Trino Márquez
Desde el triunfo de la MUD el 6
de diciembre del año pasado, el TSJ ha dictado tres sentencias cruciales contra
la mayoría democrática de la Asamblea Nacional: la desincorporación de los
representantes de Amazonas, con la cual eliminó la posibilidad de que la
bancada opositora tuviese los dos tercios de la mayoría calificada, obtenida en
las urnas electorales; la reafirmación del Decreto de Emergencia Económica
rechazado previamente por el Parlamento; y el dictamen del 1 marzo que despoja
al cuerpo legislativo de todo control sobre los otros Poderes Públicos. Los
tres fallos vulneran la autonomía del Poder Legislativo y significan una clara
violación de la Carta del 99. En términos convencionales, la Sala
Constitucional mantiene en marcha un golpe de Estado seco, palaciego.
La
más grotesca de esas medidas es la última. Entre los muchos despropósitos que
contiene, la Sala Constitucional le prohíbe a la Asamblea revisar los actos de
un órgano derivado como el máximo Tribunal y pronunciarse acerca de la
constitucionalidad del nombramiento de los magistrados designados el 23 de
diciembre, entre gallos y medianoche. Los
jueces se autoaplicaron el decreto de inamovilidad laboral vigente. El Poder
que los designó, por obra y gracia de una maroma jurídica, no puede revocarlos
y, ni siquiera, emitir una opinión acerca de la legalidad de ese nombramiento. Decidieron
atornillarse a sus sillas.
¿Cuáles
son las razones del desbarro? El TSJ constituye una pieza clave de la dictadura
judicial que Nicolás Maduro trata de imponer. Necesita aplastrar la voluntad
popular desconociendo la capacidad del voto como instrumento de cambio. Prepara
el terreno para impedir que se aplique la Ley de Amnistía y Reconciliación
Nacional. No quiere ver recorriendo el país a Leopoldo López, Antonio Ledezma,
Manuel Rosales, Carlos Ortega y los jóvenes estudiantes, hoy encarcelados. Se
anticipa a la aplicación de cualquiera de los mecanismos previstos en la Carta
Magna para sustituir al primer mandatario nacional y convocar elecciones
presidenciales este mismo año.
En términos
más estratégicos, allana el terreno para aplazar de forma indefinida los comicios
de gobernadores previstos para diciembre de 2016. Evita verse rodeado por 24
mandatarios regionales opositores que le exijan rendición de cuentas y le
obliguen a transferir competencias y recursos a los Estados. Un poco más allá,
elude llegar a la elección de alcaldes, diciembre de 2017, en la cual sufriría
otra aplastante derrota y se esfumaría definitivamente esa quimera llamada
Estado Comunal. Y, de lograr esos objetivos, se propondría la meta suprema:
diferir los fatídicos comicios de 2018 en los que estaría en juego su cargo; allí
los rojos perderían todo. Sería el Apocalipsis. Al salir Maduro de la
Presidencia, el nuevo mandatario, seguramente de la MUD, gobernaría con dos
tercios de la Asamblea Nacional. La alternativa democrática tendría el poder
total. Este panorama, Maduro y su pandilla, incluidos los miembros del TSJ, lo
ven con horror. Con un nuevo jefe de Estado apoyado por amplia mayoría
parlamentaria, el TSJ no podría esconderse detrás de argumentos bizantinos.
Frente a esta
posibilidad tan cercana, los magistrados optaron por sellar su alianza con
Nicolás Maduro. Están jugándose el destino con él. En el futuro esos señores
tendrán que explicarle al país por qué se prestaron para atropellar la voluntad
popular, burlarse de la Constitución y pintar con algunos trazos de legalidad la
fachada con la que la camarilla gobernante impone su dictadura, de última
generación.
La coalición -por
razones políticas, ideológicas y pecuniarias, pues los privilegios de los que
disfrutan los magistrados son enormes- entre el TSJ y Maduro parece indestructible.
El porvenir de unos está atado al del otro. Maduro se encargó de que esos nexos
fueran inconmovibles. Para salir del Presidente hay que cambiar el TSJ; y al
revés.
Se corre el riego
de que, a partir de ahora, los ciudadanos no le encuentren sentido a participar
en nuevas elecciones popular y recurrir al voto como expresión de la voluntad
de cambio. Este cuadro tan complejo y delicado solo puede modificarse con
presión popular, único lenguaje que entiende el régimen. El reto es cómo
desatarla y canalizar el enorme descontento de la gente, respetando la paz,
valor democrático fundamental.
@trinomarquezc
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