Carlos Tablante
La principal preocupación de Diego Salazar cuando las autoridades le congelaron doscientos millones de dólares en una cuenta de Banca Privada de Andorra en 2012 no era sólo no poder sacar el dinero sino que las compañías chinas contratistas del gobierno de Venezuela no pudieran realizar los depósitos de las millonarias comisiones que recibía como intermediario de Pdvsa y del Fondo Chino-Venezolano.
En el texto de la sentencia del Tribuanl de Corts de Andorra que finalmente liberó los fondos congelados, los abogados de Salazar justifican el origen supuestamente lícito de los fondos de su cliente, argumentando que los mismos “son fruto de varios acuerdos de cooperación entre China y Venezuela”, y que “su cliente trabaja para empresas chinas en Venezuela, de manera que el dinero proviene de empresas chinas y no del gobierno venezolano”.
Es decir, los fondos congelados en Andorra correspondìan a comisiones pagadas por las contratistas chinas a Salazar – operador de los seguros y reaseguros de Pdvsa – presidida en ese momento por su primo hermano Rafael Ramírez Carreño, que a su vez formaba parte del comité ejecutivo del Fondo Chino.
Investigaciones de autoridades de Andorra, España y Estados Unidos señalan que China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC), empresas energéticas con contratos eléctricos en Venezuela, realizaron decenas de transferencias por cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, su operador personal y testaferro, en Banca Privada de Andorra (BPA).
Los resultados de las indagaciones, publicados esta semana por CuentasClarasDigital.org, señalan que hubo sobreprecio en dichos contratos, llegando a triplicarse los costos internacionales. Como en todos los casos de corrupción, las “comisiones”, es decir, los sobornos otorgados para aprobar este tipo de contrataciones fraudulentas provienen de los mismos sobreprecios. Al final, el dinero que cobró Diego Salazar y que repartió en parte con los directivos de Pdvsa y del Fondo Chino, provenía de las arcas públicas de Venezuela.
El análisis de las transferencias internas entre Salazar y la red de funcionarios venezolanos que también tenía cuentas en BPA, pone en evidencia el pago de sobornos a cambio de la aprobación de contratos, como es el caso de las transferencias realizadas por Salazar a Francisco Rafael Jiménez Villarroel, director gerente de Pdvsa China y director de Logística de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Durante diez años, Salazar junto con la red de funcionarios cómplices de Pdvsa y de la embajada de Venezuela en China, a cargo de Rocío Maneiro González, usaron información privilegiada, traficaron con influencias y presionaron a las empresas chinas a favor de los intereses de Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, también ministro y presidente de Pdvsa durante una década.
No es la primera vez que empresas chinas son acusadas de pagar sobornos a cambio de contratos internacionales. En 2015, Wison Engineering Services Co Ltd, adjudicataria del contrato por 834 millones de dólares para la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz, fue enjuiciada en China por pagar sobornos y su principal ejecutivo recibió una sentencia de 3 años de prisión.
Como hemos dicho en repetidas oportunidades, el intocable Diego Salazar y su red de cómplices en el gobierno y en el sector privado, no han sido sometidos a ninguna investigación por parte del Ministerio Público. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría, en el expediente que instruye contra Rafael Ramírez, incluyó la indagación de los negocios de Salazar con los seguros y reaseguros de Pdvsa, los contratos de la emergencia eléctrica, las operaciones financieras con los bonos de la petrolera y los oscuros negociados con el Fondo Chino Venezolano, entre otras irregularidades.
Los venezolanos hoy sufren lo indecible por la falta de alimentos, medicinas, electricidad y agua. Los delitos contra el patrimonio público no prescriben. La Asamblea Nacional, por iniciativa del diputado Freddy Guevara, prepara una Ley de recuperación de los bienes relacionados con la corrupción dentro de una amplia consulta nacional.
Unidos, y con la cooperación internacional, los venezolanos recuperaremos el dinero robado a nuestro país.
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