Carmelo Mesa-Lago
En agosto de 2006, Fidel Castro pasó el poder a su hermano Raúl. El 26 de julio de 2007, este planteó los problemas económicos del país y advirtió que demandaban reformas estructurales. En febrero de 2008 Raúl fue elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y en abril de 2011 primer secretario del Partido Comunista. Las reformas se iniciaron en 2007, se aceleraron desde 2011 y continúan. ¿Cuál es el balance de siete años de Raúl en el poder?
Raúl ha introducido una veintena de reformas económicas de diverso tipo, orientadas hacia el mercado y las más importantes bajo la revolución.
Las reformas no estructurales (porque no cambian la naturaleza del sistema) en 2007-2008 fueron: pago de deudas estatales a campesinos, aumento en los precios de venta forzosa al Estado de parte de su producción (acopio), y venta de insumos a aquellos; permiso para el transporte privado de pasajeros y carga; supresión del tope salarial, autorización del pluriempleo, abono de parte del salario en divisas; trabajo por resultado (destajo); reforma de las pensiones que aumentó la edad de retiro en cinco años; y acceso de cubanos a hoteles y restaurantes para turistas extranjeros.
Importantes reformas estructurales (porque en algo cambian el sistema económico) introducidas en 2008-2013 fueron: entrega en usufructo de tierras estatales ociosas; cesantía de empleados estatales innecesarios; fomento de trabajos no estatales (cuenta propia, cooperativas de producción no agrícola y servicios) para ocupar a los parados; eliminación de “gratuidades” (escuela secundaria en el campo, universidades municipales); extracción gradual de artículos del racionamiento y su venta a precios de mercado a los subsidiados (la supresión total es rechazada por grupos de bajos ingresos y que no reciben remesas del exterior); reducción en gastos de servicios sociales financieramente insostenibles; autorización de compraventa de viviendas y de coches; reforma tributaria que estableció el impuesto progresivo a la renta; y mercado mayorista para el sector no estatal.
Las reformas estructurales son parte de la “actualización del modelo” acordada en el VI Congreso del Partido en 2011, pero pasaron dos años antes de que el Gobierno nombrase una comisión para definir el modelo. Sus parámetros clave fijados por el Congreso son: el plan central predominará sobre el mercado y la empresa estatal sobre la no estatal. Ese modelo de hecho fue experimentado sin éxito en algunos países de Europa Oriental antes de la desaparición del campo socialista, así como en Cuba bajo las tímidas reformas de 1975-1985.
Ese modelo fue probado sin éxito en Europa Oriental antes de la caída del campo socialista
Están pendientes una serie de cambios estructurales fundamentales, necesarios para el éxito de los ya emprendidos. Se anuncia una nueva etapa de las reformas, más completa y profunda, para el resto de 2013 y 2014, como la desregulación de las grandes empresas estatales (minería, manufactura), que prevé la reinversión y el aumento de salarios con el 50% de sus ganancias, y el cierre de aquellas que arrojen pérdidas. Estas medidas se ensayaron en Cuba en 1975-1985 para después abandonarse. Durante dos años se pregonó una nueva ley de inversión extranjera más flexible que la actual de 1995; se ha vuelto a anunciar en julio como un complemento a la inversión estatal y siempre que aporte tecnología, financiamiento, mercados y empleo.
Todo el mundo está de acuerdo en la eliminación de la doble moneda (el peso nacional —o CUP— y el peso convertible o CUC; 1 CUC equivale a 25 CUP) porque genera distorsiones en la economía y castiga a la población, a quien se paga en CUP, pero debe comprar en CUC la mayoría de los bienes de consumo; pero no hay acuerdo de cómo hacerla. Según Marino Murillo, la aplicación “puramente técnica” de la unificación provocaría un alza enorme de precios, por lo que rechaza la “terapia de choque”. También hay que unificar y fijar de manera realista la tasa de cambio. Por último, se requiere una reforma integral de precios para que estos sean reflejo real del valor, pero ello conduciría a la escalada de precios.
