Provea acusa al TSJ de convertir derechos en delitos
JUAN FRANCISCO ALONSO , HUGO CHÁVEZ | EL UNIVERSAL
La protesta no es solo un derecho previsto en la Constitución, sino es una de las garantías inherentes al ser humano y así está reconocida por los distintos tratados de Derechos Humanos suscritos por la República, por lo tanto "no puede ser convertida en delito por la acción arbitraria de las instituciones del Estado".
La afirmación la hizo el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un comunicado, en el que condenó la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual ilegalizó toda manifestación que no cuente con el visto bueno previo de las autoridades locales o regionales, sin importar que sea pacífica; y además autorizó a procesar penalmente a quienes participen en ella por desobediencia.
Para la organización el fallo no solo viola instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual garantiza el derecho a la reunión pacífica, sino que además viola directrices dictadas por las Naciones Unidas, organismo que ha establecido que libre tránsito no puede aducirse para restringir la protesta.
"En una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación sino también un espacio de participación", declaró Provea, citando a la relatora de la ONU para el ejercicio del derecho a la manifestación, Maina Kiai.
Asimismo recordó que dicha funcionaria respaldó la tesis sostenida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la cual "las instituciones competentes del Estado tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunió -incluido- el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en determinada zona".
El respeto a la libre circulación de personas fue una de las razones esgrimidas por el TSJ para justificar su polémico dictamen.
Provea, en su comunicado, acusó al máximo juzgado de propinarle un golpe a las "libertades democráticas". Opinión que fue respaldada por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, cuyo director, Marco Ponce, afirmó: "Esta sentencia está alejada del espíritu democrático y demuestra que quienes dirigen el país cada vez más se alejan del carril democrático".
Los pobres pagarán el plato
Para Ponce los principales perjudicados con esta restricción serán los pobres, los cuales dijo son "quienes más salen a trancar las calles o a concentrarse ante las sede de los organismos públicos para exigir agua, una vivienda digna, seguridad para ellos y sus hijos o respeto por sus derechos laborales, en fin para reclamar más calidad de vida".
Tras recordar que el 93% de las más de 4 mil protestas registradas por su despacho en 2013 fueron por reivindicaciones sociales y solamente el 7% fueron por motivos políticos, el activista advirtió que de ejecutarse este fallo "veremos los calabozos llenos de pobres".
Pese al poco prometedor panorama, Ponce auguró que las manifestaciones seguirán. "La gente no se va a amedrentar no va a dejar de protestar, porque la gente no va a dejar de desear un mejor futuro y que sabe que este es un instrumento para conseguir lo que busca".
Por último, recordó que el ejercicio de este derecho humano ha sido fundamental para alcanzar conquistas como la homologación de las pensiones que otorga el Seguro Social a los jubilados al salario mínimo en la década de los 90 y más recientemente para paralizar el inconsulto proyecto de Ley de Universidades.
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