domingo, 19 de marzo de 2017

DE SANCIONES Y BLOQUEOS

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                               ELSA CARDOZO

EL NACIONAL

Ante el nuevo informe del secretario general de la OEA sobre la situación venezolana no han faltado análisis sobre los procedimientos a seguir en la OEA y diversas estimaciones sobre el futuro de sus recomendaciones en el Consejo Permanente y, eventualmente, en una Asamblea General Extraordinaria. Lo que quizá no se ha enfatizado lo suficiente es que la Carta Democrática no es un invento ajeno, sino un compromiso que el gobierno venezolano suscribió en representación de los venezolanos y con cuya aplicación ha estado de acuerdo cuando se ha tratado de defender el mandato de presidentes (Perú, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Ecuador, Paraguay y la propia Venezuela). Es más, inconforme con la máxima sanción hemisférica de suspensión, desde 2010 nuestro gobierno apoyó que los protocolos democráticos regionales –del Mercosur, la Unasur y hasta el de la nunca consolidada Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños– contemplaran un amplio espectro de medidas que perfilan un verdadero bloqueo político y económico en perjuicio de todo el país y no solo del gobierno sancionado. Basta leer la lista de acciones previstas en el compromiso democrático de la Unasur, que aparte de la suspensión contempla cierre de fronteras, promoción de la suspensión en otros foros y de los derechos o beneficios de la cooperación internacional, así como “sanciones políticas y diplomáticas adicionales”.
El caso es que la Carta Democrática Interamericana –más centrada en gestiones diplomáticas que en su muy limitado repertorio de sanciones– no se refiere solo a la defensa de gobiernos democráticamente elegidos amenazados por golpes de Estado, sino muy especialmente a la protección de los ciudadanos ante gobiernos que escudados en su origen electoral ejercen el poder violando condiciones esenciales para la vida democrática. Condiciones que todos los países del hemisferio americano definieron de forma precisa y aceptaron proteger al firmar esa carta hace quince años. Es esta situación la que aqueja a Venezuela, en medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida de los venezolanos en todos los registros imaginables, que provoca cada vez más preocupación internacional y alienta iniciativas de apoyo y presión para una solución democrática electoral acordada entre los venezolanos, como enfatiza el texto de Almagro.
Tanto las recomendaciones del informe presentado el año pasado por el secretario general de la OEA como las recién difundidas se orientan a la recuperación de la vida democrática fundada en el cumplimiento de lo establecido en la Constitución. Nada de lo propuesto la ofende sino que la defiende: llamado a elecciones, liberación de presos políticos, establecimiento de un canal de asistencia humanitaria y respeto a la separación de poderes.
El punto más fuerte de las recomendaciones es que si no hay pronta convocatoria a elecciones se acuerde la suspensión de la participación en la OEA, pero también que continúen las medidas de sanción por corrupción y narcotráfico. Es este último un termómetro a observar en las próximas semanas, prestando especial atención a las respuestas del gobierno y si tienen algún eco entre los otros miembros de la OEA.
Por lo pronto, no hay a la vista bloqueos internacionales de la OEA ni de ningún país, como los que en mejores tiempos para la Alianza Bolivariana se promovieron en los nuevos foros regionales para defender a algunos presidentes. El que sí está a la vista hace rato es el bloqueo que está produciendo la negación gubernamental a rectificar para atender las necesidades y los derechos de los venezolanos.

elsacardozo@gmail.com

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