Grupo La Colina

COMUNICADO DE VARIAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo por las recientes decisiones y omisiones inconstitucionales del Consejo Nacional Electoral, las cuales contrarían elementales derechos políticos de los venezolanos. La actuación del citado organismo, luego de las elecciones parlamentarias de 2015, ha mostrado signos que niegan esas legítimas capacidades ciudadanas, tales como el profundo desinterés por preservar y fomentar el derecho a la participación política de los ciudadanos, la parcialización de las decisiones tomadas, la ausencia de compromiso con las normas y principios legales que rigen dicha institución y el mínimo respeto hacia la población venezolana que desea ejercer su derecho a elegir como vía al logro pacífico de soluciones a los profundos conflictos políticos, sociales y económicos que padece el país.

Entre los hechos que definen la gravedad del comportamiento institucional del CNE en el presente inmediato están, en primer lugar, la violación del ordenamiento jurídico constitucionalmente establecido, al acatar las sentencias de Tribunales regionales sin competencia en materia electoral, lo cual impidió a los venezolanos manifestar su voluntad para la convocatoria del Referéndum Revocatorio del mandato del Presidente. En este orden de ideas, es notorio y contradictorio  que el Poder Electoral no se haya pronunciado sobre el supuesto fraude al cual aluden esos Tribunales, dado que fue el mismo CNE el ente que validó los resultados (1%) de la manifestación de voluntades que se requieren para la activación de dicho mecanismo de democracia directa.

En segundo lugar, es igualmente grave el silencio del organismo electoral ante el caso de los tres diputados de Amazonas y el Representante Indígena de la Región Sur. En ningún momento el CNE se ha pronunciado sobre los supuestos hechos que llevaron a la Sala Electoral del TSJ a invalidar su juramentación, así como tampoco ha convocado al proceso de elección de nuevos diputados para los ciudadanos del Estado Amazonas y las comunidades indígenas del sur país. Esto supone la discriminación política de un conjunto de ciudadanos a quienes se les ha negado su representación en la Asamblea Nacional.

En tercer lugar, el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su obligación y responsabilidad de convocar y celebrar elecciones para elegir Gobernadores y miembros de los Consejos Legislativos de las entidades federales antes de diciembre de 2016. Con ello, el CNE ha violado el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que “El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por la mayoría de las personas que voten”. Esto significa que, a partir del 16 de diciembre de 2016, el CNE ha omitido su obligación constitucional, cercenando el derecho al sufragio de los venezolanos contemplado en el artículo 63 de la Constitución: “El Sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”.

Asimismo, al no convocar elecciones regionales en el período establecido por la Carta Magna, el Consejo Nacional Electoral ha extendido ilegalmente el mandato de los Gobernadores y miembros de los Consejos Legislativos de cada entidad federal. Esta situación, también ha impedido el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas, según establece el Artículo 62 de la Constitución. En este mismo orden de ideas, el CNE ha violado un principio fundamental de la democracia como lo es la rendición de cuentas de los gobernantes ante los ciudadanos, tal como lo prescribe el artículo 66 de la Constitución: “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo al programa presentado”.

Finalmente, el día 7 de febrero de 2017, el directorio del Consejo Nacional Electoral aprobó unas normas para la renovación de los partidos políticos, en términos tales, respecto a las limitadas posibilidades que su cabal cumplimiento implicaría, que hacen muy poco factible que estos puedan renovarse, lo que supone una grave amenaza al artículo 67 de la Constitución, según el cual “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”. Es especialmente revelador de las intenciones latentes en estas normas tan restrictivas,  que entre los criterios que regirán este proceso, sobresale la clara insuficiencia de los puntos establecidos para atender a los militantes requeridos,  en el tiempo establecido para cada partido político sujeto a renovación.

Todo lo anteriormente expuesto, nos obliga a reiterar nuestra preocupación y justificada alarma ciudadana por estas decisiones que profundizan las sistemáticas violaciones de la Constitución por parte del Consejo Nacional Electoral, y en específico, de los principios que deben regir su actuación para garantizar el derecho a la participación ciudadana, previstos en el artículo 294: “Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios”. Exigimos al CNE retomar la senda constitucional, publicar el cronograma de elecciones de gobernadores y alcaldes y que resuelva la situación de los diputados del Estado Amazonas y Región Indígena Sur. También emplazamos al CNE a revisar y mejorar las condiciones en que los partidos deben renovarse, en especial cantidad de máquinas, tiempos, y distribución de los puntos de recolección, con el fin de que se permita la existencia de pluralidad política propia de los sistemas democráticos, tal como está establecido en nuestra Carta Magna. Por último, exhortamos al CNE a que actúe en función de la resolución pacífica y electoral de los conflictos políticos que vive la nación y no en favor de grupos o intereses particulares.

SUMATE            GRUPO LA COLINA             CONTROL CIUDADANO      

CIUDADANÍA ACTIVA                     COMUNIDADES CIUDADANAS      

OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LOS DDHH  

CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS UCAB