ELSA CARDOZO
Desde hace dos años, al ritmo del deterioro del piso político y económico del régimen chavista, la diplomacia guyanesa ha arreciado, sin disimulo, contra las posibilidades de arreglo pacífico y mutuamente satisfactorio de la reclamación venezolana.
Ingratos, que en tan malos tiempos presionan no solo unilateralmente desde Georgetown, sino en coro con sus socios de la Comunidad del Caribe: eso dirán muchos venezolanos, y más de un alto funcionario, mientras recuerdan las cuentas y los discursos solidarios en Petrocaribe y la Alianza Bolivariana.
Sin embargo, lo que mejor muestra el caso de Guyana es el efecto de una concepción equivocada, doblemente equivocada, de lo que es la solidaridad y la cooperación tal y como las ha entendido y practicado el régimen chavista. Doblemente, digo, porque no ha servido a los intereses del gobierno al que en pésimas circunstancias el socio presiona tanto, sin contemplaciones pero, sobre todo, porque tampoco atiende a los intereses del Estado venezolano, es decir, a los del país al que el gobierno debería representar y proteger. El ejercicio eficiente de la cooperación y la práctica responsable de la solidaridad son posibles y deseables, pero no como se hizo desde que Chávez asumió el poder, así no era.
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Los efectos perversos de la cooperación ineficaz y la solidaridad irresponsable son particularmente visibles en el estado actual de las relaciones de Venezuela con Guyana. Con nuestro vecino oriental están en juego intereses naturalmente asociables a la soberanía y la seguridad nacional, como son la protección de la salida al Atlántico, para no hablar de los yacimientos petroleros sobre los que Guyana ha repartido concesiones. Pero, la verdad, es que se trata de un problema que se extiende a todos los esquemas ideados por la petrodiplomacia, con sus arreglos siempre opacos cuyo propósito fundamental fue siempre asegurar apoyo o cuando menos silencio para iniciativas o ante momentos críticos para el gobierno venezolano, siempre dispuesto a hacer concesiones en todo lo que no pusiera en peligro su permanencia en el poder. De allí resultó que los más perjudicados en esos tratos fueran siempre la institucionalidad del Estado y la calidad de vida de los venezolanos.
No por casualidad la presión guyanesa se ha ido haciendo mayor a medida que el gobierno venezolano debilita su posición con acciones, débiles reacciones, contraproducentes rectificaciones y muchas omisiones. Tampoco es casual el deterioro de la posición de Venezuela en todos los acuerdos en los que, aun en lo poco que dejan ver las cuentas, la mal llamada cooperación es un trueque cada vez más empobrecido y, más grave aún, empobrecedor y nada solidario hacia los venezolanos.
Si son ya enormes las magnitudes que vamos entreviendo de los recursos que de modo abierto y encubierto dispusieron los gobiernos de Chávez y Maduro para sus proyectadas alianzas y relaciones estratégicas, mucho más grandes son las del daño hecho a la seguridad del país en todos sus registros: desde la alimentaria y la ciudadana, hasta la jurídica y la nacional en el más clásico sentido.
Así no era como se debía aprovechar la posibilidad que el gobierno de Venezuela tuvo de cooperar y ser genuinamente solidario, sin renunciar a proteger los intereses de los venezolanos y de la institucionalidad del Estado.
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