Los precios "justos" no se logran amenazando a los empresarios con la FAN, la policía y las comunas
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El último invento del régimen para detener la "conspiración" de los malvados capitalistas que pretenden lucrarse con los bienes y servicios que fabrican o prestan es la Ley de Precios y Costos Justos, que busca determinar los precios "justos" a partir del establecimiento previo de los costes reales en los cuales el fabricante o el comerciante incurren durante la fase de fabricación del producto o de diseño del servicio prestado. Se alcanzó el desiderátum que Jorge Giordani, profesor de planificación centralizada durante décadas, buscaba: acumular toda la información que permita anticipar el futuro y dominarlo para que no se salga del cauce.
Una de los rasgos fundamentales de los comunistas consiste en que se mueven inspirados por visiones maniqueas y conspirativas. La realidad se arma según los deseos de un grupo de gente que maneja unos hilos invisibles y los manipulan a capricho para decidir hacia dónde debe marcharse. Si esos buenos señores son socialistas, es porque fueron atraídos por la llama del altruismo, y entonces el mundo avanzará en la dirección justa. Por el contrario, si creen en la economía de mercado, portan el virus del interés egoísta, y, en consecuencia, lo que toquen estará plagado de taras.
Con este prejuicio en mente el Gobierno aprobó la nueva ley, que le da continuidad a la Ley del Indepabis y a la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, previamente sancionadas. Esta batería de instrumentos -junto al control de cambios, al control de precios, al control de las tasas de interés y al resto de la larga lista de regulaciones ejercidas sobre la economía-, ha pretendido someter la inflación y la supuesta especulación que evapora el ingreso de los venezolanos. El resultado de todos estos mecanismos intimidatorios y punitivos ha sido muy distinto al esperado. La realidad no se ha adecuado al ritmo, ni a la dirección que el Gobierno autoritario deseaba imprimirle.
Los controles y regulaciones asfixiantes han creado incentivos negativos y desestimulado la inversión privada agrícola e industrial. Los ajustes de precios burocráticos, los autorizados por el Gobierno, han resultado insuficientes y extemporáneos, la liquidación de las divisas por parte de Cadivi ha sido a destiempo, la inflación internacional, variable que el Ejecutivo no controla, se ha incorporado a la estructura de costos nacionales sin que el empresario pueda evitarlo.
El Gobierno ignora y desprecia la experiencia aportada por los países más exitosos en el campo del crecimiento económico y la equidad social. En vez de estimular la producción y la productividad mediante el resguardo de la propiedad privada, mantiene a los empresarios particulares en continuo estado de jaque. En vez de propiciar la conformación de los precios de acuerdo con el orden espontáneo que debe caracterizar la economía de mercado, inventa reglamentos que coartan, constriñen la oferta y persiguen la "ganancia desmedida".
Aparte de esta intervención abusiva, contraviene una de las normas aprendidas por todos los gobiernos que vivieron severos procesos inflacionarios en décadas pasadas: carece de disciplina fiscal. Por un lado, acorrala la oferta de bienes y servicios; por el otro, lanza al torrente circulatorio de la economía un volumen de bolívares que no guarda proporción con la masa de bienes y servicios existentes. Al igual que todo populismo, desliga la distribución de la producción, con lo cual obtiene un resultado inevitable: inflación.
El fracaso del voluntarismo comunista resulta inocultable. Venezuela es el país con la mayor inflación del continente y con los niveles de creamiento más modestos, no obstante haber conocido el ciclo de expansión de los precios petroleros más largo del que se tenga memoria. La falla reside en los controles compulsivos y en la legislación punitiva aprobada por el régimen. Los precios "justos" no se logran amenazando a los empresarios con la FAN, la policía y las comunas, como propone Elías Jaua.
La Ley de Costos y Precios Justos es un instrumento burocrático que incita al odio de clases y al revanchismo, y que se regodea con las multas, las inhabilitaciones y los cierres. Es una ley injusta y sádica. Este nuevo mamotreto se traducirá en consecuencias letales para la población más pobre, que paga esas insensateces con mayor desempleo, escasez e inflación.
Quienes piensan que las pifias del Gobierno no son meros errores, sino parte de un plan de destrucción consciente, parecen tener razón.
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