A la par TSJ rechazó 2 acciones similares contra funcionarios chavistas
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Por órdenes de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, deberá abrirle una investigación al gobernador de Miranda y precandidato presidencial del partido Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, para determinar si este incurrió en los delitos de estafa y corrupción.
La instrucción la giró la jefa del máximo juzgado en el fallo número 12 del Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena, en el cual admitió a trámite la solicitud de antejuicio de mérito que el dirigente chavista Gersón Pérez interpuso contra el mandatario regional en septiembre de 2009.
El Ministerio Público, una vez que reciba el expediente, deberá verificar si los señalamientos que Pérez realizó contra Capriles, de entregarle contratos a empresas propiedad de sus familiares, tienen algún sustento. En caso de que eso sea así, Ortega Díaz, como jefa del organismo, podrá solicitar al TSJ el enjuiciamiento del gobernador y en el supuesto de que la mayoría de los 32 magistrados lo autoricen entonces éste quedará suspendido de sus funciones hasta que un tribunal penal ordinario determine su inocencia.
El gobernador se defiende
Capriles Radonski, a través de su cuenta en Twitter, rechazó el pronunciamiento del máximo juzgado y afirmó que el mismo es una demostración del "miedo" que hay en el Gobierno "al futuro, a que construyamos una Venezuela para todos por igual como lo estamos haciendo en Miranda".
El mandatario regional también negó los señalamientos de Pérez en su contra y, por último, acusó al chavismo de querer "crear zozobra, incertidumbre al pueblo, no hay antejuicio ni juicio porque no hay caso. Lo único que nos ocupa es seguir trabajando".
Llama la atención que ayer mismo el TSJ también anunció que su presidenta desechó dos peticiones similares contra el ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami; y contra el gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño.
La demanda contra el encargado de la seguridad interior del país la interpuso en 2009 el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y Morales la rechazó bajo el argumento de que el accionante había perdido interés en ella, pues la misma había permanecido inactiva por más de un año.
Por su parte, la acción contra el gobernador Briceño fue rechazada bajo el argumento de que el delito del que le imputaba Jacinto Ramírez (difamación) había prescrito.
La resolución contra el gobernador mirandino se produce justo en medio de la polémica desatada por la decisión de la Directiva del TSJ, que encabeza Morales, de otorgarle una asignación, de 10 mil bolívares adicionales a su sueldo, a cada uno de los 32 magistrados
Los fondos adicionales fueron entregados para compensar a los miembros del organismo rector del Poder Judicial por la disminución, del más del 50%, en sus ingresos que sufrieron a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Emolumentos, Jubilaciones y Pensiones de los Altos Funcionarios del Estado.
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