Cría cuervos…
Humberto García Larralde
Una noticia reciente recoge la muerte, a manos de funcionarios de la Dirección de Investigación Penal de la PNB, de un integrante de la banda del “Loco Leo” del Valle. Había comenzado a desalojar a funcionarios policiales de sus viviendas en la parroquia El Valle bajo amenaza de muerte. En este afán, asesinó a un funcionario del Cicpc y atentó contra otros dos en sus respectivas viviendas[1].
La población del barrio José Félix Ribas en Petare estuvo una semana en vela hace poco por el enfrentamiento entre la banda de Wuileisys Acevedo Monasterios, “Wilexis”, y la de “El Gusano”, recién liberado de la cárcel de Tocorón, dicen que precisamente para liquidar a Wilexis, a cuenta de que se había apartado del régimen de Maduro. En 2017 el entonces alcalde del Municipio Petare, José Vicente Rangel Ávalos, lo había nombrado Juez de Paz de la zona, “entregándole” el barrio José Félix Ribas –según afirma la periodista Ibéyise Pacheco–, “con armas de guerra incluidas”. Para muchos de sus habitantes, mantenía a rayas a los rateros y otros delincuentes menores, garantizando “seguridad”. Enseñoreado del barrio más grande de Petare, cobraba dinero de “protección” a comerciantes, controlaba el tráfico de drogas y el reparto de las bolsas CLAPs. Jefe.
El lector recordará las llamadas “Zonas de Paz”, negociadas por el régimen con delincuentes en distintas regiones. La policía se abstendría de actuar en estas zonas a cambio de que ellos no cometieran crímenes. Una de las más notorias es en Caracas, en la Cota –coto de caza– 905 de Caracas, en la que reina “El Coqui”. Otra, localizada en Barlovento, ampara a secuestradores y asaltantes de carretera. En los Valles del Tuy acaban de cobrar una nueva víctima, el arquitecto Ricardo Fuenmayor. Salpicando la geografía nacional, sirven de base de megabandas que salen a delinquir.
Luego debe mencionarse el “entendimiento” entre los pranes –capos de bandas criminales—que controlan las cárceles y la ministra de Prisiones, Iris Varela. Mientras aquellos mantengan el orden interno, su despacho no se inmiscuirá en sus asuntos. Así, cuáles émulos de Pablo Escobar en el Vigado, se dedican a cobrar por secuestros, robo de vehículos, tráfico de drogas, extorsiones y ajustes de cuenta, desde la protección de sus celdas. El contubernio entre la ministra y los pranes es tal, que ella se da el tupé de amenazar con sacar a los presos para defender a su “revolución”.
Lo anterior no es fruto de decisiones equivocadas o traspiés de uno que otro alto funcionario descarriado. Se enmarca en lineamientos de política que han sido centrales al dominio chavista. Hunde sus raíces en la apelación a los llamados “colectivos” para reprimir y asesinar a quienes protestan, con apoyo –como ha quedado filmado en numerosos videos—de la Guardia Nacional. La profesión de fe “revolucionaria” de tales colectivos les ha ganado posiciones de poder, como el control del 23 de Enero por parte de los Tupamaros y del colectivo “La Piedrita”. Ahí tampoco debe entrar la policía: son jurisdicciones autónomas, especie de microestados. Hace poco circuló un largo video sobre el “Chino” Carías, uno de los líderes de Tupamaros, quien llegó a ser nombrado Jefe de la Policía de Caracas cuando Juan Barreto fue Alcalde Mayor. Carías había sido acusado años antes de asesinar policías. En realidad, los colectivos hoy son emblema del poder Madurista, pues en ellos se imbrican supuestos militantes “revolucionarios”, malandros, esbirros del Sebin o de la DGCIM, y militares “rueda libre”.
Más arriba, son notorios los ascensos, nombramientos y/o promociones hechas desde la Presidencia de quienes han sido señalados por agencias de EE.UU. de estar incursos en tráfico de drogas, lavado de dinero o violación de derechos humanos. El alto “gobierno” los exhibe con desfachatez: los generales Néstor Reverol, el “Pollo” Carvajal, Benavides Torres, Gustavo González López; la fiscal Katherine Harrington; los jueces Maikol Moreno, Susana Barreira; y muchos otros.
