FERNANDO MIRES
Llámenlo como lo llamen - golpe al parlamento, golpe blando, golpe seco, golpe incruento, golpe de estado, golpe en el estado - lo cierto, lo evidente, lo claro, es que el gobierno de Nicolás Maduro y el grupo que lo rodea, llevó a cabo, apoyado en un TSJ -cuyos miembros fueron elegidos a dedo por el propio gobierno- un golpe a todo el pueblo venezolano. Hecho que solo encuentra algunas similitudes con el “fujimorazo” del 1992 en el Perú, delito que Fujimori todavía paga con cárcel.
Lo que no esperaba el grupo que rodea a Maduro, camarilla que gobierna autonomizada del propio partido de gobierno, fue el imponente rechazo de la OEA, de la gran mayoría de los gobiernos y parlamentos latinoamericanos, de los EE UU y de la UE. Tampoco contaban con la disposición unitaria de la mayoría de los partidos de la MUD para defender a la Asamblea. Ni con la impresionante actitud del presidente de la AN, Julio Borges, quien haciendo uso de la dignidad de su cargo, llamó a la ciudadanía a las calles a defender a su único organismo de representación: a esa Asamblea que ha llegado a ser el parlamento del pueblo.
La declaración hecha por la fiscal general de gobierno, Luisa Ortega Díaz, bautizando como inconstitucional la atrocidad cometida por el grupo civil-militar de gobierno a través del TSJ, sorprendió a todo el mundo. No importan por el momento las razones por las cuales la señora decidió dar paso tan importante. Sea por el arrepentimiento de una persona que ve confrontada la esencia de su profesión, sea por una maniobra buscada por Maduro para -a través de la fiscalía general- retroceder ante la avalancha de protestas nacionales e internacionales, lo cierto es que el chavismo ya no puede ocultar las profundas grietas que lo atraviesan. Si esas grietas llegan hasta las FAN, es por el momento sospecha o hipótesis. Pero quienes conocen a la fiscal, aseguran que ella nunca va a dar una batalla sola. Las palabras de su texto no dejan duda, además, de que están dirigidas a una fracción en el poder. Probablemente a las mafias que controla Diosdado Cabello. Dijo Ortega Díaz:
“En recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”
El gobierno, si todavía tenía alguna gota de legitimidad, después de las declaraciones de la fiscal terminó por perderla dentro de sus propias filas. Maduro, o quienes actúan en su nombre, aunque ahora lleve a cabo -dicho en su jerga- un “retroceso táctico”, buscaba despojar al pueblo de su soberanía. Ese es el hecho objetivo. El 30-M tuvo lugar un intento de crimen de Estado.
Vanos y grotescos serán los intentos realizados por Maduro y el Consejo Nacional de Defensa para desmarcarse del golpe al pueblo. Basta recordar que pocas horas antes de que Maduro comenzara a dar muestras de tardía rectificación, dos testaferros del mismo Maduro, Aristóbulo Istúriz y Hermann Escarrá, habían ya justificado el golpe con argumentos seudopolíticos y seudojurídicos. El primero acusando de golpista nada menos que a la AN (¡!) El segundo postulando una ridícula teoría de acuerdo a la cual el TSJ es entendido como un poder supraestatal.
Algunos políticos latinoamericanos y europeos se manifestaron sorprendidos por el golpe. No así quienes han seguido con atención la línea del régimen, entre ellos, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Para quienes conocen la historia reciente de Venezuela, la inhabilitación de la AN fue solo el acto final de un proceso que comenzó cuando el régimen declaró la nulidad del revocatorio (RR16), alternativa introducida en la constitución por el propio gobierno de Chávez. El segundo paso golpista fue la negativa del gobierno Maduro a convocar a las elecciones regionales del 2016. La inhabilitación de la AN, o tercer paso, no fue más que la consecuencia lógica de los dos primeros pasos.
En otra palabras, el golpe al pueblo no fue realizado de repente sino en tres capítulos: El robo del referendo revocatorio (RR), la supresión de las elecciones y las inhabilitación de la AN. El del 30-M fue entonces el resultado de un golpe progresivo y planificado. Eso significa para la oposición que ninguna promesa de dialogo puede ser aceptada si el gobierno no restituye el curso constitucional dando rápido curso a todas las elecciones previstas. Pero no elecciones como promesa vacía o vaga, sino con calendario en mano y con fechas muy precisas e impostergables. Sin prontas elecciones, la AN, institución fundada sobre las elecciones, continuará siendo una institución proscrita aunque Maduro y sus secuaces hagan un simulacro de rectificación.
Si la oposición accede a un diálogo sin previa existencia de una condición tan elemental como es la celebración de elecciones libres, no solo cometería un acto de torpeza como ocurrió durante el diálogo que siguió al robo del RR. Sería, además, un acto de abierta colaboración con el régimen dictatorial.
Un proceso democrático, para que exista, debe ser pacífico, constitucional y electoral. Ruta que, por lo demás, no impuso la oposición a la ciudadanía sino la ciudadanía a la oposición. La prueba es que, hasta ahora, los grupos ultrarradicales y los grupos colaboracionistas continúan siendo, dentro de la oposición y en todo el país, absolutas minorías.
Elecciones ahora y ya. No hay otra salida para la oposición. Para el gobierno, quizás, tampoco.
Nota: estas líneas han sido escritas sobre la marcha de acontecimientos que se precipitan hora a hora. Tienen, por lo mismo, un carácter y un sentido provisorio. Ya vendrán los tiempos en los cuales podremos desarrollar teorías con más precisión, profundidad y calma.
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