Solicitan a Fiscalía cumplir medidas de la CIDH a favor de Rocío San Miguel
El abogado Carlos Nieto Palma, indicó al Ministerio Publico que en los últimos años Rocío San Miguel ha sido objeto de graves amenazas a su integridad personal, sin que a la fecha se haya adelantado una investigación que determine las responsabilidades por los hechos denunciados.
EL UNIVERSAL
martes 24 de enero de 2012
Caracas.- La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, junto a su abogado Carlos Nieto Palma, director de la organización Ventana a la Libertad, acudió hoy al Ministerio Público para solicitar a la fiscal Luisa Ortega Díaz con carácter de urgencia gire las instrucciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
El jueves pasado, la CIDH se dirigió al Estado venezolano en virtud del artículo 25 de su Reglamento, a fin de solicitar la adopción de medidas urgentes a favor de Rocío San Miguel y su hija.
Concretamente, la Comisión solicitó al Gobierno: Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Rocío San Miguel y su hija; concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y su representante e Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
El abogado Carlos Nieto, en el escrito dirigido a la fiscal, indicó al Ministerio Publico que en los últimos años Rocío San Miguel ha sido objeto de graves amenazas a su integridad personal, sin que a la fecha se haya adelantado una investigación que determine las responsabilidades por los hechos denunciados.
Asimismo, destacó que las amenazas en contra de la defensora de derechos humanos han aumentado en frecuencia y gravedad en los últimos meses según consta en más en 7 escritos consignados el 08 de septiembre de 2011, el 16 de septiembre de 2011, el 11 de octubre de 2011, el 14 de octubre de 2011, el 19 de octubre de 2011, el 08 de noviembre de 2011 y el 28 de diciembre de 2011, ante la Fiscalía General de la República, los cuales forman parte del expediente signado con el número F30NN-0019-2011, sin que haya sido adelantada una la investigación y en consecuencia determinado culpables de los delitos denunciados.
Recordó que a la fecha han transcurrido seis (06) de los quince (15) días que tiene el Estado para informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, las cuales el Ministerio Publico está en el deber de cumplir.
El jueves pasado, la CIDH se dirigió al Estado venezolano en virtud del artículo 25 de su Reglamento, a fin de solicitar la adopción de medidas urgentes a favor de Rocío San Miguel y su hija.
Concretamente, la Comisión solicitó al Gobierno: Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Rocío San Miguel y su hija; concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y su representante e Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
El abogado Carlos Nieto, en el escrito dirigido a la fiscal, indicó al Ministerio Publico que en los últimos años Rocío San Miguel ha sido objeto de graves amenazas a su integridad personal, sin que a la fecha se haya adelantado una investigación que determine las responsabilidades por los hechos denunciados.
Asimismo, destacó que las amenazas en contra de la defensora de derechos humanos han aumentado en frecuencia y gravedad en los últimos meses según consta en más en 7 escritos consignados el 08 de septiembre de 2011, el 16 de septiembre de 2011, el 11 de octubre de 2011, el 14 de octubre de 2011, el 19 de octubre de 2011, el 08 de noviembre de 2011 y el 28 de diciembre de 2011, ante la Fiscalía General de la República, los cuales forman parte del expediente signado con el número F30NN-0019-2011, sin que haya sido adelantada una la investigación y en consecuencia determinado culpables de los delitos denunciados.
Recordó que a la fecha han transcurrido seis (06) de los quince (15) días que tiene el Estado para informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, las cuales el Ministerio Publico está en el deber de cumplir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario