viernes, 18 de marzo de 2016

LA TRANSICION DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA Y SUS AMENAZAS

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     NATALIA BRANDLER


El mensaje es muy claro: el régimen de Nicolás Maduro no respetará la soberanía popular que se expresó el 6-D, porque para Maduro y el chavismo las elecciones son válidas solo si las ganan y mientras no impliquen la pérdida de su control de la política nacional.
El gobierno se ha apartado sin disimulo de las reglas democráticas y está transitando de un modelo “autoritario competitivo” a uno claramente autoritario, pues en la medida en que ha perdido los votos es menos competitivo y no puede legitimarse ante la opinión pública y la comunidad internacional a través de procedimientos electorales formales. De allí que ha optado por acentuar los aspectos autoritarios de su gobierno con el fin de mantener el monopolio del poder. Maduro, ha concentrado más poder en manos del Ejecutivo, y en manos de los militares y está arbitrariamente implantando reglas para impedir una transición democrática. 
Es cierto que la situación presente tiene características particulares: el régimen ha perdido una gran parte de su legitimidad a nivel internacional y ya no cuenta con la misma cantidad de recursos. El país está a punto de default y de un desastre humanitario lo que ha profundizado la crisis política del gobierno de Maduro. Pero ante esta situación, en lugar de buscar soluciones concertadas y bajar la presión política, ha emprendido un camino inconstitucional con visos radicales para seguir imponiendo un modelo históricamente fracasado.
¿Estamos ante una transición democrática? Para precisar, debemos preguntarnos si la oposición tiene capacidad de resistir y de ampliar sus espacios de poder y eventualmente lograr una enmienda, ganar un referendo y las elecciones presidenciales y así abrir el tránsito hacia la democracia, o si las acciones del Ejecutivo en alianza con los militares lograrán su objetivo de imponer y prolongar un régimen abiertamente dictatorial.
No hay que perder de vista que los intereses vitales del régimen, bienestar económico e impunidad legal, están altamente en riesgo, forzándolo a colocarse en posiciones radicales y de fuerza para aferrarse al poder. Su supervivencia política depende de su capacidad y voluntad de reprimir a sus oponentes. Mientras tenga control sobre la represión, impedirá cualquier iniciativa de la oposición o la suprimirá por la fuerza. Para ello necesita contar con la lealtad y la unidad de los organismos de seguridad y los militares bajo su comando. También depende de su capacidad de movilizar recursos financieros. Con este fin, Maduro sigue la estrategia de concentrar aún más estos recursos, en particular los provenientes de la renta petrolera. En este sentido, recordemos que las leyes de Contribución Especial Petrolera y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, promulgadas en 2012 por el presidente Chávez vía habilitante, le dan al Ejecutivo un poder económico sin control ni de la Asamblea Nacional ni del Banco Central de Venezuela. Además, al Fonden y los fondos pactados con China se transfieren recursos que son manejados de manera discrecional por parte del presidente, al igual que los préstamos en líquido que ha recibido de Suiza a cambio de transferir toneladas de oro a bancos de ese país y que solo el Ejecutivo administra. El régimen sabe que su futuro depende del control absoluto de los recursos financieros y seguirá haciendo todo cuanto esté  a su alcance para mantenerlo. Cuba cuenta con eso.
La reciente creación de Camimpeg, la empresa para explotación petrolera y minera dirigida por el ministro de la Defensa, Padrino López, considerada una fachada para proteger los activos de Pdvsa fuertemente comprometidos, demuestra que el cuerpo armado es parte del Ejecutivo y que la empresa es un mecanismo para darle oxígeno a Maduro con el fin de intentar llevarlo hasta el final de su período, en 2019. Darles a los militares la posibilidad de manejar el negocio petrolero es asegurar: 1) que al Ejecutivo le sigan entrando recursos para tratar de mantenerse en la presidencia, 2) que la facción militar que lo sostiene lo siga apoyando y 3) que sus aliados cubanos sigan recibiendo divisas y petróleo.
Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder a pesar de su débil capacidad de liderazgo y a pesar de la oposición de amplios sectores del PSUV, gracias al apoyo del gobierno de Cuba y a su alianza con la facción militar presuntamente involucrada en negocios lícitos e ilícitos.  Si sumamos a esto el control total sobre el TSJ, un aparato de inteligencia cubano y un aparato de terrorismo de Estado incrustados en las instituciones que será difícil de desmantelar, vemos que el Ejecutivo aún posee importantes recursos de poder que utiliza para intimidar y amenazar a los líderes de la oposición, al sector privado y a la prensa libre y para favorecer a sus leales.
Es importante recordar que en julio de 2008, el presidente Chávez decretó la reforma la Ley Orgánica de las FAN, incorporando un cuerpo de leyes que retoman el concepto de un componente armado al servicio del proyecto político. A estas se le agregó el término de “Bolivariana” y se creó además el quinto componente: la Milicia Nacional Bolivariana, no contemplada en la Constitución, que depende directamente del presidente de la República a través del Comando Estratégico Operacional y actualmente constituida 1.500 grupos de militantes del PSUV, la mayoría entrenados en Cuba que ocupan todas las parroquias a nivel nacional, que están al servicio de la revolución y a la que el ministro de la Defensa, general Padrino López, acaba de ordenar dotarla con armas más poderosas para enfrentar las supuestas conspiraciones internas y externas. La Milicia Bolivariana es un ejército paralelo, el “pueblo en armas”, copia del modelo cubano. No podemos afirmar que la institución militar en pleno apoye al régimen, lo que sí es notorio es que sin el apoyo del Alto Mando Militar y el de los comandantes de divisiones de los cuatro componentes al presidente y al PSUV a cambio de privilegios, no sería posible torcer el rumbo constitucional y democrático del país.
Por supuesto, la nueva Asamblea Nacional está jugando un importante papel, el del retorno de la libertad de expresión, del debate plural y público y el de la lucha por los principios democráticos. Haciendo equilibrio, lleva al mismo tiempo una agenda legislativa y una política para lograr el cambio democrático, pero su propuesta de luchar en varios frentes de forma simultánea muestra cuánta dificultad hay para lograr una vía unitaria efectiva. La gente comienza a desesperarse ante la pesadilla de la cotidianeidad en Venezuela y exige a la oposición mayor liderazgo político preguntándose de qué sirve el camino de las leyes cuando no pueden ni aplicarlas ni hacerlas respetar pues las únicas reglas las impone el gobierno. Esto hace que sea imprescindible y urgente que la MUD, más allá de los caminos que pueda transitar para lograr la transición, logre mantener el apoyo de la población que votó por ella el 6-D, entre ellos un gran porcentaje de chavistas desencantados, lo que requiere una concertación con muchos actores sociales, políticos y económicos. Debería seguir el consejo de Lech Walessa, de que necesita apoyarse en los trabajadores para lograr el cambio. Allí reside su mayor recurso de poder, en el de los venezolanos que votaron por un cambio y que deben ser movilizados para lograr una resistencia efectiva.

(*) Natalia Brandler, PhD, es la directora del Groupe d'études politiques sur l'Amérique latine (GEPAL) en Francia.

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