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Leyes del poder popular buscan anular a la iniciativa privada

ROBERTO DENIZ | EL UNIVERSAL

martes 14 de diciembre de 2010

Las bases institucionales del "socialismo del siglo XXI" están echadas. Sólo tres años después del rechazo popular a la reforma constitucional, buena parte de aquellos supuestos reaparecen como leyes gracias a los representantes del psuv en la Asamblea Nacional (AN).

Tras la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Popular y la Ley Orgánica de las Comunas, apenas resta sancionar la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Contraloría Social, y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal -al cierre de esta edición se realizaba la segunda discusión en la AN- para que el modelo impulsado por Hugo Chávez sea realidad.

"Este es el intento de montar un Estado paralelo a la fuerza, un Estado comunal", señaló Isabel Pereira, directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).

Aseguró que se trata de un "paquete comunista" e "inconstitucional" que en el plano económico supondrá el desplazamiento definitivo de la iniciativa privada por parte del Gobierno nacional.

"Es un ataque al corazón de la empresa privada, van a arruinar y estatizar a más empresas privadas".

La Ley Orgánica del Poder Popular funciona como una especie de marco de las otras cuatro. Allí está definido el Estado comunal y los rasgos económicos de ese régimen.

"La economía comunal permite a las comunidades organizadas la constitución de medios para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal a fin de satisfacer las necesidades colectivas y realizar la reinversión social de los excedentes".

Adicionalmente, en la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal se establece como uno de los objetivos centrales la consolidación del esquema de producción socialista "basado en la propiedad social, orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista y dirigido a satisfacer las necesidades crecientes de la población a través de nuevas formas de generación así como de reinversión social del excedente".

Aunque Pereira cree que se trata de un modelo "inviable" y que la teoría se estrellará con la realidad, aseveró que el costo, especialmente para los trabajadores, será alto porque supondrá el cierre de empresas y la reafirmación de un único patrón: el Estado.

Se cerró el cerco
Para Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la actuación de los diputados del Psuv a sólo tres semanas del fin de su legislatura es el paso final del "cerco" que desde hace años el Gobierno nacional ha tejido sobre los empresarios privados.

"Siempre hemos dicho que aquí ha habido un cerco y las leyes completan ese cerco. Todas estas leyes son inconstitucionales y no expresan la voluntad popular".

El directivo también afirmó que la validación de aspectos como las comunas y la propiedad social es una "reinterpretación" de derechos contemplados en la Carta Magna.

"Con esto se ratifica la intención del Gobierno de sustituir un régimen económico de mercado, consagrado en la Constitución, por un régimen colectivista, socialista".

Según Maldonado, las consecuencias de esa nueva institucionalidad se palparán en la acentuación de los males de la economía, tal y como ha ocurrido en los últimos años. "Por este camino seguiremos con una economía en franco deterioro".

Más inflación y dependencia de las importaciones, menos creación de empleo formal y compañías "constantemente amenazadas" son algunos de los elementos que anunció como posibles resultados del nuevo marco jurídico.