COLLAGE SOBRE RÓMULO BETANCOURT (XIV)
(Oposición al
gobierno del General Isaías Medina Angarita)
CARLOS CANACHE MATA
En los años del
gobierno (5 de mayo de 1941-18 de octubre de 1945) del general Isaías Medina
Angarita, Acción Democrática, legalizada el 29 de julio de 1941, fue
prácticamente el único partido de oposición.
La “Unión Nacional
Estudiantil” (UNE), que había surgido de la escisión de la “Federación de
Estudiantes de Venezuela” (FEV) en 1936, constituyó luego el partido “Acción
Electoral” (legalizado el 20 de octubre de 1938), que, a su vez, se transformó
en el partido “Movimiento de Acción
Nacionalista” (fundado el 6 de diciembre de 1939), para finalmente fundar el
partido “Acción Nacional”, que es legalizado, bajo el gobierno de Medina
Angarita, el 2 de junio de 1942. Este partido, liderado por Rafael
Caldera, manifestaba en su programa,
como actividad primordial, su lucha “contra la propagación e implantación del
ideario marxista en Venezuela” y colaborar “a fin de que el actual
resurgimiento republicano no se vea obstaculizado o desvirtuado en su
trayectoria hacia el establecimiento definitivo del gobierno de derecho en
Venezuela”. No era, pues, “Acción Nacional” un partido de oposición.
Las “Agrupaciones
Cívicas Bolivarianas” habían sido fundadas en 1937 en todo el país, en apoyo de
su gobierno, por el presidente López Contreras, las cuales eran más un
instrumento electoral que político, y eran las encargadas de presentar las
listas oficiales de candidatos en las elecciones, únicas en las que intervenía
el voto popular, de los miembros de los
Concejos Municipales y de las Asambleas legislativas de los Estados. Estas
Agrupaciones, para mediados de 1943, que seguían al ex-presidente López, se
habían distanciado de Medina por el rumbo que había tomado su gobierno al
aliarse con los comunistas, por su falta de atención a las necesidades de las
Fuerzas Armadas, y por sus propias expectativas de intervenir en la no muy
lejana sucesión presidencial.
Ramón J. Velásquez
hizo la siguiente consideración: “…Pero ni ‘Acción Nacional’ ni el lopecismo
tenían fuerza ni organización para librar la batalla diaria de la oposición
contra el régimen. Esta tarea la asumió íntegramente durante los cuatro años
del gobierno de Medina Angarita, el partido Acción Democrática” (1).
Tampoco formaban
parte de la oposición los comunistas que, el 8 de agosto de 1941, constituyeron
en el Distrito Federal el partido “Unión Municipal”, el cual posteriormente,
junto con la Liga de Unificación Zuliana y otras agrupaciones formadas en
algunos estados, fundaron en Caracas el partido “Unión Popular Venezolana”,
legalizado el 16 de marzo de 1944. Los comunistas, en comparsa con el oficialismo, actuaban bajo la
consigna “¡Con Medina contra la reacción!”, que Acción Democrática
inmediatamente replicó con la de “Contra la reacción dondequiera que esté”.
Por todo lo expuesto líneas arriba, es que
años después, Rómulo Betancourt escribió, con toda razón, que en la oposición
la “unica expresión políticamente organizada era Acción Democrática” (2). Empero esa oposición, aunque firme, adaptó su
enfrentamiento al Gobierno a los graves riesgos que acechaban al país, por su
condición de principal exportador de petróleo a los países que estaban
combatiendo contra el Eje nazi-fascista en la Segunda Guerra Mundial.
Submarinos nazis se movían en las aguas del Caribe, el 15 de febrero de 1942 hundieron en aguas
venezolanas el tanquero “Monagas”, con tripulación y bandera venezolanas, al
día siguiente fueron bombardeadas instalaciones de la Standard Oil en Aruba, y,
días después, el 19 de abril, fueron cañoneadas en una bahía de Curazao las
instalaciones de la Royal Ducht-Shell. Esos sucesos eran motivo de
“preocupación patriótica” que influían, como lo señalara Rómulo Betaancourt, “para
asordinar el tono oposicionista” (3).
