EMILIO NOUEL V.
"No se me
puede seguir prohibiendo la entrada a la casa
de mi vecino
si éste está matando a sus hijos con un hacha"
Joseph Roth
Nunca
estará de más recalcar la idea de la legitimidad que tiene todo ciudadano del
mundo de pronunciarse libremente sobre la situación de los derechos humanos en
cualquier país, sea hombre de a pie o político.
Es
un deber moral reivindicar ese derecho inalienable, que, además, está
consagrado de manera formal por la normativa internacional, y en consecuencia,
garantizado en los Estados miembros de la comunidad mundial.
Por
tanto, no tiene fundamento válido alguno condenar a los que desde más allá de
las fronteras político-territoriales, impugnan conductas gubernamentales
reñidas con los principios democráticos.
Recientemente
visitó nuestro país un grupo de senadores brasileños, alarmados, y con razón,
por lo que está sucediendo aquí.
La
persecución reiterada por razones políticas y en violación de las más
elementales garantías constitucionales, no ha podido ser ocultada más.
Las evidencias golpean las conciencias de la región y el planeta. No sólo
los políticos del país vecino, sino también prestigiosos e imparciales entes
internacionales gubernamentales y privados han podido constatar el estado
deplorable que los DDHH en Venezuela exhibe. El arduo trabajo que desde hace
varios años ha realizado la oposición democrática venezolana, haciendo conocer
esta gravísima situación, al fin, ha logrado cosechar frutos. Las dudas, el
desconocimiento, las incomprensiones y la propaganda gubernamental que minaron
esa labor difícil, afortunadamente, han sido disipadas en casi su totalidad. La
mentira, como siempre, tiene las patas cortas.
Los
que critican a los extranjeros, para el caso, los senadores brasileños, que
vinieron a comprobar in situ en qué condiciones están las víctimas del gobierno
autoritario venezolano, lo hacen echando mano del mantra demodé soberanista.
Éstos, o no comprenden el mundo sin fronteras que estamos viviendo en esa
materia o sólo intentan disimular su consentimiento soterrado frente a
violaciones flagrantes a los derechos fundamentales que tienen lugar en nuestro
país.
Obviamente,
para los gobernantes tiránicos la soberanía es un resguardo bajo el cual
cobijarse. Según ellos, nadie que no sea venezolano tendría derecho alguno para
opinar o actuar sobre los desmanes que perpetran los que han destruido el
Estado de Derecho venezolano, que lo han vaciado de sus contenidos
democráticos. El que lo haga será tildado de entrometido o de cualquier
cognomento denigrante.
De
allí que el recurso al chantaje soberanista sea lo típico en los déspotas y sus
tontos útiles, los que tienen en aquel principio anacrónico un burladero
perfecto para ponerse a salvo de la mano de la justicia, que ya no es
exclusivamente nacional.
Todo
el que reconozca el derecho de los extranjeros a criticar las arbitrariedades
del gobierno propio será convertido, automáticamente, en traidor a la patria.
Como si los maltratos, torturas, detenciones ilegales, juicios amañados y en
fin, los delitos de lesa humanidad en general, fueran sólo de la incumbencia de
los nacionales de un país.
Los
DDHH son valores universales superiores. Frente a ellos no existe, jurídica y
moralmente, poder estatal o nacionalidad que los desconozca o anule sin
consecuencias. En este campo tampoco caben los relativismos absurdos. La
dignidad humana es una, y el respeto a ella trasciende las fronteras. La ley no
escrita de Antígona, como diría André Glucksman, concede el derecho a
intervenir mediante la opinión, la ayuda, las presiones políticas y
diplomáticas, y en los casos muy graves, la fuerza.
Desafortunadamente,
tirios y troyanos en nuestro país, siguen manteniendo una visión aldeana,
desfasada, en esta materia de la soberanía, y no son pocos los que sucumben al
chantaje señalado.
El
filósofo Michael Walzer, a quien he citado en otra ocasión, lo ha dicho
acertadamente: “los principios de independencia política e integridad
territorial no son un escudo para que se refugie la barbarie”.
La
presencia de los senadores brasileños en Venezuela está ajustada no sólo a los
valores democráticos, también a expresas normas internacionales, las de las
Naciones Unidas, la Carta Democrática Interamericana y los Protocolos de
Ushuaia de Mercosur.
Enarbolar
el principio soberanista en esta situación es abiertamente inmoral.
Emilio
Nouel V.
@ENouelV
emilio.nouel@gmail.com
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