionales, federaciones
estudiantiles, ligas campesinas y asociaciones empresariales, no podrán
deliberar, trazar planes y movilizar a
sus militantes para protestar por el deterioro tan atroz de la calidad de vida.
El gobierno no tendrá rivales de consideración.
Los ciudadanos
no podrán organizarse para denunciar y combatir, digamos, los abusos que
cometen los miembros de los distintos
cuerpos de seguridad del Estado con la distribución de la gasolina. El acceso al combustible está mostrando el
perfil más degradado de las Fuerzas Armadas, cuerpo que se desdibujó desde hace
mucho tiempo. Los oficiales de esa -¿puede llamársele institución?-, no importa
si son generales o tenientes, atropellan a la gente: pasan por encima de las
largas colas que se forman o cobran cifras escandalosas por surtir de
combustible un vehículo. Ya no es el contrabando de extracción el que sirve de
fuente de enriquecimiento ilícito. No es necesario. El lucrativo negocio puede
realizarse dentro del territorio nacional. En Venezuela, luego de la
destrucción de las refinerías de crudo, se pasó de repente a vender la gasolina
más cara del planeta, sin que ninguna institución del Estado bolivariano asuma
la defensa del consumidor. Los organismos dedicados supuestamente a proteger
los ciudadanos, se ensañan contra Empresas Polar, la gran surtidora de
alimentos del país, pero se abstienen de detener los abusos contra los
conductores que pasan días en interminables filas de automóviles. En esa red de
corrupción participan agentes uniformados a quienes el gobierno les permite perpetrar
toda clase de desmanes.
El costo de la
desidia, la ineficacia y la descomposición gubernamental es inexistente. El
aislamiento social, y su consecuencia práctica, el confinamiento, le permite
actuar al régimen con entera comodidad y sin ninguna clase de riesgo. Puede
manipular y adulterar episodios lamentables como la chapuza de Macuto, sin que
su versión sea contrastada en amplios escenarios con otras opiniones. Se trae sin
inconvenientes a soldados rusos que violan la soberanía nacional o a iraníes
que cobran fortunas por intentar poner a
funcionar refinerías construidas con tecnología norteamericana. No existen
límites que no puedan violar impunemente.
El régimen
encontró en el Covid-19 un aliado formidable. Un socio que, a pesar de provenir
de China, no lo esquilma, sino que le sirve de forma incondicional y gratuita a
librarse de las responsabilidades por el inmenso desastre que ha creado.
@trinomarquezc
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