La función contralora, indispensable y necesaria en todo estado moderno, viene de lejos en el tiempo. Y en un Estado de derecho que respete la separación y autonomía de los poderes públicos, aquella función es crucial. En Venezuela, el órgano llamado por la Constitución y la ley a vigilar por el correcto uso de los dineros públicos, no lo hace debidamente, amén de que está siendo utilizado con fines políticos, y el capítulo arbitrario de las inhabilitaciones electoraless lo demuestra.
Son miles las denuncias de irregularidades administrativas formuladas durante los 13 años del gobierno actual, caídas en saco roto. Cientos de pruebas han sido presentadas, incluso por parlamentarios, señalando presuntas violaciones cometidas por funcionarios de todo nivel, sin que hasta la fecha se conozcan resultas de las investigaciones ni mucho menos sanciones.
Desde el Plan Bolívar 2000, pasando por PDVSA y PDVAL, hasta las emisiones de bonos de deuda, escándalo tras escándalo, hemos visto la indiferencia -¿cómplice?- de la Contraloría ante los principales responsables de estos delitos contra el erario público. ¿Donde están las averiguaciones?
Sin duda, la Contraloría no ha cumplido con su cometido; ha faltado gravemente a su deber. Como todas las instituciones, también ésta ha sido envilecida, desnaturalizada, corrompida, puesta de rodillas al servicio de una camarilla ávida de poder y riquezas, e inspirada en una ideología demencial. Para rematar el cuadro de irregularidades, no se ha realizado la elección del nuevo contralor, una vez producida la falta absoluta de su titular.
El contralor debe ser elegido por la Asamblea Nacional. A tal fin, el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones (CEPPC), el cual debe estar integrado por diversos sectores de la sociedad. Este Comité debe abrir un proceso público, de cuyo resultado se escogerá una terna, que luego se somete a consideración de la Asamblea. Ésta, mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, escogerá en 30 días continuos, al titular de la Contraloría. Si no hubiese acuerdo, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. No obstante, si el Poder Ciudadano no realizara el proceso señalado, la Asamblea deberá proceder dentro de un plazo que determine la ley, a la designación.
Clodosbaldo Russian falleció el día 20 de junio de 2011, es decir, han pasado 140 días. Esta falta absoluta debió activar al Poder Ciudadano.
¿Por qué no se cumple este mandato constitucional? Obviamente, el gobierno no tiene los votos para designar un contralor de su confianza que siga apañando vagabunderías que se cometen impunemente.
Éste es un tema que los venezolanos no deberíamos dejar pasar por debajo de la mesa. Harían bien los diputados democráticos en plantear este asunto importante. Los ciudadanos aspiramos a que se nombre un contralor que vigile de verdad los dineros de todos con escrupulosidad, transparencia y apego a la ley. Que no se preste a las trapisondas que maquine el gobierno contra sus oponentes.
EMILIO NOUEL V.
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