2011: la propiedad seguirá acorralada
TRINO MÁRQUEZ EL UNIVERSAL
jueves 30 de diciembre de 2010 12:00 AM
El futuro de la democracia y la libertad de América Latina, se juega hoy, al igual que hace doscientos años, en Venezuela. / Mario Vargas LlosaPor su condición de país petrolero, en Venezuela tradicionalmente el Estado ha mantenido una fuerte presencia en la economía. Durante los últimos doce años esta intervención se ha incrementado hasta tal punto, que en la actualidad en ningún otro país de América Latina -y probablemente del mundo, exceptuando Corea del Norte- la economía de mercado, la libre iniciativa y la propiedad privada, se encuentran tan seriamente amenazadas. Ni siquiera en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde gobiernan mandatarios de izquierda que se autodefinen marxistas, la empresa particular se halla tan perseguida y acosada. El giro acelerado hacia el comunismo emprendido por el régimen a partir de su derrota en las elecciones legislativas del 26-S, cuando perdió la mayoría del electorado, se mantendrá durante 2011. Al menos esa es la tendencia que puede apreciarse cuando 2010 llega a su final. Una mirada retrospectiva El cerco a la propiedad privada comenzó, aunque de forma incipiente, en 1999 al Hugo Chávez asumir la Presidencia. Ese año, alentadas por el nuevo Gobierno, se produjeron las primeras invasiones de fincas y propiedades agrícolas, y tomas de terrenos e inmuebles urbanos. Esto hechos alertaron a los productores del campo y de la ciudad acerca de los peligros que se cernían. En 2001, el presidente Chávez -haciendo uso de las facultades que le concedía la Ley Habilitante otorgada por la Asamblea Nacional- aprobó un conjunto de leyes que debilitaban la propiedad urbana, especialmente la situada en un radio menor a 300 metros de las llamada "zonas de seguridad", es decir, aquellos cuarteles militares o edificios gubernamentales considerados "estratégicos" por el Gobierno. Esas leyes, entre otras medidas, provocaron el movimiento popular que concluyó con la salida temporal del jefe del Estado del poder en abril de 2002. El jefe del Estado, obligado por la movilización popular y por el hecho de que en 2004 se realizaría un referendo revocatorio que decidiría si él continuaba o no en la Presidencia, redujo la presión sobre la propiedad privada y permitió que la economía de mercado fluyera sin la intervención desmedida del Estado, al menos sin que esa injerencia fuese abusiva. Deterioro Esta atmósfera de relativa armonía comenzó a deteriorarse luego del nuevo triunfo electoral obtenido por Chávez en los comicios del 6 de diciembre de 2006 (6-D). En esa oportunidad obtuvo 63% de los votos. A partir de ese momento asumió que ese caudal electoral le permitía empezar a implantar de forma desembozada el socialismo del siglo XXI (SSXXI), proyecto político, económico y social dirigido, en el plano político, a liquidar la democracia representativa, y, en el plano económico, a acabar con las relaciones mercantiles y la economía de mercado. El SSXXI se sitúa en abierta contradicción con los principios y valores económicos y políticos contenidos en la Constitución aprobada en 1999. El nuevo ciclo que se inicia luego del 6-D concluye, en su primera fase, el 2 de diciembre de 2007 (2-D), cuando Chávez somete a consideración de los venezolanos el proyecto de reforma constitucional orientado a adecuar el texto constitucional del 99 a los preceptos del SSXXI, tal como estos habían sido elaborados por los intelectuales simpatizantes del régimen agrupados en el Centro Internacional Miranda. Esa proposición restringía severamente la economía de mercado, la libre iniciativa y la propiedad privada de los medios de producción, mientras realzaba el peso de la propiedad social, la propiedad pública y otras formas de propiedad colectiva y estatal. Este aspecto de la propuesta de cambio causó tanto malestar y preocupación entre la población, que terminó por alarmar al electorado y provocar la derrota del SSXXI y de Hugo Chávez, no obstante las presiones y el ventajismo descarado del Gobierno y del jefe del Estado durante la campaña electoral. "Ni una coma" A pesar de este fracaso, el primer Mandatario no se dio por vencido. Luego del 2-D señaló que "ni una coma" de su proyecto de reforma sería modificada. A partir de entonces adoptó una estrategia distinta. Los cambios constitucionales rechazados el 2-D serían introducidos en el ordenamiento legal de manera subrepticia. Se abrió así la segunda fase del ciclo iniciado en 2006. Valiéndose de su abierta mayoría en la Asamblea Nacional luego de 2005 (por la ausencia de participación electoral de la oposición en los comicios legislativos de diciembre de ese año), Hugo Chávez logra que el Parlamento sancione un cuerpo de leyes