Era ese el
escenario, nacional y mundial, en el que Acción Democrática, ya legalizada y
después del gran mitin del 13 de septiembre de 1941 en el Nuevo Circo de
Caracas, tiene que emprender la organización del partido en todo el país,
fortaleciendo las estructuras creadas por el PDN en la clandestinidad y
ampliándolas masivamente con nuevos militantes. Es cuando se traza la consigna
de “ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de Partido”. A
esa tarea, y para dialogar con el pueblo y conocer sus problemas, se dedicaron,
entre 1941 y 1945, los dirigentes de Acción Democrática al girar y desplazarse
por todo el territorio nacional. Betancourt señaló después que esos años le
enseñaron sobre su país “mucho más de cuanto aprendiera en vigilias estudiosas
sobre las páginas de los libros” y que “confirmó” que había dos Venezuela: “Que
la Venezuela urbana, metropolitana, la de Caracas y sus aledaños, estaba
superpuesta a otra Venezuela, de producción estancada, atraso técnico y
pauperismo popular. Y también resultó fácil captar un sentimiento de
frustración y descontento muy difundido, producto de la coexistencia sobre una
misma tierra, de dos países: el minoritario y de holgado bienestar y el otro,
infinitamente más numeroso y marginado a las ventajas de la vida civilizada.
Ese sentimiento lo expresaban hombres y mujeres de todas las regiones, con
acento y tono que ya alcanzaba dispasones de cólera. Era el de que se imponía
un vuelco revolucionario en la situación nacional, tapiado como estaba el
camino pacífico del voto para cambiar hombres y sistemas de Gobierno” (4).
En el recorrido
por el país, Rómulo Betancourt y los demás dirigentes nacionales del partido
hicieron planteamientos fundamentales. Entre otros citaremos los siguientes.
Exigieron la
devolución al pueblo de su soberanía usurpada, mediante el establecimiento del
sufragio universal, directo y secreto para la escogencia del Presidente de la
República y de los miembros de los cuerpos deliberantes, porque, afirmó
Betancourt años después, “la república, devino, en la práctica, una especie de
monarquía electiva, con facultad implícita en el Presidente saliente de
designar al Presidente entrante” (5).
Reclamaron que el
aparato electoral se integrara en forma tal que fuese imposible que el fraude
se impusiera adulterando y cambiando la voluntad de los votantes. Solicitaron
categóricamente la eliminación, en la Administración Pública, del peculado,
“este vicio tradicional que avivó en el país al amparo del auge petrolero y
sólo con variantes formales fue heredado de Gómez por sus causahabientes
testamentarios que gobernaron a la nación en la década 1935-1945”.
Se clamaba por una
participación justa del país en las ganancias de la industria petrolera, explotada
por compañías extranjeras que eran las que obtenían los mayores beneficios. En
1930, Gumersindo Torres, aunque era ministro de la dictadura de Gómez (ejercía
la cartera de Fomento, a la que estaba adscrita la materia petrolera) tenía
conciencia nacionalista, señaló que en los siete años precedentes las compañías
petroleras se habían beneficiado, por el solo concepto de exoneraciones
aduaneras, con la cantidad de 219 millones de bolívares, mientras que el Fisco
venezolano sólo había obtenido 187 millones de bolívares por concepto de
impuestos sobre la industria de hidrocarburos, y fue entonces cuando dijo la
memorable frase de que “las compañías se llevan el petróleo y el gobierno les
paga para que se lo lleven”. Después de la indolencia oficial acerca de un cambio
importante en las relaciones entre el Estado y las empresas, el 17 de julio de
1942, el presidente Medina Angarita anunció una revisión de la legislación para
que “Venezuela obtenga en la explotación de sus riquezas naturales la parte que
en justicia le corresponde”. Así apareció el proyecto de ley de reforma petrolera
que se materializaría en 1943, iniciándose conversaciones entre representantes
del gobierno y de las compañías petroleras, a puertas cerradas, dentro del mayor
hermetismo.
