CARLOS TABLANTE
En diciembre de 2015, Nicolás Maduro ordenó a los militares que
regresaran a sus cuarteles. No solo no pudo concretar esa orden sino que
dos años después termina por entregar a esos mismos militares el
control de lo que faltaba: Pdvsa.
Los militares, o más bien la cúpula militar que sostiene a Maduro en
el poder, ya controlaba las áreas más sensibles de la economía: Las
finanzas públicas, la importación de alimentos y la administración de
las empresas expropiadas, entre otras.
La incorporación de miembros de la FAN a la gestión de gobierno fue
una política iniciada por Chávez hace 17 años y continuada por Maduro –
con mayor ímpetu aún debido a la debilidad de su liderazgo – a pesar
del rotundo fracaso de los militares en lo económico, en lo social, en
materia de seguridad y en otros sectores fundamentales.
A toda esta situación se unen hechos ilícitos cometidos por efectivos
militares en materia de corrupción (sobornos), fundamentalmente en las
aduanas, en el contrabando de gasolina, cabillas, medicinas, alimentos y
el tráfico de drogas, así como en el cobro de “vacunas” a personas
necesitadas de cruzar las fronteras.
Es la élite de la FAN – conductora del partido militar – quien
controla la administración pública, ejerce dominio total del país, con
resultados absolutamente deprimentes, como lo evidencia la grave crisis
económica y social que actualmente padecemos. Es el actor político con
la mayor suma de poderes, lo que le ha servido a sus miembros para
aprovecharse de los recursos públicos y acumular grandes fortunas.
Cerca de dos mil militares entre activos y retirados, han sido
ministros, vice ministros, directores generales, superintendentes,
presidentes de instituciones públicas, gobernadores y alcaldes, entre
otros cargos.
Los resultados están a la vista y se evidencian en la desesperación
de los venezolanos: En el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y
Paz, la mayoría de sus titulares han sido militares. Ninguno ha logrado
ejecutar un plan de seguridad que disminuya los altos índices
delictivos, que han colocado a Venezuela en primer lugar en América
Latina en número de homicidios.
El Ministerio de Finanzas ha tenido tres ministros miembros de la
FAN. De este despacho depende la Superintendencia de Bancos y la Oficina
Nacional del Tesoro. Esta última, con un notorio dominio militar, tuvo
protagonismo en la crisis financiera de 2009-2011, dado que los bancos
llamados “enanos” – en manos de boliburgueses y testaferros de altos
funcionarios – sin contar con la solvencia necesaria, recibieron
millonarios depósitos del Estado, con la complicidad del tesorero de la
nación, el teniente Alejandro Andrade. Así negociaron notas
estructuradas, bonos de la deuda pública, fideicomisos y hasta créditos
con empresas fantasmas. También adscrita a este ministerio estuvo la
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), con mucha presencia
militar en cargos de dirección, desde donde asumieron el control del
sistema cambiario, mediante desbordadas prácticas de corrupción. Aún
está pendiente investigar el gran saqueo que sufrió el país, denunciado
en nuestro último libro, reconocido hasta por los ex ministros Giordani y
Navarro a través de un entramado de empresas-fantasma y de la
manipulación con el diferencial cambiario.
En el ministerio de Alimentación: Seis altos oficiales han ejercido
el cargo. Venezuela hoy sufre un severo desabastecimiento de alimentos
básicos que, combinado con la hiperinflación producto de la desastrosa
gestión económica, ocasiona muertes por desnutrición todos los días, en
especial, de niños.
En el ministerio de Salud: Cinco miembros de la FAN han sido sus
superiores, uno también en la presidencia del Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales. La crisis hospitalaria y la terrible escasez de
medicamentos, junto con el tema de la alimentación, tienen al país
sufriendo una profunda crisis humanitaria que debe ser atendida con
urgencia.
El ministerio de Industrias Básicas y Minería, del cual dependen la
Corporación Venezolana de Guayana, que a sus vez integra las empresas
básicas, en su mayoría están dirigidas por militares que las llevaron a
un total desastre por incapacidad gerencial y hechos de corrupción.
Empresas como Sidor, Venalum, Alcasa, Carbonorca, Bauxilum, Ferrominera
del Orinoco y Minerven, entre otras, fueron llevadas a la quiebra por la
incapacidad y la corrupción de la casta militar.
Por si esto fuera poco, Maduro les entregó también el último tesoro
de Venezuela: la explotación del oro, los diamantes y el coltán, a
través del denominado Arco Minero.
A ésto se suma el control de los negocios con las importaciones del Estado a traves de Corpovex y el general Giusseppe Yoffreda.
Esta semana, Maduro puso al frente de Pdvsa al General de la GNB
Manuel Quevedo quien ya anunció que incorporará más militares en puestos
de mando de la Pdvsa roja-rojita de Ramírez, en medio de un proceso de
total desorden e ineficiencia, producto de la corrupción generalizada de
la empresa estatal.
Con absoluta complicidad, Maduro también nombró al general Carlos
Osorio como ministro de Transporte, a pesar de las gravísimas denuncias
que existen en su contra y del voto de censura de la Asamblea Nacional a
raíz de una investigación sobre su gestión al frente de la importación
de alimentos, cuestión que también le reportó la sanción del
Departamento del Tesoro de EEUU.
Estamos ante un autócrata que todo lo condiciona al apoyo de la FAN.
Maduro necesita permanentemente de la élite militar que, sumada al
Tribunal Supremo de Justicia, que funciona como su bufete personal, y
también a la ilegítima ANC, utilizada para violar la Constitución
sistemáticamente y de manera grotesca, son los únicos soportes que le
quedan, en medio del contundente rechazo del pueblo.
El camino para la recuperación del país es la movilización unitaria y
la organización social en la calle, exigiendo el cumplimiento de la
Constitución y la realización de un diálogo auténtico que debe incluir,
además de la urgente ayuda humanitaria que reclama el país, la
liberación de los presos políticos y la realización de elecciones
presidenciales en 2018 con un nuevo CNE, con garantías y sin
inhabilitados, ni encarcelados, ni perseguidos.
@TablanteOficial
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