El chavismo, en defensa de su abuso autocrático del poder, ha apadrinado y protegido a quienes se destacan violando el ordenamiento legal. Y no podía ser de otra manera. Quienes se han atrincherado en los nodos decisorios del estado para expoliar al país se sostienen en complicidades, no en el apego a la ley. El desmantelamiento del Estado de Derecho, tan central a sus oportunidades de “negocio”, ha creado una situación de anomia. La ausencia de normas para la convivencia social es reemplazada por la ley del más fuerte. Este es el ámbito de mafias. Es significativo que, cuando toca desplazar a rivales de cotos de caza en disputa, Maduro, Freddy Bernal y otros buscan descalificarlos precisamente como mafias –proyección, señalarían los sicólogos. El poder no es para compartirlo.
En este arreglo, los más privilegiados son los militares corruptos. Ahora se arrogan una tajada al tomar control sobre el expendio de gasolina escasa. Ello se suma a sus conocidos “negocios” de tráfico de drogas (“cartel de los soles”), de los jugosos contratos de empresas militares –muchas empresas de maletín– con el estado, de la extorsión de comerciantes y de viajeros en alcabalas, puertos y aeropuertos, de las comisiones extraídas al monopolizar la importación y distribución de alimentos y medicinas, etc., etc. Si bien les acaban de quitar la “joya de la corona” (PdVSA) –se había tornado peligroso para la estabilidad del régimen seguir alcahueteando la monumental inepcia del general Quevedo y sus asociados—les quedan las explotaciones de oro, diamantes, coltán y otras riquezas del escudo guayanés, compartidas, claro está, con el ELN y otras bandas criminales.
Durante años, el chavismo hizo creer que perseguía un propósito político, que su retórica anunciaba un proyecto revolucionario de redención. La mitología comunista insufló esta imagen. En realidad, lo que instaló fue el caos. Paradójicamente, con ello destruyó sus propias bases de sustento. La oligarquía militar – civil que se ha apoderado del país ha tenido que desbaratar el tejido societario, sus normas, valores y reglas de convivencia, para poder expoliar (destruir) el producto social. Ahora, con sus recursos menguados por tan despiadada depredación, se encuentra sentada sobre un amasijo social descompuesto en el que pululan bandas y aventureros en busca de fortuna, que le cuesta cada vez más controlar. El caos, tan útil para arrinconar los procedimientos democráticos y el Estado de Derecho, les socava su existencia en medio de la terrible crisis venezolana. Tal descomposición llevó recientemente a un pequeño comando aventurero a intentar capturar a Maduro, solicitado por la justicia penal gringa.
En las posibilidades de salir de este foso pútrido ocupan papel central los militares honestos, ¡que los debe haber! Es ahora o nunca, pues la beligerancia adquirida por colectivos, bandas criminales y mafias militarizadas en los asuntos del día a día venezolano han ido aniquilando lo que queda de la Fuerza Armada como institución. Su vigencia pende de que pueda recuperar su monopolio exclusivo de los medios de violencia de la nación para ponerlos al servicio de la misión que le tiene asignada el artículo 328 de la Constitución. Por el contrario, se verá sobrepasada definitivamente por la delincuencia.
La recuperación del país, con ayuda internacional y liberando a las fuerzas productivas de las trabas y corruptelas de este régimen mafioso, requiere de un claro referente de autoridad que pueda imponerse sobre los numerosos feudos, microestados y cotos de caza particulares que alimentan la violencia y el caos nacional, para restablecer el orden y el Estado de Derecho. Más ahora, enfrentados como estamos al efecto disolvente de la epidemia del Covid-19.
¿Asumirá tal responsabilidad un núcleo sano surgido de la Fuerza Armada Nacional, o deberá encargarse de ello una fuerza armada de ocupación? Los militares venezolanos tienen la palabra. El mundo de la corrupción propiciado por Maduro habrá de implosionar más temprano que tarde.
Humberto García Larralde es economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
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