Acción Democrática
fue invitada a la concentración en apoyo de la reforma petrolera, cuyo
contenido no se conocía, que se realizó en la Plaza de Los Museos en Los Caobos
el 17 de enero de 1943, con la presencia del presidente Medina y representas de
diversas organizaciones políticas, económicas y de trabajadores. Entre los
oradores, le correspondió a Rómulo Betancourt fijar la posición de Acción
Democrática, que la resumió así: “El aumento hasta límites de estricta justicia
de la participación nacional en la riqueza petrolera, el traslado a Venezuela
de las refinerías en las que se ‘trata’ el mineral extraído de nuestro
subsuelo, la reducción del plazo de vigencia de los contratos, la abolición de
las absurdas exoneraciones de impuestos aduaneros a empresas concesionarias y
seguridades de mejoramiento económico y social
de los técnicos, empleados y obreros al servicio de las compañías; éstos
son los pivotes donde debe insertarse una nueva política minera de gran
envergadura”. Precisó, finalmente, que al conocerse los lineamientos
fundamentales de la reforma, el partido haría “las observaciones y sanas
críticas” que contribuyeran “a hacer de
la ley que se sancione un hito plantado en el camino hacia la conquista de
nuestra cabal independencia económica”.
Efectivamente, al
aprobarse en el Congreso en marzo de 1943 el Proyecto de Ley de Hidrocarburos
(el día 5, el informe de la Comisión de Fomento; y el día 12, en plenaria de la
Cámara de Diputados), el diputado Juan Pablo Pérez Alfonzo en forma personal, y
diputados de Acción Democrática e independientes, salvaron sus votos.
El diputado Pérez
Alfonzo considera las ventajas de la
Ley, y señala sus desacuerdos con la misma. En cuanto a las ventajas, las
agrupa en las de orden técnico y jurídico, y en las de orden económico. En las
primeras -cito textualmente- “sobresalen
la unificación de las relaciones de los concesionarios y el Estado; y la más
definida y clara intervención que en el funcionamiento de la industria se
reconoce al mismo Estado. Entre las segundas, es decir, las de orden económico,
“parecen indiscutibles el aumento apreciable de los impuestos, tomados en
conjunto, y no obstante la desaparición de impuestos que antes pagaban los
concesionarios; la supresión de la exoneración de tributos aduaneros, la
regulación del transporte del petróleo, la obligación para las Empresas de
llevar en Venezuela su contabilidad industrial, la supresión de diferencias
injustificadas de los impuestos cobrados a los concesionarios por razón de la
ubicación de las parcelas, y los convenios respecto a refinerías celebrados en
relación con el proyecto”. En lo que respecta a los desacuerdos, Pérez
Alfonzo dice: “Todo este conjunto
positivo constituiría, indudablemente, un adelanto en la solución del problema
del petróleo. Más, cuando se pretende que las ventajas señaladas signifiquen la
liquidación del pasado,’la sanatoria absoluta de todo vicio anterior y
terminación completa de toda acción o reclamo que pudiera originarse’ de la
situación anterior, se sostiene una pretensión de imposible realización. Porque
si hay algo cierto, indiscutible, como hecho
de la vida real, es la situación creada y mantenida en Venezuela por la
industria del petróleo. Cómo han expoliado esa riqueza del pueblo venezolano no
obstante conocer las necesidades de ese mismo pueblo, es un hecho público y
notorio. Validas las compañías de las debilidades de quienes con o sin derecho
han repreentado a la Nación, ac- tuando al margen del derecho y la justicia han
realizado utilidades ilegítimas ocasionando daños cuya reparación no puede ser
borrada por una simple disposición de una Ley: no hay, ni puede haber, figura
jurídica alguna que haga de la injusticia, derecho”.
El voto salvado de
los diputados de Acción Democrática e independientes, después de añadir
consideraciones al análisis de Pérez Alfonzo, afirma que el impuesto de explotación sumado a
los tributos fijos también pautados por la Ley “no garantiza un justo
equilibrio de ganancias entre la Nación y las Compañías, ni mucho menos asegura
esa pregonada participación de Venezuela en más del 50% de los ingresos
obtenidos por las Empresas explotadoras del subsuelo petrolero del país”.
El
Presidente de la República, general Isaías Medina Angarita, puso el “ejecútese”
a la nueva Ley de Hidrocarburos el 13 de marzo de 1943.
1)
Ramón J. Velásquez, “Aspectos de
la Evolución Política de Venezuela en el Ultimo Medio Siglo”, Venezuela
Moderna, página 46.
2)
Rómulo Betancourt, “Venezuela,
política y petróleo”, página 134, Fondo de Cultura Económica.
3)
Rómulo Betancourt, obra citada,
página 134-135.
4)
Rómulo Betancourt, obra citada,
página 136.
5)
Rómulo Betancourt, obra citada,
página 138.
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