Leonardo V. Vera
El FMI acaba de advertir en su tradicional informe de
“Perspectivas Económicas Globales” que América Latina experimentará un
crecimiento éste año cercano al 2,5 por ciento, corrigiendo de ese modo a la
baja la estimación que hacía en enero (de 2,9 por ciento). Tomando en cuenta que
la región creció 2,6 por ciento el pasado año y 3,1 por ciento en el año 2012,
bien podría afirmarse entonces que estamos frente a un proceso de gradual
desaceleración, muy lejos aún de contexto recesivo que vimos en el año 2009
como consecuencia de la crisis financiera global. La excepción es Venezuela,
cuya economía, según el FMI, experimentaría una caída en la producción de 0,5
por ciento. Lo curioso es que Venezuela entra en una recesión de longitud
incierta sin que haya experimentado un choque externo que presumiblemente pudiera
afectar los ingresos externos y fiscales provenientes de su principal producto
de exportación que es el petróleo ¿Cómo se explica esto? La respuesta es
directa: Políticas económicas inconsistentes y poco responsables.
El advenimiento de la recesión es lo nuevo. Lo más conocido
pero aun más estremecedor es que la economía venezolana se mueve en un contexto
de aceleración inflacionaria, con caída en los salarios reales y un creciente
desabastecimiento. La tasa de inflación en Venezuela es ocho veces la tasa
promedio de la región y la escasez, en la última medición publicada por el
Banco Central, fue de 28 por ciento. El gobierno le ha pedido de hecho al Banco
Central que no siga publicando el índice de escasez, y la autoridad monetaria,
con arrojo autonómico, ha procedido de facto, por lo que se presume que en febrero
y marzo la escasez ha escalado.
En Venezuela existen cerca de 21 mil productos contenidos en
el índice de precios al consumidor sometidos a controles de precio y todos
aquellos productos no sometidos a controles de precios están bajo la tutela de
una nueva Ley, aprobada por el Presidente Maduro, llamada (en honor a los escolásticos)
de “precios justos”; donde se regula el margen de ganancia de las empresas.
Estos estupendos estímulos a la producción han sido complementados con
normativas sobre la jornada laboral, aprobadas también durante el corto
gobierno del Presidente Maduro, que obligan a las empresas a cesar actividades
dos días a la semana. Por encima de esto, también existe un entramado de
decretos y regulaciones que hacen del emprendimiento formal una actividad heroica.
Pero ninguna rémora ha sido peor que el desastroso manejo de
los ingresos petroleros externos y del régimen cambiario. El gobierno venezolano
se ha auto infringido un choque de ingresos petróleos promoviendo un conjuntos
de acuerdos de cooperación energética de beneficios cuando menos dudosos. Por
una parte se ha comprometido a enviar 266 mil barriles de petróleo diario a 18
países de América Latina y el Caribe con increíbles facilidades de pagos (hasta
20 años para el pago y al 2 por ciento de interés), por otra, está enviando cerca
de 264 mil barriles de petróleo a China como repago por préstamos recibidos. Un cálculo conservador indica que
por cada 10 dólares facturados por el envió de petróleo, el país sólo está
recibiendo 8 dólares.
Los dólares petroleros (que representan el 95 por ciento del
valor de las exportaciones de Venezuela) entran a PDVSA (la empresa petrolera del
Estado) y ésta ha decidido de un tiempo para acá reportar al Banco Central sólo
la mitad para la venta. Una década atrás 80 por ciento de los dólares
petroleros se vendía a la autoridad monetaria. No hay otras fuentes de divisas
de importancia en Venezuela, en gran medida por la sobrevaluación grotesca que
ha producido la política cambiaria, que por años se ha centrado en fijar por
largo tiempo una tasa nominal oficial en un contexto de inflación persistente
de dos dígitos. Tampoco hay reservas internacionales con que operar racional y
libremente un mercado de divisas. Venezuela cuenta en éste momento con un stock
no mayor a los 2000 millones de dólares para operar en el mercado. El resto esoro
monetario y posiciones en el FMI. Por eso el mercado cambiario, ahora más que
nunca, es un mercado de racionamiento. El racionamiento de divisas de PDVSA
hacia el Banco Central, del Banco Central hacia CADIVI (hoy día CENCOEX) y de
CADIVI hacia el sector privado, ha terminado por traer un desenlace
catastrófico. Las industrias locales no tienen un flujo continuo de insumos y
materias primas porque no les asignan divisas a la tasa oficial e ir al mercado
negro significa multiplicar los costos por diez. Por lo demás hasta hace apenas
unas semanas ir al mercado negro era ilegal, con pena de prisión. Las empresas
pueden pasar así, entre 4 y 6 meses esperando por una aprobación de divisas y
esto desde luego constituye una fatal restricción a la producción. A manera de
ejemplo, la Cámara Automotriz reporta que para el mes de enero de éste año se
produjeron en Venezuela sólo 296 carros, una caída de 84 por ciento con respecto
al ya bastante malo mes de enero de 2013. La razón, no hay insumos y partes
para la fabricación.
No hay por tanto un problema de insuficiencia de demanda que explique
por qué Venezuela se enfila hacia una recesión. El problema está en las
restricciones regulatorias e institucionales y en el pésimo manejo de los
ingresos petroleros de origen externo. De hecho, resulta un gran contrasentido que
el Gobierno de Maduro haya gastado un 60 por ciento más de lo contemplado en su
presupuesto fiscal para el año 2013 y que los agregados monetarios sigan
creciendo a tasas interanuales de 80 por ciento. Semejante desorden en la
ejecución de la política macro es un manejo que la economía venezolana no puede
permitirse. Las secuelas se están pagando en mayores presiones sobre los mercados
y en incrementos de precios en toda la gama de bienes, activos físicos y
activos financieros (como el dólar).
El lector ahora entenderá el sustrato sobre el cual se ha
venido fraguándola crisis y el descontento social. Hace apenas unos días un
estudio de opinión conducido por el
Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) preguntaba sobre la percepción
que tiene el ciudadano sobre la situación económica, en comparación con un año
atrás, y el 80,4 por ciento de los encuestados señaló: ¡estamos peor!
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