ANTONIO LÓPEZ ORTEGA
El Nacional
La Constitución de 1999 incluyó cuatro artículos sobre derechos culturales. Uno de ellos abría interpretaciones y resoluciones interesantes: "La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior." La frase "incentivos y estímulos" obligaba al Estado a unas definiciones; la frase "financien planes" daba a entender que las sociedades creadoras, las instituciones culturales y las fundaciones privadas son agentes complementarios al Estado. El espíritu de la Constitución era claro: las políticas culturales no son hechura del Gobierno sino de todos los agentes sociales que hacen cultura.
La aclaratoria es oportuna porque a la luz de la veloz aprobación que se quiere hacer del proyecto Ley Orgánica de Cultura, la Constitución brilla por su ausencia. Como también brillan todos los foros y mesas de consultas que se hicieron a nivel nacional convocadas por la Comisión de Cultura. ¿Quién lee esas valoraciones? ¿Quién la sopesa? ¿Quién las incorpora? Como convidados de piedra quedan todas las instituciones y personalidades que se tomaron el tiempo de opinar y escribir. Lo hicieron finalmente para que la comparsa fuera de otros, nunca de los interesados o dolientes.
En la aprobación de los artículos que se desarrolla en la Asamblea han salido bloques completos, como el de las contribuciones especiales, que parecen diseñados en otras instancias. De esta manera, se "legisla" en Venezuela.
Al igual que en la Locti, luego en la Ley de Deportes y ahora en este prospecto nonato de Cultura, aparecen estos fondos misteriosos que nadie sabe quién administra.
El Estado que en los artículos preliminares se jacta de financiarlo y proveerlo todo, en la realidad dependerá del sector privado para ampliar su estrategia de voracidad parafiscal.
El llamado "Fondo Nacional para la Cultura" se fija con 1% de las ganancias netas. Una disposición tan confiscatoria como ésta obligará a muchas empresas a cerrar sus propios programas o fundaciones culturales para destinar los fondos al nuevo diezmo.
Si el objetivo político era matar las pocas fuentes de financiamiento cultural alterno, los ogros se ríen de su propia voracidad. Han alcanzado la mayor cumbre: contar con un solo vocero cultural, el Estado.
Este Estado que, más que actuar, tiembla, vacila, va a la deriva, dibuja su autorretrato: el de un Estado quebrado, con las arcas vacías.
Quienes legislan son los ladrones, y fácil es inventarse leyes a troche y moche que otros financiarán. Históricamente hablando, la cultura era la damisela que nadie atendía, que vivía de mendrugos, que pasaba por debajo de la mesa. En Venezuela, nunca recibió más de 1% del presupuesto nacional y, sin embargo, siempre hizo mucho más de lo que se esperaba de ella, sobre todo exhibiendo el rigor y talento de sus creadores, venezolanos probos y cabales, con una idea muy distante del mismo país que saquean sus gobernantes.
Se suponía que en la nadería, o en la inercia, o en la violencia, o en el acoso, que hemos vivido todos estos años, la cultura pasaría nuevamente inadvertida, al menos la cultura que no ha sido confiscada por el aparato estatal que muele todo a través de misiones, mega exposiciones, perros y ranas. Pero nos equivocábamos, como tantas otras veces.
La novedad consiste en que al fin quién lo diría un gobierno le ha encontrado verdadera utilidad a la cultura: un novedoso medio para confiscar fondos que terminarán en manos de los jerarcas de turno.
¡Arcadia de soñadores e iluminados: démonos palmadas en el pecho! Aunque tan sólo sea para reconocer que quien entra en nuestros predios lo hace a zarpazos.
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