Las reformas están bien orientadas y han logrado mejoras, pero están obstaculizadas por excesivos controles y regulaciones, así como altos impuestos. Por ejemplo, las reformas aumentaron las ocupaciones por cuenta propia, permitieron contratar empleados sin límite, abrir cuentas bancarias, etc., pero subsisten muchas trabas: ocupaciones muy específicas y no cualificadas (los profesionales no pueden ejercer por su cuenta); cierre de tiendas de cuentapropistas en los portales habaneros; tasa del impuesto a la fuerza laboral que sube de 25% a 75% según crecen los empleados contratados, penalizando a los que crean empleo; y fuerte oposición de la burocracia frecuentemente criticada por Raúl. Las cooperativas, por ejemplo, requieren cuatro instancias para su aprobación y la decisión final se deja al Consejo de Ministros.
Las reformas políticas son menores que las económicas: liberación de más de 100 presos de conciencia; ley de migración con la salida y regreso de una veintena de disidentes; fijación de dos mandatos de cinco años para cargos en el Gobierno y el partido; campaña contra la corrupción con más de 300 funcionarios y empresarios procesados, reconocimiento de la persistente discriminación racial y sexual y nombramiento de algunos representantes de ambos grupos en puestos del Gobierno y el partido; designación de miembros de una nueva generación en posiciones clave; cierta apertura a la discusión y la crítica (por ejemplo, las revistas Espacio Laical y Temas); y crítica a la burocracia y la prensa oficial. Persisten el partido único, el control y la represión de disidentes, el monopolio de medios de comunicación, los sindicatos subordinados al Gobierno y la ausencia de derechos civiles y políticos.
Hacen falta cambios estructurales que son necesarios para el éxito de los ya emprendidos
Las reformas económicas van a paso lento. En 2010 se estimó entre 1,3 y 1,8 millones el número de empleados estatales innecesarios que había que despedir; frente a una meta de un millón en 2011, sólo 365.000 fueron despedidos en 2012 por no haberse creado suficientes empleos privados. En junio de 2013 había 430.000 trabajadores por cuenta propia, pero sólo el 18% eran parados en el sector estatal. En 2012 se autorizaron 222 actividades en las nuevas cooperativas, pero en julio de 2013 apenas comenzaron 124. Se distribuyeron 1,5 millones de hectáreas a 180.000 usufructuarios, pero entre el 33% y el 54% de la tierra entregada no estaba en producción. Y se vendieron 45.000 viviendas en 2011-2012, sólo un 1,4% del total.
No hay efectos macroeconómicos positivos. Murillo reconoció en junio que las reformas no habían conducido al necesario incremento de la producción. La agrícola total cayó 5% en 2010 y 1,2% en 2012; y la agrícola no azucarera descendió 7% en el primer trimestre de 2013. La subida del PIB fue del 3% en 2012, la cuarta más baja en América Latina; en el primer semestre de 2013 se desaceleró a 2.3% frente a una meta de 3.6%. Las reformas provocan efectos sociales adversos y un aumento de la población vulnerable, pero los beneficiarios de la asistencia social se recortaron en 72% en 2006-2011.
El desempeño de Raúl en siete años en el poder muestra avances notables en la puesta en marcha de reformas económicas y, en menor cuantía, políticas. Las reformas son positivas, pero faltan varias cruciales, y las ya aprobadas van a paso lento, enfrentan obstáculos y excesivas regulaciones e impuestos que provocan desincentivos e impiden su progreso; son insuficientes para resolver los problemas acumulados en 54 años de socialismo real. Raúl ha anunciado su retiro en 2018 y le quedan poco más de cuatro años para completar las reformas, pero insiste en que no hay que apurarse. La muerte de Hugo Chávez, el deterioro de la economía venezolana y la inestabilidad política resultante de la controvertida elección de Maduro son serios riesgos que deberían ser acicates para agilizar y profundizar las reformas.
Carmelo Mesa-Lago es catedrático emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh, autor de Cuba en la era de Raúl Castro: Reformas económico-sociales y sus efectos (Madrid: Editorial Colibrí, 2012), y finalista del Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario