CARLOS TABLANTE
Independientemente de las dudas razonables que despierta la actuación hasta ahora del Ministerio Público, la Fiscal dijo el pasado viernes que se había producido una ruptura del hilo constitucional con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia.
Sus palabras constituyen una grave acusación a los magistrados que las aprobaron.
Las consecuencias de esta afirmación de la doctora Ortega Díaz deberían ser el inico del enjuiciamiento de los responsables del grave delito contra el orden constitucional, del cual no escapa el propio presidente Maduro.
La Fiscal tendría que iniciar un proceso de calificación de la falta grave del delito cometido ante el Consejo Moral Republicano y paralelamente iniciar el ante juicio de mérito para concretar la acción penal contra los magistrados.
Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, que ya había declarado nulo el nombramiento express de los magistrados, debe debatir hoy martes la sistemática violación por parte del gobierno de Maduro, con el aval del TSJ, a la vigencia de la Constitución, limitando las potestades del poder público mas representativo de una democracia, el verdadero poder popular, representado en el parlamento por los diputados que obtuvieron 14 millones de votos.
La OEA, a pesar del boicot del gobierno de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, aprobó un llamado al restablecieminto del orden legal y constitucional, a la liberación de los presos políticos, la realización de elecciones y la apertuta del canal humanitario para enfrentar la crisis de falta de alimentos y medicinas y el desbordamiento de la violencia y la inseguridad.
Luego de la constatación de la ruptura del hilo constitucional no valen arrepentimientos. Hay que pagar la pena del gravísimo delito cometido.
La violación a la Constitución ha sido sistemática. Sin duda, lo dicho por la fiscal pone en evidencia las ansias ilimitadas y la ambición de poder de la élite madurista que pretendió implantar una dictadura en toda regla sin ninguno de los disimulos acostumbrados.
La declaración de la fiscal general, la inmediata y contundente reacción nacional e internacional, y de alguna manera también el elocuente silencio de la FAN, obligaron al TSJ a rectificar, con algunos matices, el contenido de las sentencias. Sin embargo, el golpe a la Constitución ha sido continuado y permanente.
Los partidos validados a pesar de las trampas del CNE tienen ahora la oportunidad y la obligación de articular una conducción política consistente y coherente para evitar un derramamiento de sangre y negociar la salida electoral a la grave crisis del país.
Frente a la voluntad popular que exige cambio, Maduro responde tratando de disolver a la Asamblea con un autogolpe en complicidad con el TSJ. Desde que el pueblo le dio la mayoría a los parlamentarios de la Unidad, el régimen no cesa de atacar para atornillarse en el poder. Por eso su bloqueo al referendum y a las elecciones regionales. Sabe que su derrota será mucho mas contundente que la del 6 de diciembre de 2015.
Cuando publicamos Estado Delincuente en 2013 tuvimos dudas con el título. La realidad lo ha justificado con creces. El Estado de lo ilegal, la corrupción política y la impunidad se han tragado al Estado de Derecho.
Maduro reculó y calificó de “impasse” su intento de autogolpe. Los venezolanos estamos claros que no fue un “error” del TSJ sino una orden de Maduro que, como tantas otras, le salió mal porque subestimó al pueblo de Venezuela.
¿Qué hacer? Es el momento de combinar calle y diálogo para lograr restablecer el Estado de Derecho y la plena vigencia de la Constitución. Con calle no nos referimos a la marcha final sobre Miraflores. La calle es mucho más que una marcha. Calle es que en cada rincón del país los venezolanos exijan el respeto de la Constitución y los derechos humanos: acceso a la alimentación, medicinas, seguridad personal y libertad de opinión.
Continuemos perseverando unidos en la presión institucional y de calle para que la AN ejerza plenamente sus competencias y se logre el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución; en la presión internacional para que el régimen respete los derechos humanos y libere a los presos políticos. Pero sobre todo, debemos perseverar en la unidad para que juntos logremos que se realice la consulta electoral que nos permita construir con la fuerza de todos un gobierno de Unidad nacional.
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