miércoles, 4 de mayo de 2016

Revocatorio: escudo contra la violencia

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     Trino Márquez



El referendo revocatorio se impuso ante las demás fórmulas establecidas en la Constitución para lograr la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. El mandatario desechó las otras vías, más amables: la renuncia, la enmienda y la reforma constitucional. Él mismo optó por ese camino. Ahora le conviene mantener la ruta despejada. Bloquearla e impedir que vuelva a expresarse la voluntad popular, tal como sucedió durante los dos días que duró la recolección de 1% de firmas de “manifestación de voluntad” que el CNE impuso como requisito para entregar la planilla en la que se acopiará 20% del total de rubricas del REP, con las cuales finalmente se llamará al referendo, podría convocar los demonios de la violencia.

Durante los días recientes la gente ha soportado con relativa calma las colas, la inflación, la escasez de alimentos, la falta de medicinas y los cortes de luz y agua, porque tiene la esperanza de cambiar el gobierno este mismo de forma pacífica. El revocatorio cuenta con más de 70% de aprobación. Este respaldo se mostró con entusiasmo. Las colas en numerosos  centros de recolección de firmas eran gigantescas. Si el régimen frustra esta expectativa favorable, la paciencia de los venezolanos podría acabarse. Los intentos de saqueo, las manifestaciones y las revueltas podrían  desbordarse. La única forma de detenerlas o evitarlas será mediante el ejercicio de una represión en gran escala. La furia popular desbordaría a los “colectivos”, a los grupos paramilitares del gobierno. Tendrían que intervenir el Ejército y la Guardia Nacional. ¿Estará el Alto Mando, colocado bajo la lupa internacional, dispuesto a aparecer como cómplice  de un gobierno situado al margen de la Constitución, enfrentado al pueblo y negado a aceptar la aplicación de un instrumento previsto en la Carta Magna, colocado allí por Hugo Chávez? Sería pagar un precio demasiado alto por respaldar un mandatario que ostenta más de 70% de rechazo.

Puestos los militares ante la disyuntiva de sofocar con crueldad las protestas populares provocadas por el hambre y la desesperación, o presionar al Presidente para que obedezca los dictados constitucionales, considero que optarían por alinearse con la gente. Ya ocurrió en una dictadura abierta como fue la de Marcos Pérez Jiménez. Su régimen se desmoronó cuando las manifestaciones populares que exigían el restablecimiento de la democracia no fueron atacadas por el Ejército. Quien inició la revuelta, el 1 de enero de 1958, fue el teniente coronel Hugo Trejo, uno de los pilotos de “La Vaca Sagrada”, nombre con el que pueblo identificaba el avión oficial del dictador. Quien presidió la Junta de Gobierno que sustituyó al régimen despótico fue el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, director del Círculo Militar, club donde la oficialidad del régimen y el mismo tirano organizaban sus saraos. Esos acontecimientos ocurrieron, no en la Era de los Romanos, sino en la Venezuela urbana y moderna de hace menos de seis décadas. El fraude cometido por Pérez Jiménez en el plebiscito del 15 de diciembre de 1957, fue el antecedente de la vorágine que concluyó con su salida del poder. El escamoteo de la voluntad popular no quedó impune. El pueblo lo cobró. La factura fue cancelada con la intervención de los uniformados.

Las Constituciones son pactos políticos e institucionales que sirven cuando las naciones se desenvuelven en medio de una atmosfera de normalidad. Pero son especialmente útiles e importantes cuando se desatan crisis de gobernabilidad. En estas coyunturas los mecanismos previstos  en esas cartas sirven para evitar que se quebrante la paz y la violencia se desborde. Para que se preserve el “hilo constitucional”. En esas situaciones es donde se demuestra si la Carta Magna supo prever y anticiparse a las dificultades severas con el fin de evitar las rupturas destructivas, esas que dejan a los países sumidos en escombros. 

En medio del colapso que vive Venezuela en todos los órdenes, Nicolás Maduro seleccionó acogerse al artículo 72 de la Constitución.  Ahora está obligado a ser consecuente con esa opción. El referendo representa el escudo protector contra la violencia. Si comete un fraude, como en el pasado lo hizo Pérez Jiménez, tendrá que asumir las consecuencias de tozudez.

@trinomarquezc

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