que restringen drásticamente la propiedad privada de los medios de producción y, en consecuencia, la libertad de mercado y la libre iniciativa. También hace aprobar el Primer Plan Socialista de la Nación. Entre esos instrumentos legislativos hay que destacar la Ley de Propiedad Social, la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios y la Ley para el Fomento del Sistema Económico Comunal. Esta última propone eliminar la propiedad privada, la circulación de monedas comunales de alcance local y el trueque como forma de intercambio, en algunos Distritos Motores del Desarrollo, instancia territorial creada por la Ley del Consejo Federal de Gobierno, pero que no figura en la Constitución. En los doce años del régimen chavista el asedio a la propiedad privada no ha sido solo legislativo y punitivo -a través de organismos de control y fiscalización como el Indepabis y el Seniat, sino que también en la práctica se ha atacado a la libre empresa a través de estatizaciones, reestatizaciones, expropiaciones, confiscaciones, incautaciones, decomisos e ilegalidades de todo género. Perspectivas El acoso a la propiedad privada ha recrudecido después del triunfo electoral de la alternativa democrática el 26-S. Desde esta fecha el Gobierno ha expropiado a las empresas Agroisleña, Owens Illinois y Sidetur, cada una de ellas fundamental en sus respectivos campos de acción: fertilizantes, envases de vidrio y cabillas. El principal consorcio comercial e industrial del país, el grupo Polar, se encuentra bajo el continuo asedio de Chávez. Las lluvias que han castigado a buena parte del territorio nacional durante las últimas semanas, le han servido de excusa al Gobierno para seguir castigando a la propiedad privada. Fincas productivas, hoteles, clubes, han sido intervenidos arbitrariamente por el régimen, que actúa amparado en el decreto de emergencia que le permite seguir violando los mecanismos legales establecidos en el ordenamiento jurídico nacional. En este ambiente, las inversiones privadas, tanto extranjeras como domésticas, han huido del país. El acorralamiento a la propiedad particular, de acuerdo con los datos proporcionados por la historia del régimen y por sus recientes acciones, se mantendrá en 2011, si los actores políticos y sociales más organizados no actúan con decisión para resguardar el derecho a ser libre, propietario y próspero.
TRINO MÁRQUEZ EL UNIVERSAL
jueves 30 de diciembre de 2010 12:00 AM
El futuro de la democracia y la libertad de América Latina, se juega hoy, al igual que hace doscientos años, en Venezuela. / Mario Vargas LlosaPor su condición de país petrolero, en Venezuela tradicionalmente el Estado ha mantenido una fuerte presencia en la economía. Durante los últimos doce años esta intervención se ha incrementado hasta tal punto, que en la actualidad en ningún otro país de América Latina -y probablemente del mundo, exceptuando Corea del Norte- la economía de mercado, la libre iniciativa y la propiedad privada, se encuentran tan seriamente amenazadas. Ni siquiera en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde gobiernan mandatarios de izquierda que se autodefinen marxistas, la empresa particular se halla tan perseguida y acosada. El giro acelerado hacia el comunismo emprendido por el régimen a partir de su derrota en las elecciones legislativas del 26-S, cuando perdió la mayoría del electorado, se mantendrá durante 2011. Al menos esa es la tendencia que puede apreciarse cuando 2010 llega a su final. Una mirada retrospectiva El cerco a la propiedad privada comenzó, aunque de forma incipiente, en 1999 al Hugo Chávez asumir la Presidencia. Ese año, alentadas por el nuevo Gobierno, se produjeron las primeras invasiones de fincas y propiedades agrícolas, y tomas de terrenos e inmuebles urbanos. Esto hechos alertaron a los productores del campo y de la ciudad acerca de los peligros que se cernían. En 2001, el presidente Chávez -haciendo uso de las facultades que le concedía la Ley Habilitante otorgada por la Asamblea Nacional- aprobó un conjunto de leyes que debilitaban la propiedad urbana, especialmente la situada en un radio menor a 300 metros de las llamada "zonas de seguridad", es decir, aquellos cuarteles militares o edificios gubernamentales considerados "estratégicos" por el Gobierno. Esas leyes, entre otras medidas, provocaron el movimiento popular que concluyó con la salida temporal del jefe del Estado del poder en abril de 2002. El jefe del Estado, obligado por la movilización popular y por el hecho de que en 2004 se realizaría un referendo revocatorio que decidiría si él continuaba o no en la Presidencia, redujo la presión sobre la propiedad privada y permitió que la economía de mercado fluyera sin la intervención desmedida del Estado, al menos sin que