Enfrentando una creciente presión internacional y el resquebrajamiento dentro de sus propias fuerzas, el gobernante Nicolás Maduro parece haber abierto una “Caja de Pandora” al iniciar lo que ahora es visto como un autogolpe de Estado, empujando a Venezuela a una etapa de definición de la que emergerá un gobierno de transición o un régimen de corte castrista mucho más radical y opresivo.
Por el momento, el dictamen pronunciado esta semana por el chavista presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, que otorga al organismo las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, luce como un error de graves consecuencias.
El anuncio condujo a una ola de protestas internacionales que colocó al gobierno de Caracas en de la casilla de regímenes indefendibles y creó fisuras muchas más profundas dentro del chavismo.
“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución […] lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en un pronunciamiento brindado por una pieza importante del chavismo que sacudió los cimientos de Venezuela.
Según fuentes cercanas al chavismo, la decisión del TSJ fue tomada unilateralmente por el ala procastrista del régimen, y en particular por la primera dama Cilia Flores, quien es uno de los elementos más radicales de ese sector y quien nombró a Moreno como presidente del TSJ.
La medida sorprendió a otros sectores del chavismo que no fueron consultados y que tienen sus dudas sobre el proceso de radicalización que se ha trazado el ala procastrista, que contempla una radicalización del régimen ante el deterioro de la situación interna del país.
“Se equivocaron”, opinó una de las fuentes.
Fuera del ala radical, “la motivación de muchos de quienes les han estado respaldando ha sido, “tener dinero y mantener el estatus quo dentro del país”. Pero son pocos entre ellos los que quieren vivir en Cuba o quieren vivir en una Venezuela, con las características de Cuba, explicó.
Uno de los elementos de esa estrategia de radicalización es la suspensión de futuras elecciones.
Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma Interamerican Trends, dijo que los planes de radicalización provienen de La Habana.
“Eso lo hicieron en Caracas bajo una recomendación de la asesoría de la isla, que trágicamente para ellos, no son los más calificados para manejar una situación como la que está enfrentando el chavismo”, dijo De La Cruz.
“El mundo de hoy ya no tolera las dictaduras abiertamente declaradas”, dijo De La Cruz, al explicar que el éxito que ha tenido el chavismo en las últimas dos décadas se debió en gran parte a que había sido muy cuidadoso en evitar que se le asignará formalmente el sello de dictadura por la comunidad internacional.
“Y eso se terminó anteayer”, dijo De La Cruz.
La recomendación cubana había sido aislarse y tornarse mucho más represivo para sostenerse en el poder. Pero la fórmula es difícil de cuajar en este momento, y la comunidad internacional no lo va a aceptar.
Tampoco lo van a aceptar muchos dentro del chavismo, dijo De La Cruz.
“Ahí salió la fiscal, y ella se pronunció a favor de la institucionalidad. Y eso fue una señal muy importante”, comentó. “Es un llamado para de los otros sectores del poder para que se pronuncien a favor de la institucionalidad”.
El pronunciamiento del TSJ también está alterando la correlación de fuerzas dentro del plano internacional, y particularmente dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), agrupación que el martes se reunió para discutir la grave situación en Venezuela.
Miguel Ángel Mirabal, vicepresidente del Venezuelan American Leadership Council, dijo que ahora es mucho más probable que los países miembros de la OEA se muestren dispuestos a respaldar la solicitud del secretario general de la organización, Luis Almagro, para aplicar la Carta Democrática Interamericana para atender la crisis venezolana.
“Lo del TSJ cambió el juego”, dijo Mirabal. “Si antes eran 20 los países miembros que estaban dispuestos a tratar el tema, ahora, con esta ruptura del hilo constitucional”, se van a conseguir los votos de 29” de los 33 países miembros.
Almagro solicitó el viernes por la mañana una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la OEA para tratar el autogolpe. La solicitud recaerá bajo la nueva presidencia de ese consejo de Bolivia, país que es uno de los más cercanos aliados del régimen bolivariano.
Pero Mirabal dijo no creer que Bolivia pueda bloquear esa reunión.
“No puede, podría entorpecerla. Podría exigir una rigurosidad extrema en el trámite de la reunión. Pero no puede detener la convocatoria”, explicó, antes de agregar que la reunión de emergencia podría ser realizada en pocos días.
Siga a Antonio María Delgado en Twitter: @DelgadoAntonioM.
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