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La Ley Especial para la Regulación de Costos y Precios

ÁNGEL GARCÍA BANCHS | EL UNIVERSAL

lunes 18 de julio de 2011

El Gobierno promulgó la Ley Especial para la Regulación de Costos y Precios debido a una razón política: la necesidad de insistir en su argumento de que la culpa de la inflación está en el sector privado, y no el Gobierno, lo cual es incorrecto (detrás de la inflación están los desórdenes fiscales y monetarios, la indexación salarial, los traspasos al Fonden y, en general, la fallida política económica de las autoridades). La consecuencia de la ley será un mayor desabastecimiento, cuando los precios no cubran los costos de producción. En vez de fomentar la competencia como medio para regular la tasa de ganancia y la distribución del producto social, el Gobierno nacional ha preferido siempre desalentarla, no sólo estatizando, e imponiendo controles, sino, también, expropiando y confiscando.

Ningún gobierno está en la capacidad de determinar la distribución primaria del ingreso entre salarios y beneficios. Resulta imposible separar las decisiones de producción de la distribución del ingreso. Y, todo control del Gobierno que impida el aumento de precios en presencia de incrementos en los costos obliga al empresario a disminuir la producción no por razones políticas, sino financieras; además, todo acto de coerción gubernamental, que obligue a las empresas a producir a pérdidas, disminuye en el corto plazo la capacidad de autofinanciar la inversión real y, por tanto, de mantener (y expandir) la producción.

Las poblaciones crecen y, por ende, la producción también debe hacerlo. Pero, aun en el supuesto negado de que las poblaciones no creciesen, el simple hecho de mantener la producción requiere que los precios permitan por lo menos recuperar los costos y financiar la reposición de equipos y maquinarias en depreciación. El problema de los controles gubernamentales es que sólo los empresarios manejan la información necesaria para fijar los precios a aquel preciso nivel que garantiza al menos el mantenimiento de la producción. De allí que la ignorancia gubernamental cause desabastecimiento.

En base a la experiencia reciente, las empresas forman sus expectativas de ventas para el período en curso, estiman el salario y productividad de sus empleados, la tasa de cambio y de interés para tasar sus costos unitarios, y producen las unidades que esperan vender, más lo necesario para poder mantener un nivel óptimo de inventarios (e.g. 2-3 meses). Luego, si crece la demanda y capacidad utilizada, de existir condiciones de rendimiento y riesgo favorables a la producción (un mínimo de seguridad jurídica, una tasa de cambio no sobrevaluada, etc.), las empresas invierten para reponer maquinarias deterioradas, comprar nuevos equipos y poder expandir la producción.

Finalmente, determinados sus ingresos y costos esperados, planes de dividendos, necesidades de financiamiento, y otros, las empresas fijan sus precios en función de un marcaje sobre sus costos de producción. Es este marcaje el que determina los beneficios que el Gobierno tanto desea combatir, porque no entiende que son necesarios para absorber pérdidas en tiempos difíciles y poder financiar la inversión a la hora de crecer.