esa injerencia fuese abusiva. Deterioro Esta atmósfera de relativa armonía comenzó a deteriorarse luego del nuevo triunfo electoral obtenido por Chávez en los comicios del 6 de diciembre de 2006 (6-D). En esa oportunidad obtuvo 63% de los votos. A partir de ese momento asumió que ese caudal electoral le permitía empezar a implantar de forma desembozada el socialismo del siglo XXI (SSXXI), proyecto político, económico y social dirigido, en el plano político, a liquidar la democracia representativa, y, en el plano económico, a acabar con las relaciones mercantiles y la economía de mercado. El SSXXI se sitúa en abierta contradicción con los principios y valores económicos y políticos contenidos en la Constitución aprobada en 1999. El nuevo ciclo que se inicia luego del 6-D concluye, en su primera fase, el 2 de diciembre de 2007 (2-D), cuando Chávez somete a consideración de los venezolanos el proyecto de reforma constitucional orientado a adecuar el texto constitucional del 99 a los preceptos del SSXXI, tal como estos habían sido elaborados por los intelectuales simpatizantes del régimen agrupados en el Centro Internacional Miranda. Esa proposición restringía severamente la economía de mercado, la libre iniciativa y la propiedad privada de los medios de producción, mientras realzaba el peso de la propiedad social, la propiedad pública y otras formas de propiedad colectiva y estatal. Este aspecto de la propuesta de cambio causó tanto malestar y preocupación entre la población, que terminó por alarmar al electorado y provocar la derrota del SSXXI y de Hugo Chávez, no obstante las presiones y el ventajismo descarado del Gobierno y del jefe del Estado durante la campaña electoral. "Ni una coma" A pesar de este fracaso, el primer Mandatario no se dio por vencido. Luego del 2-D señaló que "ni una coma" de su proyecto de reforma sería modificada. A partir de entonces adoptó una estrategia distinta. Los cambios constitucionales rechazados el 2-D serían introducidos en el ordenamiento legal de manera subrepticia. Se abrió así la segunda fase del ciclo iniciado en 2006. Valiéndose de su abierta mayoría en la Asamblea Nacional luego de 2005 (por la ausencia de participación electoral de la oposición en los comicios legislativos de diciembre de ese año), Hugo Chávez logra que el Parlamento sancione un cuerpo de leyes que restringen drásticamente la propiedad privada de los medios de producción y, en consecuencia, la libertad de mercado y la libre iniciativa. También hace aprobar el Primer Plan Socialista de la Nación. Entre esos instrumentos legislativos hay que destacar la Ley de Propiedad Social, la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios y la Ley para el Fomento del Sistema Económico Comunal. Esta última propone eliminar la propiedad privada, la circulación de monedas comunales de alcance local y el trueque como forma de intercambio, en algunos Distritos Motores del Desarrollo, instancia territorial creada por la Ley del Consejo Federal de Gobierno, pero que no figura en la Constitución. En los doce años del régimen chavista el asedio a la propiedad privada no ha sido solo legislativo y punitivo -a través de organismos de control y fiscalización como el Indepabis y el Seniat, sino que también en la práctica se ha atacado a la libre empresa a través de estatizaciones, reestatizaciones, expropiaciones, confiscaciones, incautaciones, decomisos e ilegalidades de todo género. Perspectivas El acoso a la propiedad privada ha recrudecido después del triunfo electoral de la alternativa democrática el 26-S. Desde esta fecha el Gobierno ha expropiado a las empresas Agroisleña, Owens Illinois y Sidetur, cada una de ellas fundamental en sus respectivos campos de acción: fertilizantes, envases de vidrio y cabillas. El principal consorcio comercial e industrial del país, el grupo Polar, se encuentra bajo el continuo asedio de Chávez. Las lluvias que han castigado a buena parte del territorio nacional durante las últimas semanas, le han servido de excusa al Gobierno para seguir castigando a la propiedad privada. Fincas productivas, hoteles, clubes, han sido intervenidos arbitrariamente por el régimen, que actúa amparado en el decreto de emergencia que le permite seguir violando los mecanismos legales establecidos en el ordenamiento jurídico nacional. En este ambiente, las inversiones privadas, tanto extranjeras como domésticas, han huido del país. El acorralamiento a la propiedad particular, de acuerdo con los datos proporcionados por la historia del régimen y por sus recientes acciones, se mantendrá en 2011, si los actores políticos y sociales más organizados no actúan con decisión para resguardar el derecho a ser libre, propietario y próspero.
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